Las deslocalizaciones de UPN

El final de la legislatura, como era de prever, está impregnado de ese aire entre melancólico y decadente que suele caracterizar los traspasos de caudillaje: mientras el saliente se empeña en dejar claro continuamente que sigue mandando, la aspirante pretende dar a entender que las cosas han cambiado, y seguirán cambiando, aun a costa de enmendar la plana a su mentor: necesita demostrar y consolidar su aún incipiente poder. Los cortesanos, por su parte, se esmeran en captar las variaciones en los delicados equilibrios del poder y se van deslizando hacia el nuevo sol, procurando no quedar con las posaderas al aire ni herir innecesariamente a quien, desprovisto ya del dedo munificente, poco tiene que ofrecer. Agazapado en las sombras, algún heredero despechado habrá (siempre los hay), tejiendo apoyos, evaluando riesgos y esperando acontecimientos.

Pero personas y talantes aparte, las organizaciones suelen tener instinto de supervivencia, especialmente cuando amalgaman intereses tan poderosos, y todos se aprestan a la batalla electoral, exhibiendo esos logros, esas hazañas de gobierno que, dirán, han conseguido que seamos lo que somos. Asistiremos a la consabida, espasmódica y cuatrienal orgía de inauguraciones de obras sospechosamente diferidas (en esto nadie le gana a la alcaldesa Barcina) al último año de la legislatura; a la exhibición de modernidades que quieren ser modernizaciones pero que a menudo no pasan de caspa sofisticada (y cara, muy cara), en la que estridencia, desmesura y derroche se unen en una trinidad casi perfecta.

Lo que pueda ir mal en Navarra (recuérdese que no hace tanto el consejero Roig nos prometía el pleno empleo al cuadrado) es por causa de una crisis global. El mal de muchos que actúa como parachoques infalible y excusa perfecta (eso sí, cuando las cosas van bien, siempre es por méritos propios). Y cuando esto no parece suficiente, se apela a la verdadera crisis, la de valores, de los cuales es UPN, al parecer, portador eterno. Así, de una forma u otra, la globalización, cualquiera que sea el significado concreto y los matices que queramos añadir al concepto, es la gran excusa exhibida, y esgrimida, es el artilugio que nos permite justificar lo que va mal o lo que se quiere hacer pero avergüenza reconocer. Entre otras cosas, la globalización se ha utilizado como excusa para reducir impuestos a las rentas más altas y a las más volátiles, esto es, las rentas del capital, incrementando, ahí donde el sistema público era ya de por sí débil, la fragilidad del sistema de prestaciones sociales, con las consecuencias que se han podido apreciar desde el mismo momento en que estalló la actual crisis. También ha sido la globalización baluarte eficaz para prevenir mejoras salariales o para justificar reformas laborales y, en general, relajamientos de derechos a favor del mercado. Se agita para ello el fantasma de la deslocalización.

Efectivamente, hay deslocalizaciones. Las ha habido siempre, porque es inherente a la naturaleza de los procesos económicos. La literatura admite como causas más comunes las diferencias salariales o la búsqueda de legislaciones laborales, sociales o ambientales más laxas. Pero esa deslocalización no es necesariamente negativa. Todo depende de la solidez del tejido económico y de las políticas que se apliquen. Sin embargo, en Navarra hemos visto en los últimos tiempos algunos casos de deslocalización mucho más preocupantes por su impacto cualitativo y, lo que es peor, inducidas o alimentadas por la Administración de UPN. Me centraré en cuatro.

Deslocalización tecnológica, perpetrada con la venta de EHN. Las razones aportadas fueron de escaso fuste; si había otras quizá no eran confesables. Para colmo, el producto de aquella venta se utilizó para especular en bolsa y servir a intereses políticos espurios. Y por cierto, con Caja Navarra de por medio, protagonizando jugosas operaciones y haciendo caja: otra constante de los últimos años de gobierno de Sanz, la obsesión por generar liquidez a la banca cívica a costa de recursos públicos.

Deslocalización cultural: la más que evidente desidia de la Administración de UPN (foral y municipal: Barcina y su capitalidad cultural) en la gestión del asunto de la colección Huarte Beaumont culminó, como es bien sabido, en la cesión de la misma a la Universidad del Opus Dei. La negligencia es censurable siempre, pero resulta sospechosa cuando beneficia a los amigos.

