Sanz y la eurorregión: aislarse de Europa para aislarse de «los vascos»

La globalización es un artilugio del que todo el mundo habla, pero que raramente se entra a definir y acotar. De manera que es habitual utilizar el mismo término para referirse a realidades diferentes, lo que es causa de malentendidos y hasta desencuentros. Yo diría que el problema no está tanto en el proceso en sí, como en su gestión, caracterizada por la ausencia de normas, tras la ofensiva liberal de los ochenta. Ya nos vamos enterando de a qué conduce el mercado cuando se confía ciegamente en él o se le encomiendan funciones que es incapaz de realizar.

La globalización ha venido siendo las dos últimas décadas el pretexto más socorrido —por todos los gobiernos, pero singularmente por los conservadores—para justificar amputaciones del Estado del Bienestar y recortes de derechos o prestaciones. También ha servido como excusa para, por ejemplo, flexibilizar el mercado de trabajo hasta convertirlo en una jungla de explotación inclemente o reducir la fiscalidad a —qué sorpresa— las rentas más altas y las procedentes del capital. La dichosa globalización deviene, pues, en el talismán que todo lo puede o la coartada que todo lo justifica. Pero, curiosamente, hay límites para el fetiche. Al menos, cuando conviene al poder. Un ejemplo flagrante y sangrante es el de la migración. Ahí no hay globalización que valga y, mientras se eliminan barreras económicas o se crean zonas de libre comercio, se levantan muros (no sólo legales, también físicos) a las personas. El caso de Estados Unidos con México es un ejemplo. El de España con Marruecos, otro. El lehendakari Sanz nos ha obsequiado recientemente con otro más, relacionado con la eurorregión Aquitania-Euskadi-Navarra.

Desde los mismos albores de las sociedades organizadas, una de sus características más conspicuas es la tendencia a la aglomeración, tanto de la población como de la actividad económica. Surgen así las ciudades, que se van articulando en redes jerárquicas, según su tamaño y la importancia de las funciones que en ellas se desarrollan. La globalización exacerba el proceso y la inserción de un territorio depende de sus características concretas y de su situación en relación con los ejes de comunicaciones, que vertebran el territorio global. Uno de los resultados de esa evolución —a menudo olvidado por los diseñadores de políticas económicas— es que las actividades susceptibles de desarrollarse en una zona concreta dependen de la ubicación de ésta en la jerarquía. Las ciudades desempeñan en este contexto un papel fundamental, puesto que son el medio de conexión de su entorno con el resto del mundo. Lo local pasa a relacionarse directamente con lo global, al tiempo que el ámbito estatal pierde importancia en lo económico y se configura de forma creciente como un ámbito meramente político.

Pues bien, en Europa existe una área, denominada el Pentágono y delimitada aproximadamente por Londres, París, Hamburgo, Fráncfort y Milán, donde se concentran los principales centros de decisión económica, tecnológica y, también, política del continente, constituyendo, por tanto, uno de los núcleos de poder mundiales. El resto de Europa define su situación actual y, sobre todo, sus expectativas, según su grado de perifericidad (discúlpese el palabro) respecto de esta área. Perifericidad que sólo parcialmente está relacionada con la distancia y que tiene que ver con la capacidad tecnológica, el sistema educativo, la calidad de las infraestructuras económicas y sociales o los flujos económicos. Ese núcleo central cuenta con un enorme atractivo para las actividades más avanzadas, que sólo en fases posteriores se irán difundiendo, en un proceso muy selectivo, hacia otras áreas o regiones. Para compensar esas tendencias centrípetas son necesarios núcleos de entidad suficiente que se conviertan, a su vez, en centros de generación o atracción de actividades avanzadas. Una Europa policéntrica es imprescindible para asegurar ese desarrollo armónico que se proclama como objetivo del proceso de unión europea desde sus mismos inicios.

Así llegamos a Navarra, una región semiperiférica que ha tenido un buen comportamiento los últimos veinte años y cuenta con algunos elementos favorables, pero cuya dimensión la relega a un puesto muy secundario en la jerarquía europea. Se suele apelar con cierta frecuencia (en una muestra más de ese chauvinismo autocomplaciente que tanto abunda) a la privilegiada posición geográfica de Navarra. Pero la propia Estrategia Territorial de Navarra (ETN) es consciente de la debilidad de tal posición y de la necesidad de conectar el territorio navarro con los principales ejes de comunicaciones. Además, reconoce, en su diagnóstico, la existencia de un núcleo de cierta relevancia, articulado en torno al eje formado por Bilbao y la eurociudad San Sebastián-Bayona, en el que podría integrarse Pamplona (y, por tanto, Navarra); núcleo bien conectado con el eje Burdeos-Toulouse y con el propio Pentágono. Frente a eso, constata la falta de continuidad en el resto de las fronteras navarras, hacia Soria y Aragón. Francia ha dejado bien claro una y otra vez, además, que la vía de paso occidental, tanto por carretera como por ferrocarril, desde la Península Ibérica, es Irún. A ello hay que añadir la intensidad de los flujos (de todo tipo, pero también económicos) entre Navarra y la Comunidad Autónoma Vasca. Todo apunta al interés estratégico para Navarra de tener presencia institucional —y, por tanto, intervenir activamente— en la configuración de ese espacio.

Frente a esa realidad, se impone un dogmatismo político de campanario con pretensiones seguramente de uniformización ideológica y, por tanto, de perpetuación de un sistema de apropiación y control del entramado institucional navarro, renunciándose quizá a buena parte de las posibilidades de futuro de Navarra o empeorando las expectativas, cuando son ya demasiados los signos de agotamiento del modelo económico de Navarra, basado en la atracción de capitales foráneos, mientras no se vislumbra un recambio y la actuación pública va dando palos de ciego. Toda economía está de alguna forma integrada en otras de nivel superior (salvo las áreas marginales, y ello constituye para ellas un grave problema). Le guste o no le guste a Miguel Sanz, será muy difícil cambiar una tendencia con cimientos demasiados profundos. Lo relevante es si se quiere estar ahí decidiendo o como invitado de piedra, asumiendo las consecuencias de decisiones adoptadas por otros y según su conveniencia.

No es muy alentador el balance de Sanz ahora que se respira el aire enrarecido y pasota de los finales de reinado: desnaturalización de la autonomía y capacidad de decisión de Navarra; deterioro visible del sistema de prestaciones sociales y de su calidad; utilización del presupuesto público con fines clientelares y tics cortijeros en la administración de la cosa pública foral; y, ahora, supeditación de los intereses económicos y sociales de Navarra a sus propias fobias políticas, culturales y personales. Miguel Sanz ha encarnado mejor que nadie el espíritu que impregna la famosa frase: si se hunde el mundo que se hunda, Navarra siempre p’alante. El problema es que el mundo no se hunde y Navarra recula.

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Educación, ¿para qué? ¡Que piensen otros!

Uno de los tópicos más socorridos por políticos, planificadores y analistas es el de la importancia de la educación y la investigación. No hay plan, propuesta, acuerdo o negocio político que se precie que no contenga el consabido panegírico de tales categorías. Otra cosa es la práctica. Diríase que hemos llegado a un punto en que lo que cuenta es generar un titular o un discurso de veinte segundos, sin que importe lo que venga detrás, su contenido real y su efectiva plasmación práctica. Quizá es que hemos pasado ya de la democracia de audiencias a una democracia (o lo que sea) de titulares o de propósitos, en la que sólo importa su mera enunciación.

Con la crisis económica las apelaciones a la importancia de la educación y la innovación se intensifican, y con fundamento. Está claro que la crisis tiene causas estructurales cuya superación cuenta ahí con dos de sus pilares básicos. Así, en uno de esos golpes de efecto que constituyen la seña de identidad de su gobernar sincopado, el voluble e ineficaz Zapatero anunció una ley de economía sostenible que iba a ser, cómo no, la base para un cambio de modelo económico. Como si eso fuera tan fácil y dependiera únicamente de una volición normativa. Y reconociendo, de hecho, que de poco han servido sus años de gobierno para avanzar en esa dirección, cuando pretende hacerlo tarde y mal. Pero al descender al prosaico y árido nivel de los hechos, de los números, el panorama es otro. Así, se pretende nada menos que reformar el sistema universitario por completo, sin poner un euro; y se reduce drásticamente el presupuesto dedicado a I+D (sin olvidar que una parte de su contenido consiste en gasto militar cuyos beneficios, para colmo, se cosechan, en algunos casos, allende las fronteras).

En Navarra ocurre otro tanto, agravado por ese empecinamiento, ya idiosincrásico, contra cualquier forma de ilustración que parece caracterizar la gestión de la cosa pública foral, al que se une, en el actual contexto de crisis, la desidia, el desconcierto y la negligencia, quizá por efecto de una cada vez menos disimulable estulticia. Así, en 2009 la partida de educación se congeló (aunque con tratamiento diverso para la enseñanza pública y la concertada). Dentro de ella, la de la Universidad Pública se redujo un 15%. Mientras tanto, el presupuesto de obras públicas se incrementó en torno a un 20% (el de cultura menguó en un 20%, aunque teniendo en cuenta cómo lo administra su titular —saqueos arqueológicos y viajes en helicóptero— igual hasta es una medida de buen gobierno).

