El sueño de la sinrazón produce monstruos: la Iglesia católica y sus problemas con el sexo

Estos días se ha hablado mucho de las declaraciones de Cañizares que, recordemos, ya no es simplemente un ordinario diocesano, sino miembro de la estructura de gobierno de la Iglesia católica, una especie de ministro de la única dictadura (subtipo monarquía absoluta y teocrática) que subsiste en Europa. Cañizares comparaba el ejercicio del derecho al aborto por parte de muchas mujeres (allí donde pueden ejercerlo, que no es el caso de Navarra) con la bárbara conculcación de derechos de menores por parte del clero católico irlandés, en una macabra versión del tradicional «y tú más» con que se suele pretender tapar las vergüenzas propias, ante la evidencia palmaria de que la Iglesia lleva siglos regando de víctimas los campos en los que ha ido sentando sus reales.

Las declaraciones de Cañizares han coincidido con otra joya que la Iglesia ha tenido a bien regalarnos, de la mano de Alfa y Omega, un semanario de la diócesis de Madrid, gobernada con mano de hierro por el fundamentalista Rouco. En su número 643 (28 de mayo de 2009), aparece un texto —firmado por su redactor jefe, Ricardo Benjumea— que, para apreciar en todo su esplendor, creo necesario reproducir completo.

La violación, ¿fuera del Código Penal?

Nada más lejos de mi intención que frivolizar con la violación. Pido disculpas a quien así lo ha entendido. La cuestión es: reducido el sexo a simple entretenimiento, ¿qué sentido tiene mantener la violación en el Código Penal? ¿No debería equipararse a otras formas de agresión, como si, por ejemplo, obligáramos a alguien a divertirse durante algunos minutos? ¿Por qué tanta disparidad en las condenas?

No es demagogia. Hay movimientos recientes en esa dirección. En marzo, en una decisión sin precedentes, el Consejo de Ministros concedió el indulto parcial a un violador, cuya condena a 12 años, ratificada por el Tribunal Supremo, se redujo a cinco años. El condenado es un joven homosexual, bien relacionado con círculos progubernamentales de la industria del espectáculo, que asaltó a otro joven en los lavabos de una discoteca. Sus tres cómplices fueron favorecidos por la Secretaría de Prisiones, de la Generalidad de Cataluña, en otra decisión sin precedentes: obtuvieron el tercer grado, y pudieron abandonar la cárcel tras sólo 8 meses de condena.

Cuando se banaliza el sexo, se disocia de la procreación y se desvincula del matrimonio, deja de tener sentido la consideración de la violación como delito penal. Ése es el ambiente cultural en el que vivimos, y, sin embargo, la inmensa mayoría de españoles consideraría una aberración que se sacara la violación del Código Penal, aunque, a sólo cien metros, uno tuviera una farmacia donde comprar, sin receta, la pastillita que convierte las relaciones sexuales en simples actos para el gozo y el disfrute. Esa hipotética indignación es un motivo de esperanza, porque demuestra que la deshumanización de la sexualidad, que promueve el Gobierno, todavía no ha llegado a un punto de no retorno.


Sabíamos que la Iglesia actual, controlada por su sector más integrista, es poco sensible a los problemas sociales y se siente particularmente ajena a cuanto afecta a la mujer, salvo para minusvalorarla o relegarla a un papel vicario en la sociedad y en la propia Iglesia. La literatura católica está llena de perlas relacionadas con esta cuestión, respecto de las cuales no cabe aducir su obsolescencia, porque la Iglesia se nutre —en su visión dogmática e inflexible de la vida— de la verdad revelada y del argumento de autoridad, ambos inmutables por definición. Cuesta mucho entender el proceso mental que puede llevar a escribir un texto así, como no sea algún tipo de perversión que escapa a mi mente pecadora y a mi espíritu disoluto. Pero sí que me sugiere dos consideraciones.

