Que UPN no ha tenido realmente un proyecto económico para Navarra (más allá del engorde de determinadas rentas y beneficios, en su estilo cortijero y caciquil) es evidente. Que, quizá por eso, se ha dedicado a hacer una política económica irresponsable es, a estas alturas, una obviedad; sus desmanes pasaban sin mayor problema (y con el beneplácito de la otra pata parlamentaria del régimen, el PSN), sumergidos en la ola de la bonanza económica y el buen comportamiento de los ingresos. Que tales desmanes son muy regresivos, resultando en un debilitamiento del sistema de prestaciones sociales y perjudicando en mayor medida a las capas sociales más desfavorecidas, se empieza a ver ahora que la coyuntura es bien distinta y adversa. La intensa destrucción de empleo en los últimos meses tiene mucho que ver también con la ausencia de una política industrial digna de tal nombre, que ha relegado a Navarra a la categoría de región manufacturera, sin centros de decisión ni tecnológicos, dando lugar a la generación de empleos precarios y de mala calidad en instalaciones industriales que son meros talleres de montaje final.
Hasta aquí la historia reciente, como factor explicativo de la situación actual. Porque todos los gobiernos (ahí están las explicaciones de Rodríguez Zapatero) se escudan en la devastadora crisis mundial, que es innegable. Pero la intensidad y la forma en que afecta la crisis, así como sus consecuencias, no son invariables y dependen de las características y situación concreta de cada economía.
Lo patético ha venido después. Desatado el temporal, la actitud del Gobierno de UPN ha puesto de manifiesto que se carece tanto de ideas como de medios. El desconcierto parece ser la norma y cuando se les ocurre algo, suele ser tan elemental en su formulación y justificación que parece extraído de algún folleto de divulgación económica, hasta hacer de la actual política económica (en el supuesto de que merezca tal denominación) un extraño híbrido de keynesianismo ramplón y voluntarismo neocon.
Las acciones más llamativas son coyunturales y carecen de la necesaria reflexión sobre las bases estructurales de la crisis, además de ser discutibles en cuanto a sus efectos económicos, socialmente regresivas y seguramente innecesarias. Es el caso de las ayudas a la compra de automóviles o de televisores. El Plan Navarra 2012, por su parte, aporta escasas novedades y se limita a reunir en un mismo documento obras ya previstas y cuya responsabilidad en muchos casos ni siquiera corresponde al Gobierno de Navarra. El reciente plan de empleo, por último, consiste en subvencionar la precariedad laboral y la reducción de la calidad del empleo. Así que lo poco que se tiene para ofrecer se adoba en apariciones públicas con declaraciones extravagantes que parecen fundarse más en la histeria y el nerviosismo que en el sosiego que requiere un gobierno eficaz, hasta caer en la falta de respeto a la opinión pública. Citaré tres ejemplos.
El pasado 17 de marzo el consejero Miranda atribuyó al Plan Navarra 2012 la creación de 65.200 empleos en cuatro años (25.173 directos y 40.027 indirectos). En ese momento, el desempleo en Navarra afectaba a unas 38.000 personas. Es decir, que aunque el desempleo se despeñase por la más atroz de las pendientes, nadie podrá impedir el pleno empleo, gracias a la sagacidad y saber hacer del consejero Miranda, verdadero taumaturgo de la economía. Si, además, como ya se ha dicho, consideramos que dicho Plan apenas contempla alguna obra no prevista anteriormente, el prodigio se eleva a la categoría de milagro.
Por esas mismas fechas se presentó en el Parlamente el cuarto Plan de Empleo (firmado en febrero), un eufemismo para encubrir el regalo de casi 160 millones de euros a los sindicatos del régimen y a la CEN (es parte del precio de su apoyo a un gobierno de derechas, al que hay que sumar la medalla de oro de Navarra, la supeditación de la política de vivienda al clientelismo sindical o consentir el uso de los EREs para hacer limpieza ideológica en las empresas; ¿se ha parado alguien, antes de incurrir en semejante dispendio, en establecer la efectividad de los tres planes anteriores y el grado de cumplimiento de los objetivos en ellos previstos, si es que los había y se cuantificaron?). Con tal motivo, el consejero Roig dijo estar seguro de que el Plan situaría a Navarra en el pleno empleo (y además, con una mejora sustancial de la calidad del mismo).