No es propio de una sociedad avanzada, en época de retroceso económico, fiarlo todo a la obra pública. Más bien suena a reyno bananero o a improvisación cortijera. Y, además, sin explicaciones convincentes. Por ejemplo, estaría bien conocer la razón última del enorme dispendio del Reyno de Navarra Arena (con perdón). Porque es una obra innecesaria y de dudosa rentabilidad social. ¿Qué parte del gasto a realizar se queda o revierte en Navarra? ¿Y de qué manera? ¿Alguien se ha puesto a calcular cuántos años podría funcionar una Facultad pública de Medicina con el coste de esa obra? (es lo que la teoría económica denomina coste de oportunidad).

Para 2010 se anuncia una nueva vuelta de tuerca. El lehendakari Sanz ya dio un aviso en la apertura de curso de la UPNA: del Gobierno no hay que esperar nada. Si la Universidad necesita dinero, que lo busque en otro sitio. Tanta rotundidad no debe sorprender en alguien que considera que la UPNA no es su Universidad. Pero es la de la sociedad navarra, aunque le pese a Sanz. Esa exigencia revela, además, su ignorancia. Porque el contexto jurídico en que se desenvuelve la actividad universitaria limita las posibilidades de acceso a la financiación externa y, con todo, la UPNA ocupa puestos destacados en lo que a captación de fondos se refiere (la ignorancia o el desconocimiento que el Gobierno de Navarra tiene de la Universidad se ha visto en las discusiones acerca del presupuesto y la pretensión gubernamental de que la Universidad se apropiara de los fondos de proyectos de investigación, que son de propiedad y uso exclusivo de los equipos de investigación, por más que se depositen en cuentas de la UPNA).

El Gobierno de Navarra ha anunciado su intención de mantener para el próximo año la misma asignación presupuestaria a la UPNA que en 2009. Lo que puede parecer una congelación es, en realidad, un nuevo golpe a la institución, puesto que supone de hecho una reducción de ocho millones de euros de remanentes utilizados en 2009 y que ya no están disponibles. Por tanto, el presupuesto se reduciría de hecho en torno a un 16%. Todo ello después de haber soportado estos años atrás recortes severos y haberse enfrentado a la imposición de una operación como la ampliación a Tudela, sin que su coste haya tenido el reflejo correspondiente en la aportación gubernamental. No deja de ser paradójico que mientras el alcalde de Tudela reclama nuevas titulaciones para el campus de esa ciudad, la UPNA quizá se vea pronto en el brete de cerrarlo a causa de la asfixia económica a que la ha llevado el partido del señor Casado. ¿Y si la Universidad, pongamos por caso, se viera obligada a cerrar sus instalaciones durante las vacaciones de Navidad para ahorrar calefacción? ¿A nadie se le caería la cara de vergüenza? ¿Cuándo se va a enterar más de uno de que una universidad es algo más que un colegio con mucho césped?

Decía un famoso profesor de la Universidad de Stanford que «una industria fuerte e independiente debe desarrollar sus propios recursos intelectuales en ciencia y tecnología. La actividad industrial que depende de capacidades importadas e ideas de segunda mano no puede esperar ser más que un vasallo que paga tributo a sus señores y está condenada permanentemente a una posición competitiva inferior». No hace mucho, Paul Krugman argumentaba que la posición de los Estados Unidos en el mundo ha tenido mucho que ver con la educación pública, mientras achacaba parte de los males que ahora aquejan al país a la restricción del gasto público, y singularmente el educativo, que se ha impuesto en los últimos treinta años. Según Krugman,«la educación hizo grande a Estados Unidos». Para el Gobierno de UPSN, parece ser que el retroceso educativo, científico y tecnológico de Navarra esconde, a juzgar por el empeño con que lo procuran, algún tipo de grandeza. Igual esperan que a ellos les vaya mejor. Pero ¿se merece la sociedad navarra —la de hoy y, lo que quizá sea más importante, la del futuro— que se maltrate a su Universidad de esta manera?

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Canícula foral

Hay épocas del año particularmente propicias para perderse por andurriales en los que no es fácil acceder a la prensa habitual, especialmente la más cercana. La ausencia de información resultante tiene también sus ventajas. Además de ser un ejercicio higiénico, a la vuelta, al repasar la hemeroteca, se ven los acontecimientos con más desapego y dosis mayores de sorna y hasta escepticismo; también es más fácil extraer lo fundamental, así como apreciar con mayor nitidez las posiciones relativas de los distintos medios y su manera de informar, pero también de desinformar, manipular y hasta definir pautas, que de todo hay.

Dos circunstancias han marcado el verano y explican la deriva de los acontecimientos: en primer lugar, la crisis interna de UPN, que en parte es consecuencia de la traumática ruptura con el PP, pero que va más allá tras el dedazo de Sanz; en segundo lugar, una grave crisis económica a la que el Gobierno de Navarra no sabe cómo enfrentarse, porque carece de recursos, de ideas, de reflejos y hasta de entusiasmo. Esperando que las cosas se arreglen por sí solas (¿dónde están las promesas de pleno empleo de hace sólo unos meses?), Miranda y Sanz, perplejos y apesadumbrados, intentan capear el temporal sin una política económica digna de tal nombre, mientras el mundo se desmorona para muchos miles de personas, abocadas al desempleo y la frustración, sin que haya manera de saber cosas tan elementales como la evolución de la recaudación o el nivel de endeudamiento, uniéndose a la incapacidad la falta de respeto.

Como queda mal que este contexto presida el devenir informativo del verano —época en la que, además, escasean las noticias— se trataba de sacarse artefactos de la manga para entretener al personal y hacer olvidar los problemas propios —quizá más graves de lo que se pretende aparentar— o los que, siendo generales, se agravan por la propia incompetencia. El truco es antiguo: buscar un enemigo exterior o un mono de feria al que sacudir sin contemplaciones. Que elijan a Nafarroa Bai no es nuevo y hay muchas razones para ello. La principal, que es la única oposición real en Navarra. Aunque esta vez la campaña ha sido particularmente intensa y desabrida con andanadas inusitadamente virulentas (que ya es decir), en las que la escasa calidad de la munición se intentaba suplir incrementando los efectivos. Ellos sabrán a qué viene tanto nerviosismo.

La excusa ha sido el brutal retorno de ETA y los medios, qué raro, la condena del terrorismo y la obscena manipulación e instrumentalización de las víctimas. Y si no basta con UPN o el PSN para dirimir quién es demócrata o quién es terrorista, ya está la AVT decidiendo quién cumple la ley y quién no, o quién es cómplice de ETA. Habrá víctimas que, individualmente, se sentirán cómodas por esa instrumentalización que se hace (a través de partidos políticos y organizaciones) de ellas, allá cada cual con su ideología. Pero echándose como colectivo en brazos de la extrema derecha y atacando a quienes, siendo demócratas, están sin dudas, sin fisuras y sin nada que reprocharse, en contra de la violencia y así lo manifiestan, hacen un flaco favor a la ingente y necesaria tarea de lograr que toda la sociedad sienta las víctimas como propias. No ir del brazo de la AVT o no caer en las trampas saduceas de UPN no significa apoyar a ETA. Bailar el agua a UPN o ir del brazo de la AVT puede contribuir a empañar el respeto a las víctimas y someterlas a intereses espurios para conseguir fines igualmente bastardos. Porque no nos engañemos, en toda esta operación lo que menos importa es ETA o las víctimas. La prioridad no es otra que destruir a un adversario político que incomoda a todos.

La posición de Nafarroa Bai es irreprochable y éticamente mucho más próxima a lo que debe ser una condena que los textos propuestos por UPN. UPN (también el PSOE) ha apoyado en multitud de ocasiones textos distintos en foros distintos y nadie se rasga las vestiduras. Incluso ha votado textos que se exceden de las competencias del órgano en que se proponen o van contra la misma ley, como cuando se pretende decir a los jueces cómo han de juzgar y qué sentencias han de imponer, o fijar el régimen penitenciario de los condenados por terrorismo. La obligación de UPN, como partido mayoritario, es buscar el consenso. Lejos de eso, procura el disenso y cultiva el enfrentamiento para obtener réditos políticos. Así, los comunicados de condena se van volviendo más y más prolijos. ¿Alguien duda de que si se acepta lo que hoy se propone, mañana se tratará, pongamos, de la Virgen del Pilar y pasado mañana de la monarquía, de Santiago Matamoros o de cualquier otra cosa que a UPN le parezca inasumible por Nafarroa Bai?

