Aunque a toro pasado, habida cuenta de que la reforma fiscal se ha aprobado, tanto en el Estado como en Navarra, ahí va una reflexión algo extensa en la que se ha basado mi opinión sobre el asunto. Creo que son cuestiones que no conviene olvidar si se parte de que la labor del sector público consiste en algo más que lubricar adecuadamente el sistema productivo para que funcione sin fricciones y asegurar así elevadas tasas de beneficio. No es que eso carezca de importancia, pero es sólo una parte de la historia. Centrarse sólo en ella significa renunciar a las posibilidades de cambio social que ha alimentado la izquierda desde sus mismos orígenes y convertir al sector público en mero agente del capital (productivo y, lo que es más peligroso, financiero).
El esquema del texto es el siguiente:
1 Introducción
Antes de entrar en materia, conviene hacer tres consideraciones:
Hoy día se admite con generalidad —al menos en el ámbito europeo y con matices— que la reducción de las desigualdades sociales, mediante políticas de redistribución, es un objetivo deseable de la actuación pública. Por supuesto, no es un dogma de fe y también hay quien piensa —es la posición liberal, por ejemplo— que es un mal objetivo y que el bienestar global se hace máximo si no se eliminan incentivos ni se ponen trabas a la libre iniciativa. Pero la percepción de la calidad de vida —y por tanto del bienestar— parece estar muy ligada a menores desigualdades sociales y económicas.
La reducción de tales desigualdades se ha basado en dos elementos: por el lado de los ingresos, un sistema impositivo progresivo centrado en los impuestos directos; por el lado del gasto, un sistema de prestaciones sociales y transferencias redistribuidor a favor de las rentas más bajas. Pues bien, mediciones de desigualdad realizadas en varios países europeos permiten extraer interesantes conclusiones sobre la capacidad redistribuidora de impuestos y transferencias. En todos los países la distribución de la renta efectivamente disponible por las familias (descontando impuestos y cotizaciones sociales y sumando transferencias) es más igualitaria que la renta bruta. Pero, y aquí viene lo llamativo, la responsabilidad de los impuestos en la redistribución de la renta es pequeña. Seguramente la reducción de la progresividad de la imposición directa, el diferente tratamiento de las rentas según su origen, el fraude fiscal o la importancia creciente de los impuestos indirectos han tenido alguna influencia en ello. En consecuencia, el peso de la reducción de las desigualdades recae sobre las transferencias.
Eso no quiere decir, por supuesto, que el diseño del sistema impositivo carezca de importancia. Pero su principal función consiste en proporcionar los recursos para alimentar el sistema de transferencias y prestaciones sociales. Por tanto, habrá de ser capaz para desempeñar esa función, respetándose en su diseño algunos principios básicos, como:
Estas consideraciones son relevantes, por ejemplo, a la hora de decidir sobre la conveniencia de desarrollar determinadas políticas a través de beneficios fiscales (deducciones en el IRPF) o bien mediante programas de transferencias, como es el caso que nos ocupa.
2 Lo que dice la teoría: la política fiscal como medio para influir en la actividad económica
Aunque desde los años ochenta la corriente académica y doctrinal dominante («ortodoxa») ha tratado de imponer la idea de la «vía única» para la política económica, dista de ser cierta. Hay distintas posibilidades de actuación, que nos van a dar la medida de las concepciones más o menos progresistas, más o menos conservadoras, de quienes tienen responsabilidades de gobierno.
Por poner un ejemplo, cuando Clinton llegó en 1993 a la presidencia, existía una convicción general de que habría una expansión keynesiana del gasto social, especialmente en educación y sanidad, para contrarrestar los excesos desreguladores de los tres mandatos republicanos anteriores, así como para atender una situación social que muchos sectores del país consideraban preocupante. Sin embargo, no ocurrió eso. Clinton se benefició del llamado «dividendo de la paz» (la reducción del gasto militar como consecuencia del fin de la guerra fría), pero no lo invirtió en políticas sociales sino que siguió una política muy ortodoxa de gestión del presupuesto, saneando las cuentas públicas y dejando el presupuesto federal con superávit.
En Europa, la unión monetaria ha supuesto la atribución de la responsabilidad de la política monetaria al Banco Central Europeo. La política fiscal, sin embargo, queda en manos de los Estados y demás niveles políticos y administrativos con competencias para ello.