Deslocalización de infraestructuras: la Autovía del Camino. Otro de los méritos de UPN es haber incrementado sustancialmente el endeudamiento de Navarra haciendo trampa y ocultándolo en los balances mediante el recurso al peaje en la sombra. Este procedimiento encarece considerablemente el producto final, frente a otras formas más ortodoxas de financiación. En el caso de la mencionada autovía, tal encarecimiento se agrava a causa de maniobras poco explicadas, alguna de las cuales ya censuró la Cámara de Comptos: doble contabilización del IPC, premios por finalización adelantada, sospecha de subestimación de aforos para incrementar de hecho el retorno financiero (y, por tanto, el nivel de endeudamiento efectivo de la hacienda de Navarra). Y todo para terminar vendiendo la obra a un banco alemán; o lo que es lo mismo, la Hacienda Foral alimentando pelotazos y, de paso, transfiriendo excedentes financieros a Alemania, donde ya se sabe que andan escasos. Excelente. Y, para variar, la banca cívica en medio haciendo caja.

Deslocalización financiera. Con la misma opacidad que ha caracterizado las operaciones ya descritas, nos volvemos a encontrar con la virtual desaparición de la única entidad financiera propiamente navarra y su dilución en un ente extraño, de composición variable e incierta y suspirando por un tiburón financiero especializado en bancos en crisis. Mediando, además, un suspenso en las pruebas de esfuerzo. Toda una proeza para una entidad que solía alardear de su solidez financiera y su prudentísima gestión. No cuadra. Como no cuadra que la entrada de JC Flowers se justificara por la inconveniencia de acudir al FROB y ahora, con la incorporación de Cajasol se vayan a pedir nada menos que 1.000 millones. Por cierto, lo último que se conoce sobre el acuerdo con JC Flowers incrementa las sospechas de «pelotazo» profesional, esto es, hacer carrera personal (carrerón, diría) en una institución tutelada por el sector público, con la complicidad de éste y a costa de los ahorros de los navarros: ándeme yo caliente...

¿Por qué denominar deslocalizaciones a estas operaciones? La razón es bien sencilla: porque en todos los casos suponen una pérdida de capacidad de decisión propia a favor de centros localizados fuera. Y, en este mundo de comunicaciones instantáneas, donde la información y el conocimiento no se desplazan sino que se difunden, donde la capacidad para competir está íntimamente ligada a la capacidad para decidir, traspasar ésta al exterior es de por sí una pérdida sustancial, agravada por afectar a ámbitos particularmente sensibles todos ellos: tecnología, infraestructuras, cultura y finanzas. ¿Quién da más? Lo más grave de todo es que, seguramente, hay una clara conciencia de todo esto, es decir, alevosía y premeditación: ¿no será que, para celebrar adecuadamente el aniversario de 2012, pretenden culminar lo iniciado en 1512?

Como suele ocurrir en estos casos, el lehendakari Sanz aspirará seguramente a pasar a la historia con halagüeños títulos; yo propondría uno que hace justicia a algunos de sus más llamativos méritos: Sanz el Deslocalizador.

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Un suspenso para Banca Cívica

Es de esperar que los resultados de la prueba de esfuerzo (stress test) realizada a la banca española y europea no habrán sentado muy bien en la sede de Banca Cívica (en Madrid) ni, por tanto, en la de Caja Navarra (¿en Pamplona?). Los argumentos utilizados para justificar tales resultados han sido pueriles y consisten, en esencia, en el manido truco de matar al mensajero: el problema está, se ha dicho, en la metodología utilizada, sobre la que existe consenso en Europa. Ha faltado tiempo para anunciar la entrada de capital privado (estadounidense) y, por tanto, el inicio de la privatización de la entidad. Ciertamente, hay que situar la prueba de esfuerzo —que no de solvencia, como se ha llegado a escribir— en su contexto y no perder de vista lo que trata de medir. Como tampoco hay que olvidar las razones que llevaron al Gobierno y al Banco de España a realizar la prueba a un número inusitadamente elevado de entidades. Pero, finalmente, sólo cuatro de un total de veintisiete no la superaron. Así pues, las cosas no parecen ir como se anunció a bombo y platillo —en esa permanente confusión de información con propaganda— que iban a ir. La manera misma en que se anuncia la entrada de JC Flowers en Banca Cívica, y los detalles de la operación, no hacen sino añadir leña al fuego. Vayamos por partes.