El espectáculo dado en Berriozar (comunicado de la AVT incluido) va en la misma línea, con el concurso inestimable esta vez de algún paracaidista con ansias desmedidas de protagonismo que parece sufrir lo que podríamos denominar el síndrome del papable (consecuencia de entrar en el cónclave como papa y salir como cardenal). Berriozar no es sino un episodio más (al que seguirán otros en las próximas semanas) de una estrategia global de desestabilización de aquellos municipios gobernados por Nafarroa Bai, emprendida por UPN al día siguiente de las últimas elecciones municipales y a la que terminó por sumarse el PSN, con cierto retraso pero no con menos entusiasmo (meritoria tarea, ser el báculo de la derecha). Esa es la realidad, que ni tiene que ver con el terrorismo ni con las víctimas, que aparecen en el escenario sólo a causa de la impudicia y la falta de escrúpulos de algunos para servirse de ellas, organizando una demostración de fuerza a su costa que, para colmo, se saldó con un rotundo fracaso.

Mientras tanto, las tensiones internas de UPN revelan algunos detalles curiosos que hacen del partido una versión reducida, pero no menos áspera, del PP. Empecemos con Barcina. Ocurre a menudo que el autoritarismo se confunde con capacidad de liderazgo o de gestión. Pero tener mal carácter o no consentir la discrepancia no tiene nada que ver con la capacidad de gobierno, aunque fue considerado un mérito a la hora de ser digitalmente ungida por el Caudillo como nueva presidenta del partido. ¿Y qué ocurre cuando Barcina se enfrenta a un problema de enjundia en su propio equipo municipal? Nada. Se va de vacaciones, deja que el asunto se pudra y pospone la decisión todo lo posible. Ni más ni menos que la estrategia de Rajoy desde que está al frente del PP.

En cuanto a Sanz, pasado el momento solemne del relevo, parece llevar bastante mal lo de su jubilación. No se resiste a seguir ejerciendo como presidente del partido, impidiendo que hable precisamente quien tiene ahora esa responsabilidad o marcando pautas y estableciendo criterios. No parece atraerle el papel de reina madre que le correspondería en la nueva coyuntura (tampoco está mal que te vayan a tocar la gaita todos los días). Lleva el mismo camino que Aznar. Igual hasta tiene ya, también, su Murdoch foral para llenar sus ocios jubilares.

Barcina como Rajoy. Sanz como Aznar. Eso sí, todo acomodado a la idiosincrasia foral. Falta, para darle el picante que la situación demanda, nuestra Aguirre particular. En cualquier caso, el alboroto va apoderándose de UPN, incapaz de contener las tendencias centrífugas y la derecha navarra parece encaminarse al batiburrillo que fuera en otro tiempo (y que, en realidad, nunca ha dejado de ser): de momento ya hay tres siglas en la derecha navarra (cuatro, según se mire).

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El sueño de la sinrazón produce monstruos: la Iglesia católica y sus problemas con el sexo

Estos días se ha hablado mucho de las declaraciones de Cañizares que, recordemos, ya no es simplemente un ordinario diocesano, sino miembro de la estructura de gobierno de la Iglesia católica, una especie de ministro de la única dictadura (subtipo monarquía absoluta y teocrática) que subsiste en Europa. Cañizares comparaba el ejercicio del derecho al aborto por parte de muchas mujeres (allí donde pueden ejercerlo, que no es el caso de Navarra) con la bárbara conculcación de derechos de menores por parte del clero católico irlandés, en una macabra versión del tradicional «y tú más» con que se suele pretender tapar las vergüenzas propias, ante la evidencia palmaria de que la Iglesia lleva siglos regando de víctimas los campos en los que ha ido sentando sus reales.

Las declaraciones de Cañizares han coincidido con otra joya que la Iglesia ha tenido a bien regalarnos, de la mano de Alfa y Omega, un semanario de la diócesis de Madrid, gobernada con mano de hierro por el fundamentalista Rouco. En su número 643 (28 de mayo de 2009), aparece un texto —firmado por su redactor jefe, Ricardo Benjumea— que, para apreciar en todo su esplendor, creo necesario reproducir completo.

La violación, ¿fuera del Código Penal?

Nada más lejos de mi intención que frivolizar con la violación. Pido disculpas a quien así lo ha entendido. La cuestión es: reducido el sexo a simple entretenimiento, ¿qué sentido tiene mantener la violación en el Código Penal? ¿No debería equipararse a otras formas de agresión, como si, por ejemplo, obligáramos a alguien a divertirse durante algunos minutos? ¿Por qué tanta disparidad en las condenas?

No es demagogia. Hay movimientos recientes en esa dirección. En marzo, en una decisión sin precedentes, el Consejo de Ministros concedió el indulto parcial a un violador, cuya condena a 12 años, ratificada por el Tribunal Supremo, se redujo a cinco años. El condenado es un joven homosexual, bien relacionado con círculos progubernamentales de la industria del espectáculo, que asaltó a otro joven en los lavabos de una discoteca. Sus tres cómplices fueron favorecidos por la Secretaría de Prisiones, de la Generalidad de Cataluña, en otra decisión sin precedentes: obtuvieron el tercer grado, y pudieron abandonar la cárcel tras sólo 8 meses de condena.

Cuando se banaliza el sexo, se disocia de la procreación y se desvincula del matrimonio, deja de tener sentido la consideración de la violación como delito penal. Ése es el ambiente cultural en el que vivimos, y, sin embargo, la inmensa mayoría de españoles consideraría una aberración que se sacara la violación del Código Penal, aunque, a sólo cien metros, uno tuviera una farmacia donde comprar, sin receta, la pastillita que convierte las relaciones sexuales en simples actos para el gozo y el disfrute. Esa hipotética indignación es un motivo de esperanza, porque demuestra que la deshumanización de la sexualidad, que promueve el Gobierno, todavía no ha llegado a un punto de no retorno.


Sabíamos que la Iglesia actual, controlada por su sector más integrista, es poco sensible a los problemas sociales y se siente particularmente ajena a cuanto afecta a la mujer, salvo para minusvalorarla o relegarla a un papel vicario en la sociedad y en la propia Iglesia. La literatura católica está llena de perlas relacionadas con esta cuestión, respecto de las cuales no cabe aducir su obsolescencia, porque la Iglesia se nutre —en su visión dogmática e inflexible de la vida— de la verdad revelada y del argumento de autoridad, ambos inmutables por definición. Cuesta mucho entender el proceso mental que puede llevar a escribir un texto así, como no sea algún tipo de perversión que escapa a mi mente pecadora y a mi espíritu disoluto. Pero sí que me sugiere dos consideraciones.

La primera es que los fundamentalistas católicos parecen cultivar algún tipo de sadomasoquismo que les lleva a concebir el placer sexual inextricablemente vinculado al dolor. Sólo así se entiende la continua equiparación en el texto de la violación con la diversión: «¿No debería equipararse a otras formas de agresión, como si, por ejemplo, obligáramos a alguien a divertirse durante algunos minutos?», «la inmensa mayoría de españoles consideraría una aberración que se sacara la violación del Código Penal, aunque, a sólo cien metros, uno tuviera una farmacia donde comprar, sin receta, la pastillita que convierte las relaciones sexuales en simples actos para el gozo y el disfrute».

La segunda es que, enlazando con una posición bien instalada en la carcunda y que cuenta con el glorioso precedente de la famosa y malhadada sentencia de la minifalda, parecen asumir que las mujeres son violadas porque quieren, lo van provocando, así que será que les gusta. Y si encima se quedan embarazadas, mejor que mejor, porque así pueden permitirse el inefable placer de abortar o, al menos, de correr a la farmacia más próxima a obtener la pecaminosa píldora.

Pero este texto no es una rareza, sino más bien la sublimación de la postura oficial de la Iglesia católica acerca de la moral (puesto que de moral y no de religión hablamos). De ahí que se digan monstruosidades como que la disociación de sexo, matrimonio y procreación hacen que no tenga sentido considerar la violación como delito. Estas gentes que, seguramente para desgracia del catolicismo, marcan la posición de la Iglesia, no sólo son incapaces de entender la libertad individual, sino que les molesta su ejercicio hasta el punto de pretender, a través de su dictado a los poderes públicos, someterla a toda suerte de trabas, destiladas de su visión dogmática y disparatada de las cosas.

El texto atribuye al Gobierno nada menos que promover la deshumanización de la sexualidad. Tal exabrupto es coherente con la idea —profusamente difundida por el fundamentalismo católico— de que el sexo por el sexo deshumaniza y saca los instintos más primarios del ser humano. Pero ello es incongruente con la evidencia de que la inmensa mayoría de los animales sólo recurren al sexo para procrear. De ahí que las relaciones sexuales entre personas libres, sea cual sea su motivo, pero especialmente cuando escapan al dictado de una naturaleza animal que no hay que negar pero que no tiene por qué ser la preponderante, están entre las manifestaciones superiores y más claras de humanidad. Nuevamente detrás de esta visión del mundo late un atávico miedo a la libertad. Quién sabe, quizá el remedio consista en follar más...