La política fiscal actúa sobre los ingresos (impuestos) y los gastos del sector público. En teoría, una expansión del gasto pública y una reducción de impuestos tienen los mismos efectos sobre la economía, expansivos. La reducción del gasto o el aumento de impuestos tendrían efectos opuestos, restrictivos. En el caso de las políticas expansivas, el mecanismo sería el siguiente:
Estas medidas deben ser coherentes con los objetivos sociales, económicos y políticos a largo plazo, esto es, con la ideología y las aspiraciones del grupo político. Pero también con el contexto económico: por ejemplo, no es igual una crisis de demanda que una de oferta, como no es igual un contexto inflacionista o deflacionista.
Por otra parte, las economías modernas cuentan con los denominados «estabilizadores automáticos», es decir, mecanismos que hacen aumentar o reducir gastos e ingresos públicos según la coyuntura económica. Por ejemplo, si los ingresos de las familias se reducen, también lo hace su carga fiscal y en una proporción mayor, debido a la progresividad de la tarifa. Igualmente, determinados gastos como los pagos por desempleo se incrementan en fases recesivas.
3 La rebaja fiscal de los 400 euros
La medida aplicada por el Estado consiste en la reducción de la cuota del impuesto en 400 euros. El resultado final es, en determinados casos, un incremento de la renta disponible del declarante hasta esa cuantía:
Se ha aducido como un inconveniente que la deducción es lineal, esto es, la misma cantidad sea cual sea la renta del contribuyente. Es un inconveniente relativo, puesto que al tratarse de una deducción de la cuota su impacto es proporcionalmente superior en las rentas más bajas y, por tanto, respeta la progresividad. Se trata, en suma, de una medida limitada con el objeto declarado de mejorar la situación económica de las familias.
4 Los 400 euros y la autonomía fiscal de Navarra
La deducción de 400 euros se pone en práctica, jurídicamente, mediante una reforma de la ley estatal que regula el IRPF (Ley 35/2006 de 28 de noviembre) y no es de aplicación en Navarra.
De acuerdo con el vigente Convenio Económico con el Estado, Navarra «tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario», con la condición de que la presión fiscal efectiva global sea equivalente a la existente en el resto del Estado.
Por tanto, la medida en sí no es aplicable en Navarra, donde para aplicar una medida similar es necesaria una reforma de la legislación fiscal foral. Tampoco es posible descontar su coste recaudatorio del cupo, por razones técnicas y conceptuales:
5 Valoración de la medida
La medida plantea problemas y objeciones desde distintos puntos de vista. Dada la forma en que se ha planteado el debate, se puede abordar desde dos ángulos: su efectividad y su coherencia con una visión progresista. La referencia será Navarra. Por tanto, se trata de dilucidar la conveniencia de trasladar a Navarra la reforma del IRPF estatal o no, dando por zanjada la discusión sobre el descuento de su coste del cupo. El Gobierno de Navarra se negó a aplicarla tal cual, pero, en cambio, ha pactado con el PSN una reforma fiscal del mismo tipo, aunque matizada, al introducir cierta progresividad en la deducción que, por tanto, tendrá un alcance más limitado. De hecho, el coste recaudatorio es aproximadamente la mitad del que hubiera supuesto la traslación mimética de la norma estatal.
Si la efectividad parece que va a ser reducida en el Estado —así lo ha manifestado, por ejemplo, el Banco de España—, en Navarra lo será (razonando en términos relativos) mucho más, debido a que al ser la navarra una economía completamente abierta, las filtraciones o desbordamientos hacia el exterior son mayores; es decir, de traducirse una proporción significativa de la rebaja fiscal en incremento del consumo privado, una parte del mismo serviría para adquirir bienes y servicios producidos fuera de Navarra. Incluso si se esperara que la medida tuviera efectos significativos en el Estado, cabría objetar su aplicación en Navarra precisamente porque ésta se beneficiaría del efecto expansivo sin asumir su coste recaudatorio. Y, en cualquier caso, el empeoramiento de las expectativas puede hacer que buena parte de la rebaja fiscal se traduzca en mayor ahorro, sin efecto inmediato sobre el nivel de actividad.