La primera es que los fundamentalistas católicos parecen cultivar algún tipo de sadomasoquismo que les lleva a concebir el placer sexual inextricablemente vinculado al dolor. Sólo así se entiende la continua equiparación en el texto de la violación con la diversión: «¿No debería equipararse a otras formas de agresión, como si, por ejemplo, obligáramos a alguien a divertirse durante algunos minutos?», «la inmensa mayoría de españoles consideraría una aberración que se sacara la violación del Código Penal, aunque, a sólo cien metros, uno tuviera una farmacia donde comprar, sin receta, la pastillita que convierte las relaciones sexuales en simples actos para el gozo y el disfrute».

La segunda es que, enlazando con una posición bien instalada en la carcunda y que cuenta con el glorioso precedente de la famosa y malhadada sentencia de la minifalda, parecen asumir que las mujeres son violadas porque quieren, lo van provocando, así que será que les gusta. Y si encima se quedan embarazadas, mejor que mejor, porque así pueden permitirse el inefable placer de abortar o, al menos, de correr a la farmacia más próxima a obtener la pecaminosa píldora.

Pero este texto no es una rareza, sino más bien la sublimación de la postura oficial de la Iglesia católica acerca de la moral (puesto que de moral y no de religión hablamos). De ahí que se digan monstruosidades como que la disociación de sexo, matrimonio y procreación hacen que no tenga sentido considerar la violación como delito. Estas gentes que, seguramente para desgracia del catolicismo, marcan la posición de la Iglesia, no sólo son incapaces de entender la libertad individual, sino que les molesta su ejercicio hasta el punto de pretender, a través de su dictado a los poderes públicos, someterla a toda suerte de trabas, destiladas de su visión dogmática y disparatada de las cosas.

El texto atribuye al Gobierno nada menos que promover la deshumanización de la sexualidad. Tal exabrupto es coherente con la idea —profusamente difundida por el fundamentalismo católico— de que el sexo por el sexo deshumaniza y saca los instintos más primarios del ser humano. Pero ello es incongruente con la evidencia de que la inmensa mayoría de los animales sólo recurren al sexo para procrear. De ahí que las relaciones sexuales entre personas libres, sea cual sea su motivo, pero especialmente cuando escapan al dictado de una naturaleza animal que no hay que negar pero que no tiene por qué ser la preponderante, están entre las manifestaciones superiores y más claras de humanidad. Nuevamente detrás de esta visión del mundo late un atávico miedo a la libertad. Quién sabe, quizá el remedio consista en follar más...

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Milagros, mentiras y privilegios

Una de dos, o la jerarquía eclesiástica y sus adláteres (neocatecumenales o Foro de la Familia, por ejemplo) son mentirosos contumaces o son capaces de repetir hasta la náusea el milagro de los panes y los peces. Porque es demasiada casualidad que cuando la Conferencia Episcopal alienta directa o indirectamente una manifestación, las cifras que surgen del proceso de razonamiento y la aplicación de técnicas de cálculo convencionales difieren sustancialmente de las que ofrecen los organizadores. Y si no, veamos.

Manifestación del 18 de junio de 2005. La imagen de Rouco con gorra de béisbol y gafas negras, ejerciendo de capo di tutti capi entre otros obispos de parecida guisa es imborrable. Pero más allá de la anécdota, los organizadores de la manifa dieron una cifra de 1.500.000 participantes. El cálculo del periódico El País, que puede calificarse de generoso puesto que se basaba en una ocupación de cuatro personas por metro cuadrado, estimaba la asistencia en 180.000 personas. El factor de multiplicación es, pues, de 8,33.