El 21 de abril, se presentó un plan para fomentar el empleo (las denominaciones oficiales no son necesariamente descriptivas, sino las más de las veces volitivas, meras declaraciones de voluntad o de deseos más o menos ardientes). El consejero Roig, perseverante y contumaz en su optimismo infundado, le atribuyó la virtud de generar 10.000 empleos.
Echemos cuentas: el Navarra 2012, 65.200 empleos; el cuarto Plan de Empleo, pleno empleo; el plan de empleo, 10.000 empleos. ¿No habrán caído en la cuenta de que nos sobran 75.200 empleos? ¿Qué vamos a hacer con tanto empleo? Y de calidad. A mayor abundamiento, si con una de esas iniciativas se consigue el pleno empleo nos sobran las otras dos, con su coste correspondiente, que es de 4.533 millones. (Por no hablar de los 25.000 empleos que se quieren preservar cubriendo las pérdidas de los promotores de Guenduláin, al modesto coste de entre 90 y 200 millones). ¿De donde salen esos resultados? ¿Cómo se han obtenido? ¿Hablamos de cálculos económicos elaborados con procedimientos rigurosos o de meras ocurrencias para ofuscar al Parlamento o salir del paso en una rueda de prensa?
El baile de cifras, la desmesura de las previsiones, la desenvoltura con que se presentan las iniciativas, dan fe de la poca consideración que el Gobierno de Navarra tiene hacia la ciudadanía, a la que parece considerar capaz de tragar cualquier sapo y asumir cualquier despropósito. Si las cosas fueran bien no sería tan grave. Pero cuando el desempleo crece a un ritmo desenfrenado, cuando cada mes cientos de familias se enfrentan a sus devastadoras consecuencias y otros cientos más tiemblan ante las negras perspectivas que se abren en sus horizontes económicos y vitales, es una desvergüenza y una falta de respeto dignas de la más severa corrección. O bien todo esto no es más que un síntoma de incuria y estulticia. Que cada cual elija la hipótesis que considere más verosímil. ¿Qué tal una suscripción popular para comprar sendos ábacos a Miranda y Roig?
03 mayo 2009
El Gobierno de Navarra, sus planes y las cifras de empleo
16 octubre 2007
Empleo precario: economía precaria, sociedad precaria
Más allá de las proclamas políticas, de la propaganda o de presentaciones interesadas —por no decir manipuladas— de datos, la crisis de la empresa Sysmo pone de manifiesto con crudeza la realidad en la que nos toca movernos, los rasgos de la política industrial (por llamarla de alguna manera) que se ha venido realizando y, lo que es más grave, el marasmo profesional, laboral y humano a que se condena a buena parte de la mano de obra y especialmente a los más jóvenes.
Así, estamos acostumbrados a que se exhiba la buena evolución económica de Navarra, cifras de paro que nos sitúan de hecho en el pleno empleo (masculino) o una posición destacada en energías renovables. Las magnitudes macroeconómicas, las grandes cifras, son necesarias para estudiar, diagnosticar y, en su caso, diseñar medidas de política económica. Pero no deben tomarse como indicadores absolutos porque no son más que un resumen y, en cuanto tal, esconden situaciones que pueden ser muy dispares (la injusticia de las medias). Es, pues, necesario rascar en esas cifras para ver qué es lo que realmente contienen o si, como a veces ocurre, no son más que artefactos vacíos.
También es verdad que se tiende a demonizar a Volkswagen como si fuera la causa de todos los males industriales de Navarra. El sistema productivo no funciona como un apacible intercambio de cromos en el patio de un colegio; se asemeja más a una jungla en la que todos los actores intentan apoderarse del mayor trozo de pastel posible, en forma de beneficios, salarios u otras rentas. En ausencia de mecanismos sociales equilibradores, el más fuerte se termina por imponer. Seguramente esta forma de operar es más evidente en la industria del automóvil y, en parte, lo ocurrido con Sysmo es buen ejemplo de ello. Hubo un tiempo en que trabajar en ese sector significaba salarios elevados y buenas condiciones laborales. Eso ya sólo es cierto para algunas empresas, entre las que no se cuentan ni el propio ensamblador ni la mayoría de las instaladas en el parque de proveedores de Volkswagen que, en esencia, son talleres de montaje final, sin actividad productiva. Pero la situación se generaliza. En muchas actividades industriales y, por supuesto, en el sector servicios, el empleo que se crea es, en general, de muy baja calidad y mal pagado. La precarización es un hecho.