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El azul es tu color

Los sondeos electorales publicados estos días coinciden —además de en el, seguramente interesado, enfoque polarizador PSOE-PP— en apuntar dos datos nada inesperados en la actual coyuntura política y social. En primer lugar, una elevada abstención, fruto de la distancia con que se contempla la Unión Europea, todavía adoleciente de un déficit democrático que la convierte en presa fácil de los tejemanejes de los gobiernos y la aleja de la opinión pública. En segundo lugar, los sondeos pronostican una victoria del PP. En este caso lo que sorprende es el margen tan escaso de ventaja. Este es el panorama general y es lo que los partidos del fáctico frente nacional (español, por supuesto) están interesados en transmitir, intentando generalizar la impresión de que todo se ventila a dos. Sea cual sea el resultado (esta semana ambos intentarán movilizar un voto negativo y resignado, azuzando el miedo a que gane el otro), es un ejemplo más de la versión posmoderna del canovismo que poco a poco van implantando: turnarse en el poder en Madrid y compartirlo en las comunidades autónomas, especialmente allí donde una parte significativa de la opinión pública puede llegar a pensar —cuánta maldad— que estarían mejor con otro marco jurídico y vital.

En la pelea en que están enfrascados los dos titanes de la españolidad, el argumentario del PP entra completamente en lo esperable: crisis, crisis y más crisis. En parte porque lo tienen a huevo. En parte para intentar hacer olvidar sus propias vergüenzas, notablemente aireadas en los últimos tiempos (tiene su gracia que las lleven al aire por pretender taparlas con trajes de diseño). Por cierto, se empeñan en contraponer la creación de empleo del período Aznar (a la cabeza de Europa, dicen) con la destrucción de la era Zapatero (igualmente a la cabeza de Europa, dicen), pasando por alto que son dos caras de la misma moneda: aquel empleo (y el que se ha seguido creando hasta 2008) era de tan mala calidad que se ha esfumado en un santiamén, dejando como única herencia una secuela de vidas rotas y problemas sociales.

La palma se la lleva en esto de la propaganda electoral el PSOE (un detalle: ¿se han fijado que la papeleta del PP es infinitamente más bilingüe que la del PSN? Es lo que tiene dividir por cero. ¿Se habrá sorprendido alguien?). Visualmente, la campaña del PSOE se basa en contraponer el rojo y el azul. Aparentemente, el azul corresponde al PP. Tiene cierta lógica, porque es su color (no ha dejado nunca de serlo). El estupor llega cuando se leen los mensajes: en rojo energías limpias y en azul contaminación; en rojo luchar contra el cambio climático y en azul negar el cambio climático; en rojo trabajadores y en azul especuladores; en rojo vencer la crisis y en azul aprovecharse de la crisis; en rojo mañana y en azul ayer; en rojo protección social y en azul despido fácil; en rojo servicios públicos y en azul negocios privados; en rojo trabajar por la paz y en azul sembrar el miedo. Sin embargo, un observador externo que manejara información fidedigna sobre el devenir de los últimos años, tendría pocas dudas en adjudicar el azul precisamente al PSOE. Y es que la campaña pasa de puntillas por el hecho clamoroso de que el PSOE lleva gobernando cinco años (ya lo vimos en el último debate en el Congreso: el discurso de Zapatero parecía el de alguien que acaba de llegar al Gobierno; confróntese con el programa electoral socialista de 2004).

Un somero repaso puede ser suficiente: la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero sólo ha sido posible por la crisis económica, es decir, se actúa como si no existiera el cambio climático (otra manera de negarlo). La economía del ladrillo ha sido fomentada por el Gobierno hasta el momento mismo de su desmoronamiento. El lema de «más ordenadores y menos ladrillo» se compadece mal con la evolución del gasto en I+D, en el que, además, sigue incluyéndose el gasto militar (en ocasiones en proyectos que ni siquiera se desarrollan en España; ¿es eso trabajar por la paz?). ¿No es despido fácil la manera en que se han esfumado cientos de miles de empleos? Zapatero bate récords por la rapidez con que ha pasado de ser un recién llegado a representar lo caduco (cierto es que si él representa el ayer, Mayor Oreja nos sumerge en la prehistoria).

La misma incongruencia se observa cuando, quizá aplicando el manido principio de que «la mejor defensa es un buen ataque», se elabora un discurso culpando de la crisis al neoliberalismo, lo que significa, según ellos, que el responsable es el PP. Y nuevamente surge la pregunta: ¿quién ha gobernado los últimos cinco años? Es tan pobre, tan elemental y tan capcioso el discurso que lleva a pensar que los avances en materias como la regulación del matrimonio o del aborto no obedecen a una intención real de progresar, sino de agitar el alma ultramontana del PP y mantener el voto movilizado con el señuelo del miedo a la ultraderecha (otro detalle más: ¿es casualidad o es puro oportunismo y corrección política que en la campaña, al insinuarse el tema de la homosexualidad, sólo se aluda a varones y se siga manteniendo a las lesbianas en el limbo de la invisibilidad?).

Claro que cuando ese argumentario es utilizado por conspicuos representantes del PSN, con su secretario general a la cabeza, la cosa se tiñe de sainete. ¿Cómo se compadece el apoyo a la construcción con el eslogan de Zapatero de menos ladrillo? ¿Será porque en España, a diferencia de Navarra, hay una «sobreoferta de demanda» (sic) de vivienda? ¿Cómo calificar el apoyo entusiasta a unas medidas que pretenden frenar la caída del precio de la vivienda? ¿De dónde van a salir los ordenadores cuando se apoya la congelación del presupuesto educativo y el recorte del de la Universidad Pública? Se predica igualdad (rojo) frente a discriminación (azul), pero ¿no están las mujeres navarras discriminadas en sus posibilidades reales de ejercitar el derecho al aborto? ¿Quién lo consiente? Se predica servicios públicos (rojo) frente a negocios privados (azul), cuando el PSN está bendiciendo una gigantesca operación de externalización, privatización y deterioro de servicios públicos esenciales. Si el PSOE hace girar su campaña electoral sin pudor y con desenfado en torno al embuste, al PSN se le podría recitar aquel lema publicitario: «el azul es tu color».

Hay otras listas, hay otras posibilidades, la diversidad y la pluralidad son mucho mayores de lo que interesadamente se traslada desde el PSOE, el PP y muchos medios de comunicación tan jacobinos como ellos. Y, desde luego, el rojo de la campaña socialista, y su contenido, no están en el PSOE.

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El Gobierno de Navarra, sus planes y las cifras de empleo

Que UPN no ha tenido realmente un proyecto económico para Navarra (más allá del engorde de determinadas rentas y beneficios, en su estilo cortijero y caciquil) es evidente. Que, quizá por eso, se ha dedicado a hacer una política económica irresponsable es, a estas alturas, una obviedad; sus desmanes pasaban sin mayor problema (y con el beneplácito de la otra pata parlamentaria del régimen, el PSN), sumergidos en la ola de la bonanza económica y el buen comportamiento de los ingresos. Que tales desmanes son muy regresivos, resultando en un debilitamiento del sistema de prestaciones sociales y perjudicando en mayor medida a las capas sociales más desfavorecidas, se empieza a ver ahora que la coyuntura es bien distinta y adversa. La intensa destrucción de empleo en los últimos meses tiene mucho que ver también con la ausencia de una política industrial digna de tal nombre, que ha relegado a Navarra a la categoría de región manufacturera, sin centros de decisión ni tecnológicos, dando lugar a la generación de empleos precarios y de mala calidad en instalaciones industriales que son meros talleres de montaje final.

Hasta aquí la historia reciente, como factor explicativo de la situación actual. Porque todos los gobiernos (ahí están las explicaciones de Rodríguez Zapatero) se escudan en la devastadora crisis mundial, que es innegable. Pero la intensidad y la forma en que afecta la crisis, así como sus consecuencias, no son invariables y dependen de las características y situación concreta de cada economía.

Lo patético ha venido después. Desatado el temporal, la actitud del Gobierno de UPN ha puesto de manifiesto que se carece tanto de ideas como de medios. El desconcierto parece ser la norma y cuando se les ocurre algo, suele ser tan elemental en su formulación y justificación que parece extraído de algún folleto de divulgación económica, hasta hacer de la actual política económica (en el supuesto de que merezca tal denominación) un extraño híbrido de keynesianismo ramplón y voluntarismo neocon.

Las acciones más llamativas son coyunturales y carecen de la necesaria reflexión sobre las bases estructurales de la crisis, además de ser discutibles en cuanto a sus efectos económicos, socialmente regresivas y seguramente innecesarias. Es el caso de las ayudas a la compra de automóviles o de televisores. El Plan Navarra 2012, por su parte, aporta escasas novedades y se limita a reunir en un mismo documento obras ya previstas y cuya responsabilidad en muchos casos ni siquiera corresponde al Gobierno de Navarra. El reciente plan de empleo, por último, consiste en subvencionar la precariedad laboral y la reducción de la calidad del empleo. Así que lo poco que se tiene para ofrecer se adoba en apariciones públicas con declaraciones extravagantes que parecen fundarse más en la histeria y el nerviosismo que en el sosiego que requiere un gobierno eficaz, hasta caer en la falta de respeto a la opinión pública. Citaré tres ejemplos.

El pasado 17 de marzo el consejero Miranda atribuyó al Plan Navarra 2012 la creación de 65.200 empleos en cuatro años (25.173 directos y 40.027 indirectos). En ese momento, el desempleo en Navarra afectaba a unas 38.000 personas. Es decir, que aunque el desempleo se despeñase por la más atroz de las pendientes, nadie podrá impedir el pleno empleo, gracias a la sagacidad y saber hacer del consejero Miranda, verdadero taumaturgo de la economía. Si, además, como ya se ha dicho, consideramos que dicho Plan apenas contempla alguna obra no prevista anteriormente, el prodigio se eleva a la categoría de milagro.