Manifestación del 30 de diciembre de 2007. Conmovedor e iluminador llamamiento de Rouco y García-Gasco en favor de la democracia y los derechos humanos. Hasta dónde llegará nuestra ignorancia que desconocíamos que ampliando derechos y libertades de los individuos se pone en peligro la misma democracia. Hay que decir en nuestro descargo que si san Agustín no pudo con lo de la Santísima Trinidad, ¿cómo vamos a poder nosotros, ignaros mortales, con semejante misterio? Pero vayamos a lo que interesa. La organización proporciona una cifra de 2.000.000 de asistentes. El periódico El País, aplicando una ocupación media por metro cuadrado de dos o tres personas, según zonas, obtiene un total de algo menos de 160.000 manifestantes. He de decir que no tengo una devoción especial por ese periódico, pero suele ser riguroso y certero en estos cálculos y, además, proporciona el método utilizado. A mayor abundamiento, es sintomático que en este caso la Comunidad de Madrid, fuente audaz, poco comedida y muy proclive al falseamiento de datos, no ha ofrecido ninguna estimación. El factor de multiplicación es de 12,5.

¿Qué pasa con el original, esto es, la multiplicación de los panes y los peces? Con ligeras variaciones, aparece narrado en los evangelios de san Marcos (6, 1-15) y san Juan (6, 30-46) (san Marcos vuelve a narrar un episodio similar unos capítulos más adelante, seguramente por despiste). Es el caso que con cinco panes y dos peces se dio de comer a una muchedumbre de 5.000 hombres. Y digo hombres porque no queda claro si sólo había hombres, si sólo se dio de comer a los hombres o si sólo se cuentan los hombres porque el resto (presumiblemente mujeres y niños) no es digno de consideración. Por no hacer cálculos complicados y tener que asignar ponderaciones a panes y peces, se puede admitir que, en una tesitura como la que había, con cinco panes y dos peces podían comer entre tres y cinco personas (en aquella época la dieta mediterránea consistía en cereales y vino). Esto significa un factor de multiplicación de 1.250, muy lejos, pues, de los émulos actuales.

Ciertamente, son posibles algunas correcciones sobre las estimaciones basadas en la ocupación del suelo. Por ejemplo, téngase en cuenta que en las dos manifestaciones había un buen puñado de asistentes que eran menores y que, por tanto, estaban haciendo bulto pero no asistían libremente. Dadas las características del colectivo al que se dirigían las convocatorias, cabe suponer que la proporción de menores es mayor que en un colectivo representativo de la población. Quedémonos con los que tienen menos de 16 años, que representan el 16 por ciento de la población española. Supongamos, pues, que en estas manifestaciones los menores de 16 años son el 20 por ciento. Añadamos a ello que los niños, pese a tener menos volumen, ocupan más espacio, ya sea por sus naturales necesidades de movilidad, ya sea porque van en carritos. Por no ser drásticos, rebajaremos los cálculos en una persona por metro cuadrado en ambas manifestaciones, salvo en la del pasado día 30 en las zonas de la calle de Génova, Castellana y Recoletos, donde se mantienen las dos personas por metro cuadrado de la estimación inicial. Con esta corrección, quedarían 135.000 asistentes en 2005 y 137.000 en la del día 30. Descontando los menores de 16 años, da un total de 108.000 y 110.000, lo que eleva el factor de multiplicación a, respectivamente, 13,90 y 18,18, todavía muy lejos del original.

Aún sería posible algún perfeccionamiento más sutil. Por ejemplo, ¿cabe contabilizar como asistentes a una manifestación en favor de la familia a personas que están retiradas de la vida familiar convencional y alimentan formas «familiares» peculiares, alejadas del estándar católico y de tipo cuasimilitar, con voto de obediencia y sometimiento disciplinario incluidos? Me refiero, claro está, a tantos clérigos como se veían en las dos manifestaciones. Pero la exclusión de ese colectivo tampoco va a mejorar tanto el resultado.

La conclusión más pertinente es, creo yo, que una mentira tan gorda no puede justificarse por el cándido afán de emular al Maestro (se quedan muy lejos de su proeza), sino por la pura ambición de engañar, siguiendo a otro maestro, el que decía que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad.