La ilación de los acontecimientos puede hacer pensar que la entrada de JC Flowers en el capital de Banca Cívica es una respuesta al resultado de la prueba de estrés. Si así fuera, revelaría una gestión errática y alejada de la prudencia que, según los manuales al uso, debe presidir el gobierno de las entidades bancarias. Un socio no se busca de un día para otro, como si de ir al mercado se tratara. Lo cual conduce a pensar que las negociaciones con JC Flowers se venían desarrollando desde tiempo atrás, quizá antes incluso de anunciarse la fusión de las cajas que conformaron inicialmente Banca Cívica. ¿Quiere eso decir que ya se sabía que iba a ser necesaria alguna inyección de capital? Es probable, pero eso descubre lagunas significativas en la información suministrada a la opinión pública navarra.

El socio elegido es un inversor dedicado al sector financiero (según Bloomberg Business Week está especializado en buyouts —compra de participaciones mayoritarias en una empresa; cuando se trata de empresas públicas se denomina going private—). En algún comentario de prensa —escrito en tono laudatorio a raíz del anuncio de su entrada en Banca Cívica— se define a JC Flowers como un «tiburón» financiero, término que se suele aplicar, con matiz claramente despectivo, a operadores que, lejos de crear riqueza, la sacrifican al beneficio inmediato. En todo caso, de lo que se va conociendo se desprende que JC Flowers o bien no es un lince de los negocios, puesto que junto a transacciones claramente beneficiosas ha protagonizado otras ruinosas; o bien se dedica a operaciones de alto riesgo, seguramente buscando eso que en castellano se describe tan gráficamente con el término «pelotazo». Igualmente se observa una preferencia por entidades públicas o semipúblicas en mala situación. Así ha ocurrido con algún banco japonés o alemán y, recientemente, con la mutua británica Kent Reliance o con Cajasur. Un estimable socio de referencia. Habrá que ver cómo queda la distribución accionarial si JC Flowers se hace finalmente con el 30% del capital de Banca Cívica.

En cualquier caso, no se trata de criticar estrategias empresariales en cuanto tales. Las perspectivas de Banca Cívica pueden fortalecerse con estos cambios y el futuro ser brillante. Pero sí cabe cuestionarse si es la estrategia más adecuada para una entidad con un marcado carácter social y territorial en su mismo código genético y bajo la tutela del Gobierno de Navarra. Las preguntas pertinentes son: ¿Quién decide? ¿Con qué criterio?

J.K. Galbraith, un economista brillante que vuelve a estar de moda en estos tiempos de crisis tras años de injusto ostracismo intelectual, venía a decir en su libro El nuevo Estado industrial que la gestión de las grandes corporaciones se evade del control de los accionistas o propietarios y sus objetivos pasan a estar más relacionados con los intereses de los gestores que con la pura maximización del beneficio. Cuando se trata, además, de empresas públicas o de entidades que jurídicamente carecen de propietario, como las cajas de ahorros, es más fácil aún, de tal manera que se dan auténticos «pelotazos» profesionales sin pasar por escrutinio alguno. Un caso paradigmático de ello fue en su día la gestión de Villalonga en Telefónica. ¿Será Banca Cívica otro conspicuo ejemplo? De alguna manera, en todo este proceso ha habido una confluencia, premeditada o no, de intereses entre los gestores de Caja Navarra y el Gobierno de Navarra. Interés político e interés corporativo que convergen para utilizar Caja Navarra en beneficio propio. La mencionada ausencia de propietario y el déficit democrático de la regulación legal de Caja Navarra han favorecido esta situación, así como el uso propagandístico de la entidad. Cuando los resultados no son positivos, se mira para otro lado y se elude cualquier asunción de responsabilidades. Lejos de eso, los muñidores de la cosa quedan bien protegidos y con los riñones cubiertos.

El fondo de la cuestión es una operación política auspiciada por el dogmatismo inclemente y estulto de Miguel Sanz, aunque sea al enorme coste de perder capacidad de decisión e, incluso, ingresos fiscales. Sanz recuerda a Sansón, ese supuesto héroe que, sin embargo, no se para en barras, con tal de hacer daño: «Y exclamó: ‘¡Muera yo junto con los filisteos!’. Después empujó con toda su fuerza, y el edificio se desplomó sobre los príncipes y sobre toda la gente allí reunida. ¡Los que él mató al morir fueron más numerosos que los que había matado en toda su vida!» (Jueces, 16, 30). Ejemplar.