También cabe plantearse si esta medida es compatible con una visión progresista de la sociedad y la economía. Los liberales suelen achacar a la izquierda una obsesión por los impuestos y el incremento de la carga fiscal. En la propia izquierda han surgido visiones más o menos dogmáticas que reniegan de cualquier reducción fiscal. En cualquier caso, las posiciones más progresistas suelen apostar por un reforzamiento de los mecanismos sociales. Por su parte, la derecha liberal o conservadora suele ser partidaria de actuar sobre los ingresos, siempre reduciéndolos. La justificación teórica gira en torno a la denominada «curva de Laffer», un artefacto que no ha tenido mucha credibilidad académica pero que ha sido muy utilizado como argumento por gobiernos conservadores (Reagan, Aznar-Rato). La idea es simple: una reducción de impuestos libera recursos para el consumo y el ahorro, lo que genera más inversión, más actividad económica y, de rebote, un aumento de la recaudación fiscal. El problema es determinar en qué punto de la curva se encuentra una economía. Se podría pensar en un escenario así con tipos impositivos confiscatorios, una situación altamente improbable.
No se trata de entrar en ese debate ni de negar a ultranza la posibilidad de aligerar la carga fiscal. Por el contrario, se trata de analizar los beneficios y los perjuicios de la medida desde la mencionada concepción progresista. Es significativo, por ejemplo, que en una sociedad que constituye el paradigma de Estado de Bienestar, como es la sueca, los conservadores sólo consiguieran llegar al gobierno (en 2006) cuando «aparcaron» sus propuestas anteriores de reducción de impuestos. Al parecer, el electorado sueco es muy consciente de la relación entre ingresos impositivos y prestaciones.
Evidentemente, una rebaja fiscal sería admisible, incluso deseable, si la presión fiscal fuera insoportable, estuviera mal distribuida o impidiera el desenvolvimiento económico. No parece ser el caso. Incluso cabría objetar la diferencia en la carga fiscal según su origen, que, sumado al elevado fraude fiscal, convierte el IRPF de hecho en un impuesto sobre las nóminas. Pero, como ya se ha dicho, las rebajas fiscales son prácticamente irreversibles y hoy nadie se plantea elevar la fiscalidad de las rentas del capital. Sin olvidar que la carga fiscal de las familias se reducirá si lo hace la renta debido a la escala progresiva de gravamen.
También se ha dicho que los impuestos son la contrapartida, la fuente que permite alimentar el gasto público y, dentro de éste, el gasto social, todo el entramado de prestaciones sociales que definen lo que conocemos como Estado de Bienestar. También en este aspecto podría justificarse una rebaja fiscal si existiera un exceso en la provisión de servicios públicos, una mala selección de los mismos (por ejemplo, un gasto militar desmesurado) o un manifiesto derroche. Tampoco es el caso. Los indicadores más gruesos, como el peso del presupuesto público en la economía, dan resultados opuestos (con datos estatales, España está en el puesto 16 de la UE-27 y, salvo Irlanda, los países con un menor esfuerzo en protección social son de las dos últimas ampliaciones y menor nivel de renta). Los indicadores sociales muestran en Navarra un deterioro sostenido en los últimos años, siendo especialmente perceptibles en servicios como la sanidad y la educación (a pesar del discurso triunfalista oficial): la formación profesional presenta muchas deficiencias, la productividad evoluciona negativamente, el desempeño tecnológico es mediocre, los niveles de pobreza relativa son preocupantes, hasta la proporción de camas hospitalarias deja mucho que desear. Dada la situación, parece que el camino a recorrer debería ir en la dirección de reforzar los servicios públicos y las prestaciones sociales e incrementarlas.
La rebaja fiscal sería incompatible con estos objetivos. La recesión económica (utilizando el término en sentido extenso) dará lugar de por sí a una reducción de los ingresos o, al menos, a un dinamismo menor, mientras que los gastos tenderán a incrementarse. Si, además, se reduce la capacidad recaudatoria, se corre el riesgo de que buena parte —si no todo— del superávit acumulado en la fase expansiva se dedique a financiar la rebaja fiscal, al tiempo que se limita la capacidad de respuesta del sector público. Se reproduciría así un esquema desgraciamente frecuente: cuando hay superávit se reducen impuestos. Si cambia el ciclo económico, el déficit se convierte rápidamente en insoportable y se reducen gastos y prestaciones sociales, especialmente las dirigidas a los grupos sociales más desfavorecidos. La consecuencia es un incremento de las desigualdades, una menor capacidad de actuación pública y un abandono a su suerte de los estratos sociales más débiles, puesto que la reducción de prestaciones es selectiva y regresiva.