Y un tema de reflexión. Ambas manifestaciones han tenido lugar para pedir la reducción de derechos (y eso es discriminación, no precisamente positiva) a personas concretas. Y a pesar de eso, siguen recibiendo cuantiosos fondos públicos (no se olvide que la dichosa crucecita de la declaración del IRPF es, exclusivamente, para los sueldos de curas y obispos). No hace mucho han propugnado el incumplimiento de la ley por funcionarios y ciudadanos ¿Qué pasaría si cualquier otro colectivo hiciera lo mismo? A qué espera Garzón para abrir un procedimiento de ilegalización de la Iglesia católica, meter en chirona a Rouco y sus secuaces e incautar los bienes eclesiásticos? ¿O es que las exigencias no son iguales para todos? ¿Va a resultar cierto que quienes forman el clero católico son ciudadanos superiores a los demás?

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La Iglesia católica o el imperio del mal

La jerarquía eclesiástica está que se sale. Uno ya no sabe si es puro afán de notoriedad o, simplemente, que a un colectivo tan provecto como protervo se le va la olla y, en el desquicio, aflora lo mejor de un pensamiento cultivado desde siempre y atesorado con mimo en los años en que tanta barbaridad no parecía estar de moda. De la inmensidad del anecdotario con que nos suelen regalar los oídos y las meninges, hay dos perlas recientes que merecen alguna consideración.

La primera, como no podía ser de otro modo, se debe a ese prodigio intelectual, a medio camino entre la antropología, la psiquiatría y la prospectiva social, con que la Iglesia ha tenido a bien honrar a los tinerfeños, a cuantos por aquella diócesis se acercan y, gracias a la tecnología, a los que consumíamos nuestra existencia ignorantes de que tan ubérrimas tierras esconden semejante dechado. El curita ha resuelto de un plumazo el gran problema de la Iglesia católica, integrada en sus niveles superiores por un colectivo —el clero— particularmente proclive (abruma la rotundidad de los datos) a la pederastia.

Los homosexuales «del siglo», esto es, los laicos, son unos enfermos que siempre pueden contar con la caridad de la Iglesia en el afán por salvar sus almas. Algo hay de morboso (tal vez inquietante) en esa obsesión por abrir amorosamente los brazos (¿serán sólo los brazos?) al colectivo gay. Pero con la clerigalla es otra historia, porque son los niños (qué malvados, y eso que Jesús les concedió el reino de los cielos... ¡uy!) los que provocan y los pobres sacerdotes sólo son culpables del pecado (pecadillo, tampoco hay que dramatizar) de flaqueza. Así que en la Iglesia no hay homosexuales sino pobres víctimas de los manejos de pérfidos niños. De paso, los ingenuos pederastas ya saben a qué (a quién) se debe su desgracia.

No se trata ya de que, como tan a menudo ocurre, la Iglesia —un representante cualificado— ignore o desprecie a las víctimas. Es más grave aún, porque en este caso culpa a las víctimas de su propia desgracia y hace buenos a los verdugos. El argumento tampoco es nuevo. Que se lo digan a tantas mujeres violadas a las que encima se reprende porque es que van provocando, a los parados que lo están por vagos o a los países pobres que lo son por carecer de ética del trabajo...

Las segunda perla no es, alegrémonos por ello, del mismo calado social, aunque también lo tiene conceptual, doctrinal y político. Y es que el obispo de Valencia, Agustín García-Gasco ha afirmado que el laicismo es un fraude y que nos dirigimos, gracias al aborto, al divorcio exprés y a ideologías manipuladoras de los jóvenes, a la mismísima «disolución de la democracia». Ahí es nada. Sorprende, para empezar, que la palabra «democracia» surja en un discurso episcopal sin pretender condenarla o alertar sobre sus degeneraciones sino, por el contrario, para quejarse de su desaparición. Algo no está bien. El argumento es tramposo y deshonesto de principio a fin. Para empezar, es la propia Iglesia la que ha generado y puesto en circulación toda una teorización del laicismo que es la que conviene a sus intereses: el laicismo, como el pecado, sólo existe en las calenturientas mentes de los ideólogos eclesiásticos. En segundo lugar, no se me alcanza cómo la resolución de problemas sociales mediante la ampliación de derechos puedan terminar con un sistema cuya esencia debería ser, precisamente, obtener el máximo espacio de libertad. En tercer lugar, sólo la Iglesia, por una patente autoconcedida, no manipula: millones de damnificados por los colegios de la Iglesia lo atestiguan. Lo que hay detrás de todo esto es miedo. Miedo a la pérdida de influencia y de poder político y económico. Y en coherencia con su historia, la única salida que se le ocurre a la Iglesia es trasladar al Código Penal sus peculiares concepciones de la vida y la moral. Su «democracia» es un régimen opresivo y vigilado en el que sólo es realmente libre la Iglesia. Ahí está el Estado de la Ciudad del Vaticano: obras son amores...