Por esas mismas fechas se presentó en el Parlamente el cuarto Plan de Empleo (firmado en febrero), un eufemismo para encubrir el regalo de casi 160 millones de euros a los sindicatos del régimen y a la CEN (es parte del precio de su apoyo a un gobierno de derechas, al que hay que sumar la medalla de oro de Navarra, la supeditación de la política de vivienda al clientelismo sindical o consentir el uso de los EREs para hacer limpieza ideológica en las empresas; ¿se ha parado alguien, antes de incurrir en semejante dispendio, en establecer la efectividad de los tres planes anteriores y el grado de cumplimiento de los objetivos en ellos previstos, si es que los había y se cuantificaron?). Con tal motivo, el consejero Roig dijo estar seguro de que el Plan situaría a Navarra en el pleno empleo (y además, con una mejora sustancial de la calidad del mismo).

El 21 de abril, se presentó un plan para fomentar el empleo (las denominaciones oficiales no son necesariamente descriptivas, sino las más de las veces volitivas, meras declaraciones de voluntad o de deseos más o menos ardientes). El consejero Roig, perseverante y contumaz en su optimismo infundado, le atribuyó la virtud de generar 10.000 empleos.

Echemos cuentas: el Navarra 2012, 65.200 empleos; el cuarto Plan de Empleo, pleno empleo; el plan de empleo, 10.000 empleos. ¿No habrán caído en la cuenta de que nos sobran 75.200 empleos? ¿Qué vamos a hacer con tanto empleo? Y de calidad. A mayor abundamiento, si con una de esas iniciativas se consigue el pleno empleo nos sobran las otras dos, con su coste correspondiente, que es de 4.533 millones. (Por no hablar de los 25.000 empleos que se quieren preservar cubriendo las pérdidas de los promotores de Guenduláin, al modesto coste de entre 90 y 200 millones). ¿De donde salen esos resultados? ¿Cómo se han obtenido? ¿Hablamos de cálculos económicos elaborados con procedimientos rigurosos o de meras ocurrencias para ofuscar al Parlamento o salir del paso en una rueda de prensa?

El baile de cifras, la desmesura de las previsiones, la desenvoltura con que se presentan las iniciativas, dan fe de la poca consideración que el Gobierno de Navarra tiene hacia la ciudadanía, a la que parece considerar capaz de tragar cualquier sapo y asumir cualquier despropósito. Si las cosas fueran bien no sería tan grave. Pero cuando el desempleo crece a un ritmo desenfrenado, cuando cada mes cientos de familias se enfrentan a sus devastadoras consecuencias y otros cientos más tiemblan ante las negras perspectivas que se abren en sus horizontes económicos y vitales, es una desvergüenza y una falta de respeto dignas de la más severa corrección. O bien todo esto no es más que un síntoma de incuria y estulticia. Que cada cual elija la hipótesis que considere más verosímil. ¿Qué tal una suscripción popular para comprar sendos ábacos a Miranda y Roig?

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Crisis y vivienda en Navarra: ¿no hemos aprendido nada?

Cuando surgen desajustes en los mercados y los precios evolucionan sin relación con la situación real, hasta un economista es capaz de predecir que terminará por darse un ajuste que lleve las cosas a términos más sensatos. Y eso ocurre de forma automática. Pensemos en el mercado de la vivienda. Los precios no han dejado de subir durante bastante tiempo. A la vez, el parque de viviendas crecía más y más. Sin embargo, todo se vendía. ¿Por qué? Simplemente porque existían expectativas de que los precios seguirían creciendo (buena parte del funcionamiento de la economía descansa en comportamientos irracionales como ese). Es la esencia de las «burbujas» (bursátiles o inmobiliarias, por ejemplo). Cuando, por diversas razones, se hace evidente que la situación no es sostenible y la gente empieza a desconfiar, se deja de comprar viviendas y se sacan al mercado las que pueda haber en stock. Aflora, pues, el exceso de oferta y los precios empiezan a caer. El ritmo puede variar. Así, los ajustes bursátiles suelen ser bruscos, mientras que los del mercado de la vivienda son normalmente más duraderos.

Hace años que era evidente un desajuste que se ha prolongado excesivamente, alimentado por la Administración y jaleado por la opinión pública. Los poderosos intereses económicos involucrados tienen que ver con ello. También la capacidad de creación inmediata de empleo del sector, aunque sea precario y de mala calidad, que es un imán irresistible para las miradas políticamente codiciosas de gestores públicos con más ambición que ideas. El resultado, un parque de viviendas desmesurado, un sector enfermizamente sobredimensionado y una enorme y obscena transferencia de rentas desde las arcas públicas y las familias más modestas a los promotores, que han estado cosechando beneficios astronómicos ligados, no se olvide, a decisiones administrativas.

Se trata de una enfermedad y como tal ha de ser tratada. Lo sensato sería dejar que la actividad se ajustara hasta llegar a una dimensión más acorde con las necesidades y los objetivos económicos y sociales. Las razones son varias. En primer lugar, la excesiva inversión en vivienda detrae recursos que podrían ser empleados en otros usos mucho más rentables económica y socialmente (es lo que los economistas llaman «coste de oportunidad»); que el gasto en vivienda se considere inversión, cosa muy discutible, ayuda a disfrazar el problema. En segundo lugar, el empleo que se genera es más volátil y de peor calidad que el de otras actividades que se podrían promocionar con los recursos destinados a la vivienda. En tercer lugar, la elefantiasis constructiva, junto a un modo de expansión urbana difuso y de baja densidad, tiene un coste ambiental desproporcionado. La intensidad y profundidad de la actual crisis tienen mucho que ver con tantos excesos.

En Navarra, sin embargo, esas consideraciones importan poco. El Gobierno de UPN está paralizado, desconcertado, tras años de políticas irresponsables que, por un lado, han echado leña al fuego de la especulación inmobiliaria y, por otro, han reducido su capacidad de actuación con el cambio de coyuntura. Pero en lugar de dejar que el mercado se ajuste y asumir sus consecuencias sobre el empleo con política activas y medidas de protección social (ese músculo social que la gestión de UPN ha convertido en piltrafa), sólo son capaces de articular medidas para fomentar el sector de la vivienda (¿para quién se va a construir si lo que sobran son viviendas imposibles de vender?) o encaminadas a aliviar los problemas financieros de los promotores, frenando la caída de precios. Es una buena muestra de quién manda en Navarra y para quién gobierna UPN. El disparate llega hasta el punto de permitir mayores deducciones fiscales para la compra de vivienda libre que protegida. Por tanto, a la regresividad (se subvencionan viviendas destinadas a grupos sociales de renta media o alta) y coste social de la medida (si se frena la bajada de precios, los más afectados serán los grupos de menores rentas y, en todo caso, habrá un ineficiente exceso de gasto en vivienda), hay que añadir su coste presupuestario en forma de gasto fiscal (menores ingresos por las deducciones). Excelente política en momentos de crisis profunda.

La justificación social de la política de vivienda decae así con estrépito y se recurre a instrumentos tradicionales (como la VPO) o se inventan otros nuevos (como la vivienda libre de precio limitado) para evitar que baje el precio. Además, se asegura a los promotores una rentabilidad mínima, puesto que los precios pasan a depender del Boletín Oficial y subirán, al menos, el IPC. Cuando los precios subían sin parar, se apelaba al mercado. ¿Cómo es que ahora se deja todo en las manos del sector público? Un primer ejemplo de lo que significa la socialización de pérdidas (y una nacionalización de hecho del sector, manteniendo la primacía de los intereses privados: se critica con acritud las ayudas al sector bancario y esto es mucho más grave).

Pero la cosa no queda ahí. Tras algunos escarceos, el Gobierno de Navarra ha hecho pública su intención de considerar seriamente la adquisición de los terrenos de Guenduláin. Para colmo, la propuesta (y es la segunda vez que la hace) procede del PSN. O es una muestra del reparto de papeles en el seno del régimen (no todo han de ser prebendas, a veces toca poner la cara para que te la rompan) o es que el PSN atiende y protege intereses bastardos, por más que lo disfrace de defensa del empleo (a cuenta del erario público, desde luego). La historia de Guenduláin es de sobra conocida. No es necesario obrar de mala fe para percatarse de la barbaridad urbanística, ambiental o social que supone. Su única justificación razonable parece ser la de dar un «pelotazo» con la complicidad del sector público (sin ninguna intención, quede claro, de establecer relaciones causales entre adquisiciones y concursos de suelo).