El primer problema que se plantea es que los bajos salarios no son una fuente duradera de ventajas competitivas, máxime en la industria, donde el peso de aquéllos en el coste total es pequeña, por lo que para obtener reducciones significativas de costes es necesario rebajar los salarios de forma notable. Y la reducción de salarios lleva consigo una menor calidad del empleo. Las consecuencias no afectan sólo a los directamente implicados (quienes pasan indiferentes ante las pancartas y manifestaciones de los trabajadores de Sysmo deberían reflexionar sobre ello) sino a la economía en su conjunto, cuya vulnerabilidad aumenta al reducirse la calidad del tejido productivo y, por tanto, la exposición a la competencia de países y regiones que siempre podrán ofrecer salarios más bajos.
Así pues, reducirlo todo a simples consideraciones logísticas o salariales, reclamar por enésima vez la liberalización del mercado de trabajo o respuestas similares impiden llegar a la raíz del problema. Tampoco hay que confiar en novedosos remedios mágicos fruto de la inspiración de iluminados. Los remedios son bien conocidos y nada espectaculares: se trata de mejorar la calidad de la inversión y la mano de obra, así como el nivel tecnológico de la economía. Hasta el consejero Miranda lo ha reconocido al hablar de un «nuevo modelo económico»: nuevo, con veinte años de retraso.
Ello requiere dos tipos de políticas: la industrial y tecnológica, por un lado, y la educativa por otro. En Navarra no ha existido, al menos en la última década, una política industrial merecedora de tal denominación. Las tímidas e inconexas actuaciones al respecto han tenido dos ejes: la industria del automóvil y la energía eólica. En el primer caso, el dinamismo del sector genera por sí mismo inversiones e implantaciones nuevas (no todas de igual calidad), por lo que las medidas públicas, especialmente si, como ha ocurrido, no son selectivas, tienen escaso efecto, subvencionándose actividades que surgirían igualmente sin esas ayudas. En el segundo, la claridad de ideas quedó de manifiesto palmariamente con la venta de EHN, un error de largo alcance, por la renuncia a desarrollar un sector con grandes posibilidades de futuro a partir de una empresa de gran tamaño y, lo que es más importante, con centro de decisión en Navarra. Entre otros efectos negativos, el Gobierno de Navarra contribuyó así a agudizar uno de los mayores problemas de nuestra economía, cual es que las decisiones de los principales agentes se toman en otros lugares y dando prioridad a otros intereses.
La política tecnológica, por su parte, sólo puede calificarse de tímida, a remolque de las circunstancias y aplicando patrones estandarizados, como si todo consistiera en rellenar formularios. El último plan tecnológico aprobado (el tercero) ganó algo en ambición y la proximidad de las elecciones no fue seguramente ajena a ello. Pero, en conjunto, los planes aplicados se han propuesto objetivos modestos, con un enfoque exclusivamente de demanda y renunciando a hacer apuestas de futuro.
Por último, el sistema educativo viene sufriendo un deterioro fruto tanto del menor esfuerzo presupuestario como del adelgazamiento del sistema público, que deja un campo tan sensible social y económicamente como el de la formación profesional a la intemperie. Las perspectivas no son halagüeñas, si nos atenemos a lo anunciado por Sanz en el discurso de investidura.
En última instancia, se trata de decidir en qué lugar insertar nuestra economía: si compitiendo salarialmente con otras de nivel de desarrollo medio o bajo, o bien con las áreas más avanzadas, mediante la tecnología y el capital físico y humano. A pesar de pronunciamientos y declaraciones (el papel lo aguanta todo), los datos objetivos indican que, de seguir así las cosas, es más probable terminar en el primero.
(Diario de Noticias, 16 de octubre de 2007)