Deberíamos estar ya hechos al disparate. Pero hay que reconocer a Rouco y sus demoníacos secuaces la capacidad para sorprender una y otra vez (¿no serán ellos las huestes del Anticristo? Se echa de menos la autorizada opinión de Iker Jiménez). El portavoz de la Conferencia Episcopal, Martínez Camino, llegó a afirmar (según recogió la prensa) que «el matrimonio homosexual es la cosa más terrible que ha ocurrido en veinte siglos». Nada más y nada menos. No las guerras, las matanzas, el desprecio a los derechos humanos, la opresión de unas personas (las más) por otras (las menos), la sistemática discriminación de la mitad de la humanidad (las mujeres) en nombre de principios «sagrados» y un largo etcétera en el que la Iglesia ha tenido mucho que ver (véase, sólo como muestra, Colosenses, 3, 18-19). No, lo peor ha sido que se reconozca la igualdad civil de un colectivo de ciudadanos. Habrá que pensar que la verdadera desgracia en estos veinte siglos ha sido que a un emperador romano se le ocurriera crear una estructura para dominar mejor su imperio y pusiera en marcha ese mecanismo infernal mejor conocido como Iglesia católica.

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Juan Pablo II y el callejero

Mientras se dibuja ya en Pamplona el trazado de lo que será —en las estrechas lindes del término municipal— el último ensanche, por agotamiento del suelo disponible, grandes carteles proclaman la magnitud de la obra junto a la denominación de la principal vía que se va a abrir: avenida de Juan Pablo II. Funcionarios municipales se han ocupado, también, de colocar la placa en lo que será el inicio de la nueva calle.

La decisión de denominar así la vía la tomó la alcaldesa Barcina en un malhadado pronto, quizá llevada por la emoción del óbito papal, quizá por pura solidaridad ideológica reaccionaria, tal vez persiguiendo crear una situación irreversible. Haciendo memoria, el lamentable espectáculo —por más que a los apologistas del dolor y del sacrificio les parezca edificante y digno de imitación— de la decadencia física, agonía, muerte y velatorio de Karol Wojtyla siguió magistralmente las pautas marcadas por el propio papa y la dirección de la Iglesia católica desde el comienzo mismo del reinado. En este sentido, lo sucedido tras el fallecimiento mostró que el manejo de los tiempos, de la imagen y de los efectos especiales no era sólo una habilidad personal —innata o aprendida— del papa difunto, sino que impregnaba e impregna —seguramente por el magisterio de aquél, aunque ahora con matices— todo el quehacer eclesiástico.

De Juan Pablo II se dijo que era el papa más aclamado de la historia pero el menos obedecido. Desde luego, puede decirse que a su muerte dejaba una Iglesia más influyente en lo político y menos en lo espiritual. Cultivó con un esmero ribeteado más de soberbia que de humildad cristiana a los poderosos de la Tierra. Fue muy amigo del mesurado Reagan y ávido consumidor —si no generador— de información de la CIA. Parecía experimentar por los dictadores esa fascinación que a menudo sienten hacia sus símiles las gentes de talante autoritario. Pese a los juicios precipitados tributarios de la emoción del momento, hoy la Iglesia está de capa caída y continuará así, dado que el actual pontífice católico es un esencialista que parece preferir una Iglesia corta pero convencida a otra extensa pero mas diluida en sus principios, no necesariamente «cristianos». Por supuesto, como ocurre siempre que desaparece algún líder carismático (venga de donde venga el carisma), abundaron las muestras de dolor y las proclamaciones de santidad. Hasta de Franco se decían cosas así en los días siguientes a su muerte. La globalización acentúa y multiplica esos efectos. Pero la composición del santoral es cosa de la Iglesia y allá ella y sus criterios de calidad.