En suma, después de las sucesivas rebajas fiscales habidas en las últimas dos décadas, el raquitismo y la vulnerabilidad del sistema de prestaciones sociales, desaconsejaban —y desaconsejan— la última reforma fiscal, máxime a la vista de su esperable efecto asimétrico y regresivo. Otra cuestión es cómo ve la opinión pública el asunto. Pero frente al electoralismo a ultranza, que justificaría cualquier medida según un cálculo de votos ganados y perdidos, se impone un ejercicio de pedagogía política.
17 julio 2008
Reflexiones sobre la reforma fiscal en Navarra
21 junio 2008
Regional-socialismo: keynesianismo de alpargata y regresividad fiscal
La coalición UPN-PSN (con CDN ya no cuentan ni para la galería) tuvo su epifanía hace unas semanas con el anuncio de Navarra 2012, que no es una exposición, ni un aniversario (aunque por esas fechas, si el electorado no lo remedia, Sanz-Lerín y sus eventuales secuaces-sucesores celebrarán —seguro que con todo boato y profusión de recursos públicos— un ominoso centenario). Tampoco es un anuncio de olimpiadas, campeonatos variados o cualesquiera otras formas al uso de prodigarse con cargo a los presupuestos, comprar voluntades, ganar amigos y alimentar a los preexistentes. Nada de eso. El plan Navarra 2012 es una amalgama de obras ya previstas, algunas incluso iniciadas y otras que creíamos desechadas, como el museo de los Sanfermines, sorpresivamente recuperado, quizá por su fuerte efecto dinamizador sobre la economía navarra. Ya puestos, ¿por qué no incluir también el puente de Tudela, la casa consistorial de Pamplona, la ciudadela o el acueducto de Noain? Nadie se iba a dar cuenta.
La segunda entrega de la coyunda regional-socialista es la reforma fiscal. En este caso se da una situación curiosa. Quienes ideológicamente comulgan con los principios de la reforma, esto es, la derecha conservadora (y liberal, pero eso no existe en Navarra), no se atrevían con ella por miedo a la insuficiencia presupuestaria que se puede generar. Y quienes deberían rechazar una medida así, la imponen con chulería porque, no en vano, fue una promesa desesperada de quien se ha demostrado maestro en el manejo de sondeos, a pesar de que no le sirvió para ganar por los pelos unas elecciones en las que se alimentó de los miedos sembrados por el PP.
Decía Elena Torres al presentar el acuerdo que es una medida «realizable, progresiva y progresista». Es realizable, porque se va a hacer. Es progresiva sólo si se interpreta la medida sin ir más allá de su estricta formulación técnica. Si avanzamos en sus implicaciones, es claramente regresiva. Y, en consecuencia, es cualquier cosa menos progresista. El papel, las grabadoras, lo aguantan todo… En esa línea demagógica, dice también Torres que la medida se va a llevar a cabo «sin restar un euro» a las políticas sociales. Eso está por ver. A no ser que, siguiendo la estela del Navarra 2012, nos termine vendiendo como política social atender obligaciones ya contraídas, como los sueldos de los funcionarios o la factura de la luz de sus instalaciones.
Al parecer, la medida «inyecta liquidez, favorece el consumo, da mayor capacidad a las familias y ayuda mucho a los mileuristas». Ahí es nada. No entiendo por qué no se ha hecho mucho antes. A base de repartir cuatrocientos euros de vez en cuando, tendríamos ya el paraíso en la Tierra…
Para empezar, aunque los efectos teóricos agregados de una reducción de impuestos sean similares a los de una expansión del gasto, en la práctica no ocurre así, porque sus efectos sociales, especialmente en lo que se refiere a la redistribución de la renta, pueden ser notoriamente distintos. Tampoco hay que olvidar que la reducción de la actividad económica y, en su caso, de los ingresos de las familias, tiene traducción inmediata en los impuestos a pagar. Por tanto, una reducción adicional implica menor capacidad del sector público para atender una situación de crisis. Cualquier respuesta progresista a la situación actual debe plantearse desde el lado del gasto y con objetivos redistribuidores. Recuérdese la gestión que un gobierno socialista hizo de la recesión de principios de los noventa, que culminó con un recorte brutal del sistema de prestaciones sociales. Llevamos el mismo camino.