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Banca Cívica: ¿operación incívica?

Las negociaciones sobre la formación de lo que se va a denominar Banca Cívica van a buen ritmo y, se dice, el Banco de España ve con buenos ojos la operación. Quizá el Banco de España sepa de qué va el asunto, pero si nos hemos de guiar por la información transmitida, trabajadores incluidos, todo es bastante oscuro. (El Consejo General de Caja Navarra aprobó por unanimidad la integración en Banca Cívica. De los sindicatos del régimen y el PSN cabe esperar bien poco. Pero el apoyo de IUN es incomprensible e ¿inexplicable?).

¿Qué significa que el Banco de España considere positiva la operación? Mucho o casi nada, según se mire. El Banco de España se enfrenta a la patata caliente de unas cajas que han asumido un elevado riesgo en los años del boom inmobiliario y se encuentran ahora, entre otros problemas, con una morosidad en rápido crecimiento. Y a pesar de lo que se ha repetido con insistencia, la responsabilidad del Banco de España en el actual estado de cosas, fundamentalmente por omisión, no es pequeña. Una de las maneras de reducir la fragilidad del sistema es promediar riesgos mediante fusiones. También se pretende mejorar la solvencia incrementando el tamaño, cuestión sobre la que convendría reflexionar. Sorprende la inamovilidad de las concepciones, la rapidez con la que se vuelve a las ideas de siempre, como si no hubiera pasado nada y no estuviéramos inmersos en la mayor crisis financiera desde los años treinta. Por tanto, que una operación así esté bien para el Banco de España no quiere decir que sea buena para Caja Navarra (a expensas, claro, de quién defina lo que es bueno para Caja Navarra) y, mucho menos, para Navarra.

Es esta una primera acotación necesaria para centrar el tema en sus coordenadas, depurando un ruido que nada aporta pero que llega a utilizarse como cortina de humo o coartada para decisiones, insisto, insuficientemente explicadas. Así, hay una serie de aspectos en los que puede ser conveniente detenerse. La mencionada falta de información dificulta saber si se trata de elucubraciones sin fundamento o hay motivos reales para la reflexión (y la preocupación). Veamos.

¿Qué es exactamente ese ente denominado Banca Cívica? No está muy claro. Una caja no. ¿Un banco? Quizá. Inicialmente se dio a entender que sería una especie de puesta en común de determinados recursos con el fin de reducir costes y obtener sinergias. Algo así como una central de compras en versión financiera. Se le ha llegado a denominar fusión virtual o fusión fría. Pero ahora se habla ya de un Grupo Económico Consolidado (GEC). Si este GEC se configura finalmente como un banco, sería previsiblemente una sociedad anónima, lo que abre la puerta a la privatización de las cajas.

De las características del GEC se sabe poco, pero sí que tendrá su sede (servicios centrales de Banca Cívica) en Madrid. La importancia de este dato no es pequeña. Primero, porque, repitiendo lo que ya hizo UPN con EHN, supone llevar capacidad de decisión fuera de Navarra, perder capacidad de control sobre recursos fundamentalmente navarros. Y segundo, porque la expansión del grupo más allá de los territorios naturales de sus integrantes formará parte del GEC. Esto significa la progresiva dilución del Caja Navarra en el ente Banca Cívica. Hay un factor que contribuiría a acelerar esa dilución. En este momento Caja Navarra es la más grande del grupo. Pero, según algunas previsiones que se barajan, podrían incorporarse en el futuro cajas de mayor tamaño.

En la información facilitada, se dice que las cajas «mantendrán su personalidad jurídica, gestión de obra social, marca y gestión de redes comerciales en sus territorios naturales, manteniendo el arraigo local y compromiso con el desarrollo económico, social e institucional». Esto suena muy bien. Pero, se añade, «las políticas estratégica, financiera, comercial, de créditos y riesgos, internacional y de organización se fijarán desde una nueva sociedad, que actuará como una empresa de servicios financieros plenos». Si la estrategia y los aspectos fundamentales que definen la actividad financiera y bancaria se deciden de forma centralizada, ¿qué queda para cumplir ese compromiso con el territorio de origen? A este respecto, hay un detalle significativo. El acuerdo de integración en Banca Cívica de Caja Burgos contiene un mandato al director general de la entidad para intensificar los contactos con Caja Segovia y Caja de Ávila (y otras en el futuro) «coherentemente con la voluntad permanente de Caja de Burgos de reforzar el sistema financiero regional». Es decir, se trata de ganar peso en el grupo para poder inclinarlo en mayor grado hacia Castilla y León. Todos parten, pues, de que se va a perder contacto con el territorio de origen.