Llega la crisis, el mercado inmobiliario se hunde y alguien se encuentra con que ha metido la pata. Eso es precisamente la especulación: apostar sobre el precio futuro de los activos; algunas veces se gana y otras se pierde. Si la actividad empresarial, por su propia naturaleza, entraña riesgos, éstos se multiplican si se adoptan estrategias puramente especulativas. Pero cuando una empresa (o un particular) se equivoca, debe asumir las pérdidas. Se ve que los promotores navarros son de una raza distinta. Como se enfrentan, pobres, a graves problemas financieros, la salida lógica es que el Gobierno de Navarra desembolse 100 millones de euros (seguramente más). Cuando todo va bien, viva el mercado; cuando hay pérdidas, que apoquine el presupuesto público. Nuevo ejemplo de socialización de pérdidas. Esa es la lógica tramposa de la derecha y de tanto liberal de medio pelo que proclama las excelencias del mercado mientras vive cómodamente de rentas públicas (llámense beneficios, canongías, prebendas, chiringuitos o cualesquiera otros artefactos: los liberales parecen particularmente dotados para imaginar modos de ordeñar las ubres públicas). Para colmo, la idea es que el Gobierno pague esos terrenos al valor de adquisición y no a su precio real, que es el correspondiente a terrenos de cultivo extensivo sin otros usos previsibles (¿y para qué queremos campos de cereal?). Así de efímera ha sido la que se prometía floreciente y ejemplar Ciudad Burguete. Quam cito transit gloria mundi.

En suma, lejos de tomar nota y actuar para corregir los desequilibrios del mercado inmobiliario, se persevera en lo que los ha causado. ¿Es porque no hay capacidad para discurrir alternativas? ¿Porque no hay posibilidad? ¿Porque el sector público está cautivo de intereses privados y los prebostes de UPSN están cogidos por donde más duele? ¿A quién beneficia eso? ¿No hemos aprendido nada?

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Lehendakari por narices

Pasado ya el momento del arrebato, de las declaraciones solemnes o de las arengas, es bastante evidente que al PSOE le fue mal el 1 de marzo. Perdió las dos elecciones en las que participaba. En Galicia ello supone salir del gobierno. En Euskadi, no sólo no superó en votos al PNV, como esperaba, sino que se quedó muy por debajo; y eso a pesar de jugar en un tablero manipulado a su conveniencia. Tragar el sapo gallego es más fácil vendiendo lo ocurrido en Euskadi como un éxito y a ello se aprestó inmediatamente el aparato de propaganda del PSOE con el impagable apoyo de sus adláteres mediáticos.

La misma noche electoral López cantó victoria y lanzó su órdago; posteriormente ha dejado bien claro que se siente legitimado para ser lehendakari. Da la impresión de que le apetece tanto que no es consciente del coste, que no se percata de que importa poco lo legitimado que se sienta. Y ello no tiene nada que ver con su puesto en el ranking de votos, sino con la correlación de fuerzas. Estos días se ha hablado mucho de si debe gobernar la lista más votada. En general, con bastante poca coherencia. Los mismos que lo propugnan en un ámbito lo pueden denostar en otro, sin el menor atisbo de intranquilidad surgida de la contradicción. Precisamente la posibilidad de alianzas parlamentarias es lo que permite la existencia de minorías y que éstas tengan voz. Imponer como criterio general que gobierne la lista más votada iría, creo, en detrimento de la calidad de la democracia.

En cualquier caso, la realidad a día de hoy es que Patxi López va a ser lehendakari, quiera o no quiera. Porque no depende de su voluntad: ya se lo ha recordado Basagoiti. El mal resultado y la pésima gestión de lo acontecido desde la noche del domingo le condenan a esa paradójica situación: lehendakari por narices. Si al PSE se le ocurriera renunciar a la presidencia, el resto de legislatura de Zapatero se convertiría en un auténtico infierno mediático, con un desgaste que, añadido al ocasionado por una crisis más dura y duradera de lo deseable, puede terminar en tragedia. Esa primera decisión, pues, está más en manos del PP, que en las de López. Pero, lo que es más importante, las que vengan después también. El chantaje va a ser permanente, vocinglero y mediático, más preocupado por utilizar el terrorismo y el antinacionalismo como armas políticas en su beneficio, que por la acción de gobierno; y todo para servir al interés del PP en Madrid, que no es otro que desalojar al PSOE de la Moncloa. Un Zapatero replegado, paralizado y en caída libre se ha agarrado a un acuerdo de buenas intenciones con un Rajoy acrecido y eufórico, como a un clavo ardiendo. Pero está por ver, en primer lugar, que Rajoy pueda finalmente controlar su partido con autoridad; y, en segundo lugar, que si eso sucede, vaya a hacer la mínima concesión a Zapatero, quizá al precio de salvarle políticamente.

Un papelón, pues, el que tiene por delante Patxi López: ser el peón de una estrategia para que el PSOE pierda el poder. Y, como digo, ni siquiera puede elegir, aunque conmueve la fe que demuestra en su autonomía decisoria cuando sea lehendakari. Es un títere cuyos hilos son manejados desde alguna sede del PP (no necesariamente por Basagoiti). Que haya o no consejeros de este partido en el próximo Gobierno es lo de menos, aunque la caverna mediática presiona activamente para que sea el PP quien gestione Interior (la Ertzaintza), Educación y EITB (al parecer, para evitar la actual dictadura y asegurar el imperio de la libertad en beneficio de la inmensa mayoría de los vascos: se ve que los votantes del PSE y el PP valen bastante más que los de los demás, porque los resultados dicen lo que dicen; ¿veremos a Urdaci en los informativos?). Apenas se tardó en poner el primer peaje sobre la mesa: la Diputación de Álava. Vendrán más. Y López tendrá que tragar y otorgar. ¿O es que piensa realmente que va a disponer de toda la libertad para gobernar apoyándose ora en unos, ora en otros? ¿Ingenuidad, ceguera, ansia de poder? ¿Quién es entonces el verdadero ganador de la elecciones del 1 de marzo? Y eso que, finalmente, no va a necesitar el voto de UPyD, la formación —surgida de las vísceras más intransigentes y nacionalistas del PSE— que, como es sabido, defiende con más ahínco el régimen fiscal vasco.

A ello hay que añadir —aunque sea una cuestión menor— los malabarismos que debe hacer el PSOE, para cohonestar los argumentos ahora empleados con los aplicados, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía o Navarra, claramente opuestos a aquéllos.

Sea casualidad (un capricho de la historia) o algo buscado, el caso es que el PSOE parece haberse convertido en el magma que la derecha precisa para auparse a los gobiernos. Experimentó en Cantabria y ha seguido por territorio de misión, Euskadi y Navarra, dando lugar a monstruos producto del sueño de la razón de Pepe Blanco: PPSE (en sus primeros balbuceos) y UPSN (ya talludito). Veremos qué sigue. Es como si estuviera configurando una especie de Frente Nacional (español, por supuesto), si no fuera porque las apetencias diferenciadoras de revillistas y sanzistas lo asemejan más a una confederación (española, por supuesto) de derechas autónomas… O quizá estamos -una vez que se han zampado a IU, el tercero en discordia- en los prolegómenos de una gran coalición o alguna forma de canovismo que permita de una vez gestionar los destinos de España sin los chantajes, hipotecas e incomodidades de las anomalías periféricas.

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Navarra tiene un plan

El último artefacto-juguete de UPN en su permanente y contumaz simulacro de gobierno (es evidente la parálisis) es el plan Moderna, perfecto resumen del concepto (bilingüe, desde luego) que Sanz y sus acólitos tienen de Navarra, convertida en un cortijo, a mayor gloria de la caterva de saqueadores que pululan en los aledaños del presupuesto de Navarra. Saqueadores que, muy a menudo, se aplican a sí mismos, sin rebozo y con evidente benevolencia, la denominación de empresarios cuando, lejos de crear riqueza —función que el discurso sociopolítico al uso atribuye a ese menester— centran todos sus esfuerzos en esquilmar y apropiarse de la creada por otros. También sorprende su proclividad a ensalzar las virtudes del libre mercado, cuando son parásitos enquistados en los pliegues del sector público, al que deben su hacienda y su fortuna, no siempre en leal y abierta concurrencia con otros agentes.

Del plan Moderna se ha dicho y escrito mucho, sobre todo de algunos aspectos particularmente llamativos. Para empezar, porque pretende ser, se dice, un «modelo de todos», un «plan de Navarra y para todos los navarros», pero excluye de los ámbitos de decisión a un amplio sector político y sindical de la sociedad navarra. Así, su Comité de Dirección es fiel reflejo del régimen (dos partidos, dos sindicatos, un Movimiento: UPSN): Gobierno de Navarra, PSN, CCOO, CEN, UGT, Universidad Pública y Universidad del Opus Dei. Algún pelo de dignidad institucional habrá dejado en la gatera la Universidad Pública al prestarse a algo tan excluyente e instrumentalizado, hasta el extremo de pedir a las personas que han pasado por sus aulas su participación en el proyecto.

También se ha insistido mucho —por lo evidente— en la escasísima presencia de mujeres en el Comité de Expertos (3 de un total de 33), lo que dice mucho de los criterios con que se ha creado ese grupo, en el que, por cierto, hay personas claramente involucradas en el actual estado de cosas y que malamente van a aportar nada que no sea su reproducción, puesto que tan rentables les están siendo.