En cuanto a la efectividad de la medida, todos los técnicos, de todas las orientaciones políticas, coinciden en señalar que va a ser escasa. El propio Banco de España, junto a las consabidas y cansinas (lleva treinta años diciendo lo mismo) reclamaciones de mayor flexibilidad laboral, critica las reducciones de impuestos por entender que no queda margen para ello y aconseja dejar actuar los estabilizadores automáticos. La inyección de liquidez va a ser insignificante; dado el elevado endeudamiento de las familias, es dudoso que favorezca el consumo y muy probablemente —a la vista de las expectativas sobre tipos de interés— la mayor parte se destinará al ahorro (aunque sea a esa forma salvaje de ahorro forzoso que son las hipotecas). En cuanto a si da capacidad a las familias o ayuda «mucho» a los mileuristas, me temo que los efectos colaterales no van a ir en esa dirección: ¿es una ayuda para las familias tener que recurrir al sector sanitario privado de forma creciente para superar las deficiencias de un sistema público que no va a hacer sino empeorar con medidas como la acordada? ¿cómo se ayuda a los mileuristas, con limosnas o con prestaciones sociales? A cambio, se comen una parte sustancial del superávit acumulado, que pasa de colchón a incómoda estera.
Una rebaja fiscal sería aceptable, incluso sería progresista, si se dieran algunas condiciones: que la presión fiscal fuera insoportable; o que la provisión de servicios públicos fuera excesiva, estuvieran mal seleccionados (por ejemplo, un gasto militar desmesurado) o supusieran un manifiesto derroche. ¿Se puede argumentar eso en Navarra? No es lo que dicen los indicadores. Por ejemplo, Navarra cuenta con 3,85 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes. La media de la UE-25 es de 5,81. La OMS, por su parte, estima que el óptimo está entre 8 y 10. Lo mismo pasa prácticamente con cualquier indicador social. El panorama es de deterioro sostenido en los últimos años, especialmente percibido en la sanidad y la educación; la formación profesional presenta muchas deficiencias; la productividad evoluciona negativamente; el desempeño tecnológico es, según la UE, mediocre; los niveles de pobreza relativa son preocupantes; el modelo económico está agotado y no hay capacidad ni entusiasmo por proponer alternativas; y todo ello en un contexto de crisis, de cambios todavía difíciles de percibir en su magnitud pero que se adivinan estructuralmente intensos.
Así las cosas, ¿qué interesa más a la sociedad navarra? ¿Diseñar un sistema económico y social acorde con los tiempos y a la altura de lo que demanda una sociedad avanzada, o hacer seguidismo con tufillo colonial de las promesas electorales a la desesperada de un iluminado?
08 noviembre 2006
De impuestos y transferencias: ¿qué política fiscal?
El pasado 17 de septiembre hubo elecciones en Suecia y las ganó el bloque conservador, en lo que se interpretó como una reacción de hastío tras doce años de gobierno socialdemócrata. Conviene aclarar que desde 1930 los conservadores apenas han gobernado diez años (1976-1982 y 1991-1994). Su último período concluyó abruptamente debido, al parecer, a que el electorado no veía con buenos ojos la aplicación de las teorías neoliberales en lo que a intervención pública en la economía y sistema de prestaciones sociales afectaba. El señuelo de las reducciones impositivas no funcionó. En 1994, cuando la derrota conservadora parecía inminente, los empresarios intervinieron en la campaña electoral, advirtiendo que de ganar los socialdemócratas podría haber un desplazamiento masivo de empresas e inversiones a países con menores exigencias ambientales, fiscales y laborales.
Pues bien, nada de eso ocurrió. La situación de Suecia es hoy envidiable en muchos aspectos. Incluso tiene superávit presupuestario y todo ello a pesar de permanecer fuera de la unión monetaria europea. Hace unos años se llegó a pensar en realizar un referéndum para aprobar rebajas impositivas y se renunció porque los estudios de opinión señalaban que una mayoría amplia de la población prefería pagar más impuestos a cambio de mantener el sistema de prestaciones sociales. ¿Qué ha pasado en estos años para que los conservadores hayan podido llegar al gobierno? Algo tan simple como que han renunciado a sus viejas aspiraciones y ya no hablan de adelgazar el Estado del Bienestar.