Un último aspecto que se presenta como emblemático y es muy discutible es que se pretende que la nueva entidad tenga como filosofía el concepto de banca cívica tan caro a los actuales dirigentes de Caja Navarra. Ciertamente el concepto ha tenido mucho éxito social y mediático. Pero no es más que una mercantilización abusiva de la obra social que, hay que recordar, constituye una obligación de las cajas. El uso de la obra social como instrumento de marketing lleva a su difuminación, a su distribución con criterios poco claros y a la infrafinanciación generalizada, dejándose además de lado proyectos significativos y relevantes que, por diversas razones, no son susceptibles de obtener apoyos. Es un modelo que tiene poco de cívico y mucho de demagógico o populista.

En suma, el ente Banca Cívica parece ser una fusión solapada, por la puerta de atrás, seguramente porque tanto el Gobierno de Navarra como Caja Navarra saben que es difícil argumentar la conveniencia económica y financiera para Navarra de la fusión y, previsiblemente, la opinión pública no lo entendería. El primer efecto, como ya he comentado, es la pérdida de capacidad de decisión (autonomía, por tanto), de la poca que va quedando ya en Navarra. Pero quizá el verdadero trasfondo esté más en la política que en la economía. Principalmente para evitar la que, a todas luces —salvo a las de Sanz, ferozmente distorsionadas por su antivasquismo fanático y visceral— sería, de ser necesaria alguna fusión, la operación organizativa, económica y financieramente más obvia: la fusión con las cajas vascas. Y, de rebote, se consigue un segundo objetivo político, que es diluir aún mas la personalidad de Navarra en España por la vía crematística, que a la postre suele ser la más segura (algo así pretendía hacer el PSE en la Comunidad Autónoma Vasca, fusionando cada caja con otras de fuera, pero parece haberse echado atrás).

Si el conde de Lerín hubiera sabido que cinco siglos después iba a tener un émulo tan eficaz, se habría ido mucho más satisfecho a la tumba. La sucesión lógica de los acontecimientos, como ya ocurriera hace quinientos años, es que los destinos de Navarra pasen a manos de algún funcionario de la corte castellana. Qué más da llamarla lehendakari, presidenta… o virreina.

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El tránsito de EHN a Iberdrola: de la economía productiva a la especulativa

En octubre de 2004 se cerró un acuerdo en virtud del cual Acciona adquiría el 50% del capital de Energía Hidroeléctrica de Navarra (EHN) a Sodena (39,58%) y Caja Navarra (10,42%). De esta manera Acciona se convertía en propietario único de EHN, puesto que en 2003 ya había adquirido el otro 50% a Cementos Portland (21%), Sodena y Caja Navarra (17%), así como la autocartera generada tras la retirada de Iberdrola (12%). Acciona es un conglomerado diversificado que, en el momento de su entrada en EHN contaba con una potencia instalada en energía eólica de 138 megavatios, frente a los 573 megavatios de EHN.

La operación suscitó considerable polémica, por la justificación aducida y por el uso dado a los 307 millones de euros en plusvalías obtenidos por el Gobierno de Navarra, invertidos en Iberdrola en unas condiciones más que discutibles. De acuerdo con el informe de la Cámara de Comptos, la entrada en Iberdrola supuso en total 264 millones de euros, ya que a los 173 millones que costaron las acciones hay que sumar los casi 91 de la operación de aseguramiento que se suscribió con Caja Navarra. Curiosamente, en marzo de 2007 Sodena decidió no suscribir un nuevo seguro, «dada la situación del mercado así como de los valores correspondientes a Iberdrola»: profético. A 26 de marzo de 2010, esas acciones valían 227 millones de euros. Curiosamente también, Caja Navarra está omnipresente en todas estas operaciones, pero nunca arriesgando nada: en la relación entre el Gobierno y la Banca Cívica muchas veces es difícil saber quién está al servicio de quién.