Pero estas circunstancias son mera anécdota que encubren una realidad mucho más descarnada, porque el plan Moderna es, de hecho, —y quizá sólo— un mecanismo de producción de ruedas de prensa y de imagen, precisamente para alimentar ese simulacro de gobierno. Para ser justos, no es un defecto exclusivo de UPN. Seguramente tiene que ver con esas «democracias de audiencias» en que se van convirtiendo (si es que no lo han hecho ya) nuestros sistemas políticos y en las que el esfuerzo gubernamental se dirige a la generación de gestos sociales y datos macroeconómicos exhibibles en cuanto tales, sin que importe lo que las cifras ocultan. De ahí (y, aventuro, de otras consideraciones menos confesables) surge también la preferencia por las obras faraónicas que mueven enormes presupuestos. Se vende humo, cascarones vacíos pero carísimos, porque lo que cuenta es la imagen, el impacto visual, en un mundo apresurado en el que lo que no puede ser resumido en un lapidario pie de foto no existe. La cuestión a responder es si eso vale los 650.000 euros que, de momento, se han presupuestado para el plan (200.000 en 2008 y 450.000 en 2009). Para un solo plan, al que hay que sumar, de acuerdo con la información suministrada por el Gobierno de Navarra a los redactores del diagnóstico del plan Moderna, los 94 que están, supuestamente, en marcha. Un plan para cada ocasión, la mayoría durmiendo en archivos (también la alcaldesa Barcina encargó en su día un plan estratégico para Pamplona del que nadie oyó hablar después, a pesar de su nada despreciable coste) o arrastrándose desfallecientes y macilentos por los vericuetos de la Administración sin que se les haga el menor caso. Ahí está el plan de carreteras, abruptamente rematado cuando la proximidad de las elecciones aconsejó olvidarse de algunas obras y dedicarse a otras no previstas, de acuerdo con el mapa (electoral) de necesidades del partido gobernante. O el circuito de velocidad de Los Arcos, en el que se llevan gastados ya varios cientos de miles de euros, no se sabe bien para qué ni para quién. O el Navarra 2012, mera yuxtaposición de proyectos ya previstos y ni siquiera acelerados en su realización, entre los que descuellan perlas como el innecesario y estridente Reyno de Navarra Arena (espantosa denominación desde su errata castellana a su bárbaro remate) o el casposo y caro Museo de los Sanfermines, aprovechado para metérsela doblada y con natividad (que diría Lakasta) al Ayuntamiento de Pamplona, justo, qué casualidad, cuando Barcina decide cambiar de aires.

El objetivo declarado del plan Moderna es «definir un nuevo modelo de desarrollo económico para Navarra a medio y largo plazo». Y se confía tan ambicioso afán —nada menos que la planificación del futuro de Navarra— a entidades externas, ajenas a la Administración. El lehendakari Sanz y sus consejeros se limitan a asistir a las sesiones de mayor tronío y los altos cargos del Gobierno de Navarra que, se supone, deberán aplicarlo, no se enteran de la fiesta. Al Comité de Expertos le llegan resúmenes de documentos de los que se desconoce cómo han sido cocinados. Así que, en realidad, el peso fundamental de la elaboración del plan se encomienda a consultoras (también en eso empieza a observarse un cierto monopolio de hecho: las mismas personas, los mismos papeles, en todas las salsas), correspondiendo al resto un papel meramente decorativo o legitimador. Es obvio que en cualquier proceso de planificación hay que escuchar y permitir la participación de los agentes implicados; en este caso, de la sociedad. Pero que la Administración desconozca la realidad en la que se desenvuelve hasta el punto de considerarse incapaz de liderar o pilotar dicho proceso, es muy grave. A no ser que, volviendo al punto de partida, esto no sea más que un simulacro.

Igualmente merecen comentario los presupuestos teóricos o doctrinales del trabajo, aunque todavía se esté en la fase de diagnóstico. Pero se adivinan carencias y un enfoque que a buen seguro condicionará el resultado. Y ya se sabe, que si el diagnóstico yerra, sólo se podrá acertar en el remedio por puro azar. Por ejemplo, todo lo que sobra de triunfalismo acrítico, falta en consideraciones sociales o ambientales. Se aporta una visión economicista —y por tanto caricaturizada— de la realidad, cuando el desarrollo es un fenómeno humano y social. Pues bien, «lo social» se reduce en el diagnóstico a algún comentario sobre la inmigración y la necesidad de fomentar la natalidad. «Lo ambiental», a un canto a los estupendos paisajes de Navarra. Conceptualmente el diagnóstico parece descansar en las elaboraciones de Michael Porter. Se trata de un famoso consultor de empresas que, dando un salto mortal sin red, pasó a aplicar sus herramientas a economías enteras sin respaldo teórico suficiente, lo que le llevó a una enumeración de obviedades plasmadas en su famoso «diamante». Ello conduce, por ejemplo, a la identificación en el diagnóstico del plan Moderna de clusters industriales a partir de epígrafes estadísticos, sin contenido real. La mera acumulación de empresas del mismo sector en una área concreta no significa la existencia de relaciones explícitas entre ellas, sean input-output o de otro tipo. Presumir que existen relaciones porque existen empresas es un exceso lógico, a no ser que recurramos a una definición de cluster tan laxa que quedaría vacía de contenido. Pero ésa es otra historia.

Decía que Navarra es un cortijo (foral, of course). A la vista de lo barato que se vende el PSN, lleva camino de convertirse en el cortijo de los mil años (versión idiosincrásica de un imperio que pretendió tener esa duración). Con permiso del plan Moderna.

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Familia foral y navarra

Al parecer, los estrategas de la Iglesia católica creen haber encontrado un filón, quizá un recurso de supervivencia, en la familia. Así, en diciembre de 2007, con el ambiente político caldeado y el PP en el monte, convocaron una misa-manifestación (o manifestación-con-misa) a la que se sumó gustosa toda la extrema derecha y que, por lo mismo, fue un «éxito» (dejemos a un lado la inflación interesada de asistentes, delirios de contables frustrados, mejores discípulos de Goebbels que del autor del milagro de los panes y los peces). Así que se dispusieron gozosamente a repetir la algarada en 2008. Ahí la cosa ya no les fue tan bien. La asistencia se redujo a la mitad, sea cual sea la cifra de referencia. Hubo, además, ausencias episcopales y políticas significativas; el PP no se involucró con la misma intensidad; a última hora el propio Rouco pretendió quitar hierro político al evento. Todo ello pudo influir en la merma de asistentes.

En esta cuestión se observa una deriva sutil en el planteamiento eclesiástico. Se ha pasado con toda naturalidad del concepto de «familia cristiana» (católica, en realidad) al de «familia tradicional». La finalidad no es otra que concitar la adhesión de sectores sociales que, ajenos a los valores o la moral católica, comparten su oposición, a veces igualmente frontal, a las últimas reformas legales, singularmente al matrimonio entre personas del mismo sexo (también a la nueva regulación de la adopción). A cambio, se reduce la belicosidad hacia matrimonios civiles, divorcios o parejas de hecho. El matrimonio «como Dios manda» ya no es sólo el bendecido por la Iglesia, sino, simplemente, la unión de un hombre y una mujer; con la boca pequeña se le añade el inocuo calificativo de «estable». Recuérdese que hace tan solo un año se consideraba que cosas como el divorcio exprés socavaban hasta las bases de la democracia. Se pueden aventurar dos factores explicativos de un cambio táctico tan sorprendente. El primero, la evidencia de la pérdida de influencia política (la social está muy desmejorada desde hace tiempo) por parte de la Iglesia católica, que se ve obligada a buscar aliados de circunstancias. Así se entiende, por ejemplo, la incursión que en su día hiciera el papa Wojtyla en el Plan Hidrológico, o el apresurado viaje de la Iglesia católica española hacia la extrema derecha política, de la mano de Rouco y Cañizares. Para colmo de males, la Iglesia se enfrenta a la necesidad de ser agradable a un poder político del que recibe amenazas y desplantes, al tiempo que se muestra como el más generoso desde la firma de los inconstitucionales e inmorales acuerdos con la Santa Sede. El segundo factor es la constatación del arraigo de esas otras formas de familia objeto de la ira eclesiástica, y la tolerancia social imperante, que imponen la necesidad de actuar antes de que sea demasiado tarde y la situación se consolide definitivamente, aliándose con el mismo diablo (todo se queda en casa) si es necesario.

En definitiva, la Iglesia católica va, una vez más, contra la corriente de la historia, de la sensibilidad social e, incluso, de los derechos de las personas. La sociedad es mucho más rica, diversa y tolerante. Diría más, el propio derecho va muy por detrás en esta cuestión y la misma institución del matrimonio es una rémora cuestionable, generadora de conflictos y de desigualdades. Es tan nítida la evidencia de la realidad social que el debate ha llegado a una organización tan ultramontana como UPN. Ha llegado y se ha esfumado en cuanto la autoridad competente ha puesto las cosas en su sitio, restableciendo el tan apreciado orden «natural». Pero ya es mucho que la juventudes de UPN se hayan planteado aceptar todas las formas de familia (y rechazar no sólo la reforma de la ley del aborto, sino cualquier forma de aborto: una de cal y otra de arena, no ilusionarse).