Desde que se iniciara la denominada revolución conservadora , la reducción de impuestos ha sido objeto de una competencia frenética entre gobiernos de todo signo; nadie quiere aparecer como el elevador -ni siquiera mantenedor- de impuestos (otra cosa es la carga fiscal, como bien sabe el PP). Puesto que unos menores ingresos dan menor capacidad de gasto (y, no se olvide, menores posibilidades de reacción cuando vienen mal dadas), el resultado es una reducción (asimétrica y regresiva) de las prestaciones y servicios sociales, en cantidad y calidad.
A pesar de todo, hoy día se admite con generalidad —al menos en el ámbito europeo— que la reducción de las desigualdades sociales, mediante políticas de redistribución, es un objetivo deseable de la actuación pública. Por supuesto, no es un dogma de fe y también hay quien piensa que es un mal objetivo y que el bienestar global se hace máximo si no se eliminan incentivos ni se ponen trabas a la libre iniciativa. Pero la percepción de la calidad de vida —y por tanto del bienestar— parece estar muy ligada a menores desigualdades sociales y económicas.
La reducción de tales desigualdades se ha basado en dos elementos: por el lado de los ingresos, un sistema impositivo progresivo centrado en los impuestos directos; por el lado del gasto, un sistema de prestaciones sociales y transferencias redistribuidor a favor de las rentas más bajas. Pues bien, mediciones de desigualdad realizadas en varios países europeos permiten extraer interesantes conclusiones sobre la capacidad redistribuidora de impuestos y transferencias. En todos los países la distribución de la renta efectivamente disponible por las familias (descontando impuestos y cotizaciones sociales y sumando transferencias) es más igualitaria que la renta bruta. Pero, y aquí viene lo llamativo, la responsabilidad de los impuestos en la redistribución de la renta es pequeña. Seguramente la reducción de la progresividad de la imposición directa, el fraude fiscal o la importancia creciente de los impuestos indirectos han tenido alguna influencia en ello. En consecuencia, el peso de la reducción de las desigualdades recae sobre las transferencias.
Eso no quiere decir, por supuesto, que el diseño del sistema impositivo carezca de importancia. Pero su principal función consiste en proveer de recursos para alimentar el sistema de transferencias y prestaciones sociales. No estaría de más en este contexto alguna reflexión sobre la conveniencia de desarrollar determinadas políticas a través de beneficios fiscales (deducciones en el IRPF) o bien mediante programas de transferencias.
Viene esto a cuento de la presentación al Parlamento del proyecto de presupuestos de Navarra para 2007 y las declaraciones del consejero Iribarren en torno a los mismos. El consejero planteó dos cuestiones que son muy reveladoras de la concepción que tiene la derecha acerca del funcionamiento de la economía y el papel del sector público, así como de la actuación de UPN en sus años de gobierno (dejemos aparte el ciclo electoral del gasto público, que daría para mucho, especialmente en los presupuestos de 2007, buen indicador de hasta dónde cunde el nerviosismo). Y explican el ya evidente deterioro de servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación. Deterioro que no se arregla a última hora proyectando algún colegio o vacunando contra la varicela.
Iribarren reconoció que no es posible incrementar el gasto social, pero el argumento es, como mínimo, irrespetuoso con los asalariados: el 87% de la recaudación del IRPF procede de los salarios y los trabajadores no van a querer que se les suban los impuestos. Es decir, los salarios representan algo más de la mitad de las rentas de la economía, pero el 87% de la recaudación por IRPF. En esas condiciones es lógico que los asalariados no quieran pagar más. Pero seguro que se puede incrementar el exiguo 13% de las rentas del capital. Aplicado a los presupuestos de 2007 ello equivaldría a recaudar de media el 14% de los salarios, pero sólo el 2% de las rentas del capital. Eso sí que es un paraíso fiscal. Y para colmo, el consejero alardeando de que se premia el ahorro. Hagan una cuenta sencilla: con unos ingresos netos anuales de 18.000 euros (sin deducciones familiares ni de otro tipo), la cuota a pagar es de casi un 50% más si las rentas son del trabajo que si proceden del capital; y para tener unas rentas del capital así es necesario un patrimonio de cierta entidad. El viejo cuento de vender reducciones de impuestos y mejora de prestaciones termina por ser insultante y demagógico porque, a diferencia de lo que afirma el consejero, no incrementa el bienestar. Y ahora nos viene con que no vale compararse con Alemania. Quizá hay que compararse con Haití. Cuando conviene, Navarra es el ombligo del mundo. ¿Y cuando no, qué es? ¿Una hemorroide?
(Diario de Noticias, 8 de noviembre de 2006)