Entre las razones para justificar la venta, se adujo que el mapa eólico de Navarra estaba completo o que el plan estratégico de EHN preveía unas inversiones de 2.000 millones de euros que el sector público navarro no podía asumir. Y, sobre ellas, la fundamental, la más esclarecedora: era, en palabras de Sanz, «positiva para los intereses generales de los navarros». Dejando aparte esta última, por vacía e inconsistente, las otras dos tampoco tienen demasiada enjundia y parecen más bien dictadas por la necesidad de decir algo: la primera porque EHN estaba ya experimentando una expansión que, en la medida en que podía permitir la adquisición de una dimensión adecuada para enfrentarse a las necesidades financieras que impone mantenerse tecnológicamente en puestos de cabeza, ha de ser considerada saludable; la segunda, porque el mencionado plan fue elaborado estando ya Acciona en EHN y, seguramente, atendiendo a sus intereses corporativos. Últimamente, para añadir el insulto a la injuria, se vuelve a oír hablar de ampliar o reabrir el mapa eólico.

No es raro que una empresa llegue a un punto en su existencia en el que se enfrente a la disyuntiva de dar el salto más allá de su mercado de origen (muchas veces regional o local) o desaparecer en el torbellino de la competencia internacional. Es, pues, una cuestión de pura supervivencia, que puede asegurarse, de tener éxito, por dos vías: el crecimiento a partir de los propios recursos o la integración en una empresa o grupo más grande, a menudo multinacional. El grupo cooperativo de Mondragón (con 4.000 empleos en Navarra) es un ejemplo de lo primero; la fuerte presencia de multinacionales en Navarra refleja, en parte, lo segundo. Que se opte por una u otra vía depende tanto de la idiosincrasia empresarial como del contexto, es decir, del sesgo de la política industrial y tecnológica (cuando existe).

Tradicionalmente las políticas de fomento han consistido en Navarra en la atracción de inversiones foráneas. Ello ha dado buenos resultados y ha permitido un crecimiento sostenido, con sus efectos ya conocidos sobre la renta y el empleo. A cambio, los centros de decisión están fuera, lo que se ve agravado por el hecho de que la mayoría de las plantas instaladas en Navarra forma parte de grupos multinacionales de diversa, pero siempre elevada, complejidad organizativa. Las decisiones, por tanto, se toman teniendo en cuenta el interés global del grupo, que no va a coincidir necesariamente con el de plantas individuales y, si hay algún sesgo, suele favorecer al lugar donde se ubica la sede social, normalmente su lugar de origen, donde también tienden a localizarse los centros y actividades de I+D. Habida cuenta de que una de las grandes debilidades de Navarra es la carencia de iniciativas empresariales, puede terminar, como consecuencia de este proceso, reducida a un área puramente manufacturera, con el riesgo consiguiente —esta vez sí— de deslocalización, porque los factores que han explicado el atractivo de Navarra para la inversión ni son permanentes ni son exclusivos.

La manera de sortear estos inconvenientes es suscitar actividad a partir del propio potencial y en actividades tecnológicamente avanzadas, ya procedan las iniciativas del sector privado, del público o de la cooperación de ambos. EHN reunía las condiciones para ello. Por un lado, podía haber sido el núcleo de un grupo industrial potente con centro en Navarra (toma de decisiones, I+D); por otro, constituir el motor del desarrollo tecnológico en un campo tan sensible y con tantas posibilidades de futuro como el de las energías alternativas. A pesar del compromiso de Acciona de mantener la sede social de EHN en Navarra, las decisiones de mayor trascendencia ya no se toman aquí y, en cualquier caso, se está al albur de la conveniencia de una empresa cuyo grado de compromiso puede variar por circunstancias que quedan fuera del control del Gobierno de Navarra. Cuando tantos gobiernos desearían tener una herramienta como EHN para incidir en el desarrollo económico y tecnológico, en Navarra se desperdició con razones, las oficiales, de escaso fuste, y mostrando, una vez más, la considerable —y sospechosa— miopía que parece afectar irremisiblemente a la derecha gobernante navarra cuando se trata de tomar decisiones en las que hay beneficios que asignar. La misma diligencia —y opacidad— con que el sector público foral se desembarazó de EHN se puso luego, por ejemplo, en la «nacionalización» del circuito de Los Arcos. No creo exagerado afirmar que la venta de EHN es el mayor error de política industrial que se ha cometido en Navarra en muchos años. Que además se hayan amparado pelotazos y se decidiera invertir, por razones oscuras (las oficiales no son creíbles) y quizá inconfesables, en Iberdrola, muestra claramente el tránsito desde el uso productivo de los recursos públicos al meramente especulativo y la visión caciquil y cortijera que de Navarra tiene UPN.