Ha sido gracias al debate que se ha suscitado en UPN —y en el que ha intervenido, con mal disimulado regocijo, todo el mundo— cuando hemos descubierto que aún hay otra forma de familia: la familia foral y navarra. El artífice de tan iluminadora reducción del ámbito de nuestra ignorancia ha sido José Ignacio Palacios, cabeza visible del PPN (ellos se denominan «populares de Navarra»: ya veremos). La necesidad que tiene el PPN de diferenciarse de UPN sin parecer sucursalistas en exceso les lleva a intentar sobrepasar a UPN en su propio terreno: el fuerismo folclórico y el integrismo moral. Palacios considera que Sanz, «como garante de nuestra foralidad y específicamente del matrimonio regulado en el Fuero Nuevo, tiene el deber de pronunciarse rechazando toda alteración o manipulación de la familia foral y navarra».

Parece ser que la regulación de la familia «foral y navarra» en el Fuero Nuevo es fruto de la revelación divina y, por tanto, inmodificable. Por ello, las nuevas formas de matrimonio son contrarias al régimen foral. Tanto tiempo convencidos de que las tablas de la ley las había roto, presa de un monumental cabreo, el propio Moisés en las estribaciones del monte Sinaí, y ahora resulta que estaban en Navarra. Al final, lo que se pretende con tan altisonante verborrea es que sólo se considere matrimonio la pareja (¿estable?) formada por un hombre y una mujer. Pero si de familia navarra se habla, la disquisición puede llevarnos muy lejos. De fiarnos del Codex Calixtinus la familia navarra sería más bien un trío, animal incluido: «los navarros practican también la bestialidad y se dice que toman sus medidas para que nadie pueda acercarse a su mula o yegua, sino él mismo. También besa lujuriosamente el sexo de la mujer y de la mula». Así que el lehendakari Sanz, guardián de las esencias forales, debería aplicarse sin demora —en su función de garante del matrimonio foral— a la tarea de redefinir los módulos de VPO para incluir un aposento adecuado (cuadra, establo) para que los navarros (y las navarras, con permiso del Fuero Nuevo) puedan acceder a su correspondiente irracional con la dignidad y el decoro propios del ya bien instalado siglo XXI.

Resulta obsceno que se utilice el régimen foral como excusa. Pero de ser cierto que el Fuero Nuevo es una rémora para ampliar derechos y conseguir la efectiva igualdad de las personas, peor para el Fuero Nuevo, puesto que habrá que colegir que es una antigualla y ya no sirve. Y ya se sabe: las cosas que no sirven, al museo o a la basura.

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El clímax del clima: España y sus incumplimientos

El pasado 17 de diciembre, en respuesta a una interpelación urgente de la diputada Uxue Barkos relativa a las térmicas de Castejón, la ministra de Medio Ambiente afirmó que todavía no se puede hablar de incumplimiento del Protocolo de Kyoto, ya que habrá que esperar a 2012. Justificó, además, el fuerte incremento de las emisiones por el notable crecimiento económico de los últimos años. Suena a eslogan cutre: contra el enfriamiento económico, calentamiento climático. Se trata de dos cuestiones, la existencia del incumplimiento y su justificación, que merecen alguna consideración.

Empezando por los plazos, la referencia para determinar si ha habido o no incumplimiento será la media de las emisiones del periodo 2008-2012. Por tanto, se puede afirmar sin riesgo que España no cumplirá los compromisos contraídos en el Protocolo de Kyoto. Es materialmente imposible, incluso suavizándolos mediante la compra de derechos de emisión y otros mecanismos que permiten incrementar el objetivo hasta el 24%. Y el incumplimiento tiene un coste.

Como es conocido, el objetivo del Protocolo es limitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), principales responsables del cambio climático. La UE asume una reducción conjunta del 8% de las emisiones de 1990 que, sin embargo, no se distribuye a partes iguales entre los Estados miembros —la «burbuja europea» que tanto le gustaba a la ministra Tocino—. Atendiendo a su menor nivel de desarrollo y de emisiones, a España se le permite un incremento del 15% de las emisiones en relación con el valor de 1999, que ascendía a 290 millones de toneladas equivalentes de CO2.

España alcanzó ese umbral del 15% en 1997 y desde entonces no ha dejado de crecer el volumen de emisiones, con la sola excepción de 2006. En el artículo 3.2 del Protocolo se establece que «cada una de las Partes incluidas en el anexo I deberá poder demostrar para el año 2005 un avance concreto en el cumplimiento de sus compromisos contraídos en virtud del presente Protocolo». Pues bien, en 2005 España había rebasado las emisiones de 1990 en un 52,1%. Tras el descenso de 2006 (triunfalmente vendido por la vicepresidenta De la Vega), en 2007 se vuelve a crecer hasta superarse el nivel de 1990 en un 52,3%. Eso son «avances concretos». De los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea, sólo se espera que incumplan con el objetivo de Kyoto tres: Dinamarca, Italia y España, teniendo en cuenta que en los otros dos casos el objetivo era reducir las emisiones, Dinamarca en un 21% e Italia en un 6,5%; nada que ver con el incremento del 15% que se permite a España. Así las cosas, sólo en los pronunciamientos irresponsables (por infundadamente optimistas) del Gobierno español se habla de cumplir el objetivo de Kyoto.

De acuerdo con los datos de la Agencia Ambiental Europea, las emisiones per cápita pasan de 7,4 toneladas en 1990 a 9,9 en 2006, es decir, se incrementan un 34%, un nuevo récord en Europa. Ciertamente, las emisiones por unidad de PIB se han reducido en ese período en un 6%, lo que significa una mejora en la eficiencia energética que, sin embargo, queda por debajo de la media, que ha sido del 33% para la UE-27 y del 30% para la UE-15. También es verdad que el ritmo de incremento de las emisiones se ha reducido y, actualmente, es inferior al del crecimiento económico. Algo completamente insuficiente pero que cabe considerar positivo, a la vista de la evolución seguida en los años de gobierno del Partido Popular, más dedicado a sembrar alarma en el sector empresarial y sindical que a cumplir sus compromisos. El patético «negacionismo» actual de Aznar es la secuela de aquella actitud.

Pero estos datos, áridos y no siempre de fácil digestión, no proporcionan información sólo de la situación ambiental. Dicen mucho sobre el modelo de crecimiento económico, las políticas seguidas los últimos quince años o lo que cabe esperar de no mediar cambios sustanciales en dicho modelo. La propia dureza e intensidad de la crisis tiene mucho que ver con ello.

Llegamos así a la segunda cuestión, es decir, si el crecimiento económico es argumento suficiente para justificar el desastre ambiental. Empecemos por aclarar que el crecimiento entendido de la manera convencional (como mero incremento de la cifra de PIB), por sí mismo no dice nada, no es más que un guarismo al que se suele dar un valor desproporcionado y que muchas veces no va más allá de una cifra para exhibir, haciéndose abstracción de su contenido. Pero lo que importa es cómo se consigue tal incremento y a qué precio (social, ambiental, económico). Por ello no es baladí la distinción entre crecimiento y desarrollo, por mas que un uso negligente o en exceso laxo de los términos lleve a confundirlos. El desafío —y la necesidad, habida cuenta de la situación, que es de emergencia— consiste en disociar deterioro ambiental y crecimiento, pues esto es lo que significa el desarrollo sostenible. Eso tiene que ver, y mucho, con el modelo económico. No es cierto que el crecimiento deba ser inexorablemente depredador de recursos y generador de impacto ambiental. Lo será si se basa en tecnologías mediocres o poco avanzadas, en empleos poco cualificados, si se dirige a sectores y actividades que compiten estrictamente en costes o si se priman intereses particulares espurios en detrimento del interés general. Ése es, precisamente, el modelo seguido por España en las últimas dos décadas. De ahí su impacto ambiental y las poco halagüeñas expectativas que se abren.

Por tanto, la excusa gubernamental del crecimiento económico para justificar el deterioro ambiental y el incumplimiento de Kyoto no sólo no es admisible, sino que revela un fracaso estrepitoso del propio modelo económico. Llevamos casi cinco años oyendo que España es el espejo en el que se mira prácticamente todo el mundo. Hay que admitir que ocupa puestos destacados: el empleo se desmorona a tasas inigualadas; se anuncia una crisis comparativamente más profunda; la credibilidad financiera está en entredicho y ya se habla de reducir la calificación de la deuda española; el incumplimiento de Kyoto es insuperable.

Y en Navarra, cómo no, dando la nota. Las emisiones crecen más deprisa que en España, el Gobierno de UPN está dispuesto a saltarse la ley para sacar adelante su proyecto de Castejón, la planificación territorial y la política urbanística exacerban las necesidades de movilidad y no se hace nada por mitigar el impacto del transporte en las emisiones de CO2… Eso sí, en medio del desastre ecológico se alardea de energías renovables. Fernández de la Vega decía, con la euforia del «buen» dato de 2006, que España lideraría la lucha mundial contra el cambio climático. Si va a ser de esta manera mejor que no.

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