Otra cosa es que, al calor de un acontecimiento de indudable magnitud y repercusión, se intente ganar unos miserables puntitos entronizándolo en el callejero. Sin entrar en la conveniencia o no de asignar nombres propios a las calles —al menos recientes o poco «reposados»—, estamos hablando de un líder religioso y político a un tiempo, cuya actuación, con implicaciones para personas y grupos sociales, es difícil de asignar con nitidez a uno u otro campo. Así, el Estado de la Ciudad del Vaticano es una monarquía absoluta que no reconoce derechos básicos como la igualdad de sexos o la libertad religiosa y discrimina a las personas por ambos conceptos. Es costumbre criticar con dureza visitas de Estado a países con regímenes discutidos. Cuba es un buen ejemplo. Venezuela también está ahora en el candelero. Sin embargo, no se dice lo mismo de las visitas de alto nivel al Vaticano para bailar el agua a cardenales ultramontanos con motivo de beatificaciones de claro contenido político reaccionario.

¿Qué decir de la política de Juan Pablo II hacia las mujeres? No sólo fue contumaz en negarles la igualdad con los varones, con argumentos circunstanciales y nada teológicos (si Jesús de Nazaret hubiera querido que las mujeres fuesen sacerdotes, decía, habría designado alguna para su selecto grupo de apóstoles). Su aliento a posiciones intransigentes en el tema de los anticonceptivos le hace cómplice de la negación a tantas y tantas adolescentes de países pobres de derechos fundamentales, como consecuencia del matrimonio en la infancia y la maternidad precoz. Como muestra, la actitud de las delegaciones vaticanas en conferencias sobre población o sobre la mujer, que sólo con mucha bondad cabe calificar de irresponsable. Cierto que Juan Pablo II no inventó esa política, pero la llevó al extremo con una intransigencia inaudita. Ahí quedan sus críticas al gobierno de Zapatero y las presiones ejercidas con el fin de evitar el reconocimiento de derechos y la propia igualdad ante la ley (no ante Dios: el Dios de los católicos puede ser todo lo sectario que estime oportuno en su omnisciencia) a determinados ciudadanos. Incluso el apoyo a la actuación de Rouco y sus secuaces y su maridaje con el gobierno del PP terminó con la imposición de obligaciones a los no católicos, mediante la legislación educativa, sólo para que los católicos puedan ser adoctrinados a cuenta del erario público. Por no hablar de la delirante incursión papal en la planificación hidrológica (es de suponer que no hablaba ex catedra; de lo contrario, habrá que concluir que al Espíritu Santo no le preocupa la sostenibilidad ambiental: que consulte con Al Gore.

Con esos mimbres parece más que discutible la decisión de asignarle una calle, salvo que se apliquen criterios sectarios en el callejero, como ya ocurriera en otro tiempo y sin que en muchos casos —como en Pamplona— se haya hecho más que una limpieza somera, subsistiendo una buena porción de individuos y símbolos fascistas (ya veremos qué consigue la alicorta ley de la memoria histórica, abortada en sus mismos inicios por el propio Zapatero). Buena prueba de ello es la abundancia de calles dedicadas precisamente a otro papa, Pío XII, debido sobre todo a su apoyo ideológico e institucional al franquismo. Felicitó a Franco por su victoria (calificada de «católica») y equiparó los principios del dictador con los de la Iglesia, considerando el Estado franquista como «sociedad perfecta». Juan Pablo II es una personalidad controvertida incluso entre los católicos y cuenta con demasiados ángulos oscuros en su personalidad y biografía como para hacer mucho ruido honrándole, por más que hoy sea seguramente el principal negocio de la Iglesia católica.

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