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¿Banca (in)cívica?

Es de sobra conocida —y los excesos publicitarios no son ajenos a ello— la campaña de Caja Navarra de reparto de los fondos destinados a la obra social, denominada «banca cívica», con el lema «tú eliges: tú decides». Las entidades financieras son particularmente proclives a este tipo de campañas, con eslóganes rimbombantes, exhibición de medios y abundante derroche de materiales. Normalmente se refieren a cuestiones relacionadas con el negocio bancario, esto es, la oferta de productos financieros, ya sean de activo o de pasivo, para captar clientes. A veces, especialmente en las cajas por la obligación de destinar parte de sus beneficios a obras sociales, se busca ese objetivo indirectamente, mediante campañas de imagen. Lo habitual es que se una el nombre de la entidad a actividades de promoción y divulgación científica o artística, de recuperación del patrimonio histórico y artístico o de regeneración ambiental.

Caja Navarra da un paso más, pretendiendo que sean los clientes quienes decidan el uso de los fondos destinados a la obra social. La apariencia —tanto en diseño técnico como social— es impecable, pero puede dar lugar —seguramente ya está ocurriendo, por lo que se cuenta— a resultados perversos. Los clientes deben votar a cada proyecto concreto y se obliga a los aspirantes a pelearse por ayudas muchas veces ridículas. Basta con repasar los proyectos ahora en marcha, los que realmente se llevan financiación (y la cuantía obtenida) y el destino que se venía dando a esos fondos anteriormente. De seguir así, Caja Navarra terminará financiando paragüeros para clubes sociales, felpudos en casas parroquiales o porciones de parques infantiles por pueblos y barrios. Que no es que esté mal o sean innecesarios, pero se antoja un triste destino para una obra que se dice social. O quizá es un ejemplo más de la tradicional confusión entre lo social y la beneficencia.

Por supuesto, es una opción, difundir los fondos al máximo y hacerse presente en el último rincón de la Comunidad, aunque suena mucho a uso demagógico de unos fondos, con fines cosméticos. Además, es sabido que en muchas materias susceptibles de empleo de fondos de ese tipo existen mínimos o masas críticas que pueden aconsejar su concentración en proyectos concretos. Caja Navarra parece haber asumido el papel de demiurgo munificente, optando por la visibilidad extrema —no necesariamente transparencia— en la distribución del maná y renunciando de hecho a objetivos de promoción social, cultural y científica que deberían estar entre las prioridades de la entidad, dada su naturaleza. Que se obligue a las universidades a competir, proyecto a proyecto, en esta estrambótica feria, es la mejor prueba de que lo que se busca es exclusivamente imagen (objetivo conseguido, por cierto). Populismo en el reparto de fondo, incluso popularidad, no equivalen a rentabilidad social.

Quizá sería mejor que se dedicara a hacer una banca realmente sostenible, reduciendo el derroche energético de sus oficinas o el enorme e innecesario gasto en folletos, propaganda, revistas, catálogos y demás parafernalia relacionada con la ya desgastada «banca cívica». ¿Cuál será su huella ecológica? Puestos a calcular...

Y ya de paso, que se deje de adorar el becerro de oro de las ratios financieras para ser efectivamente instrumento de progreso económico y social. Todavía hay muchas cosas por aclarar en el asunto de la venta de EHN y la compra de acciones de Iberdrola, pero la información disponible da a entender que en el trasiego de operaciones alguien ganaba siempre (la «banca cívica») y alguien arriesgaba siempre (Sodena, léase Hacienda de Navarra).

No quiero terminar sin una mención a la minúscula presencia del euskera (salvo en la página web), como si no existiera o no fuera con una entidad que presume de estar tan profundamente enraizada. Seguramente habrá que esperar a que se consolide su expansión por la Comunidad Autónoma Vasca para que empiecen a preocuparse de esa lengua. ¿Será que no hay mal que por bien no venga?

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