Sobre el copago sanitario

Hoy ha saltado, por enésima vez desde el famoso Informe Abril, la cuestión del copago sanitario, que puede afectar tanto a la asistencia primaria y especializada (a una de ellas o a ambas; es lo que se denomina ticket moderador) como al gasto farmacéutico (en este caso ya existe un copago para personas en activo, pero no para pensionistas). Una vez más, las malas noticias sociales llegan en el peor momento y lo más ridículo de todo es que el Gobierno parece habérselo planteado como un modo de recaudar o reducir gastos, algo absurdo en temas como este. Por si pueden aportar algo al debate, ahí van algunas ideas apresuradamente hilvanadas al respecto.

• El copago en sanidad (ticket moderador en atención primaria y/o especializada y copago farmacéutico) es una cuestión que surge recurrentemente desde hace ya bastantes años. Los motivos por los que se plantea pueden variar (recaudatorios, de reducción o de racionalización del gasto), si bien se admite que sus efectos recaudatorios son mínimos y que sólo sería aconsejable para racionalizar el consumo y concienciar a la población. Por eso, sorprende que en esta ocasión se haya planteado con afán recaudatorio. Si realmente ha sido así, es de suponer que no se haya llevado a la práctica precisamente por su previsible escasa incidencia.

• La puesta en práctica de un sistema así plantea problemas significativos que requerirían un examen detenido, y tampoco parece existir ninguna urgencia, más allá de los afanes recaudatorios del Gobierno, por lo que sería muy desaconsejable la adopción de medidas al calor de una coyuntura económica concreta, por adversa que sea.

• Un sistema de copago debería tener en cuenta y compensar las desigualdades sociales que se pudieran generar como consecuencia de su implantación, y así se hace en los países que tienen sistemas similares, lo que implica normalmente establecer criterios en función de la renta, de la situación socio-laboral, del tipo de dolencias o de la edad. En economías con tanto fraude fiscal como la española y la navarra, y con desigualdades sociales tan intensas, el establecimiento de tales criterios no necesariamente mejoraría el sistema y, por el contrario, podría empeorar su carácter redistributivo.

• Un principio exigible a cualquier sistema de copago es que no reduzca la demanda necesaria, es decir, que las personas que realmente precisan asistencia acudan a los servicios sanitarios y que, por tanto, no contribuya a la reducción del nivel de salud de la población. En la situación actual creo que es prácticamente imposible asegurarlo.

• Otra cosa es que sea necesario racionalizar gastos y reducir ineficiencias en el sistema. Tampoco es admisible que el gasto farmacéutico aumente a las tasas con que lo ha estado haciendo. Ahí sí hay posibilidades de ahorro, relacionado con la presentación de los medicamentos, las dosis o el uso preferente de genéricos, como lo demuestra la previsión contenida en el decreto recientemente aprobado. Igualmente merece alguna reflexión el elevado consumo de medicamentos per cápita, así como el efecto en la progresividad-regresividad social del sistema de la gratuidad con el único criterio de la edad.

• En suma, es necesario conocer detalladamente la situación, elaborar un diagnóstico riguroso y analizar y agotar todas las posibilidades de racionalización del gasto y de mejora de su eficiencia, antes de llegar a medidas que, en la actual situación, conducirían previsiblemente a un deterioro social aún mayor.

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Vindicación de un acuerdo

En los últimos tiempos diríase que en Nafarroa Bai ha habido un empeño explícito y denodado en hacer las cosas de la peor forma posible. La situación en la CAV no ha sido ajena a todo ello. Como tampoco la obsesión casi enfermiza por vigilar y estar más pendiente del socio que del contrincante y dirimir las diferencias en la plaza pública y no precisamente con maneras corteses, intentando hacer pasar por transparencia el navajeo inclemente y muchas veces gratuito.

Asentado esto, he de decir que el acuerdo alcanzado por Aralar y Eusko Alkartasuna me parece positivo. Eso no significa sancionar y aprobar las formas y el procedimiento. Pero, en cualquier caso, es un paso necesario para asegurar la presencia de una alternativa de cambio político —pero también social y económico, que a veces se olvida— en Navarra.

Nafarroa Bai es lo que es; sigue siendo una coalición de partidos y querer ir más deprisa de lo que es razonablemente exigible a unas organizaciones que tienen su tempus, su inercia y su historia, no es la mejor estrategia. En un ejercicio de lo que podríamos denominar (en sentido no peyorativo) nabaizalismo ingenuo, se fija la vista en el objetivo último y se obvian los pasos intermedios, formulándose en ocasiones de forma expresa el deseo de que, incluso, desaparezcan los partidos en un indefinido totum revolutum. Pero el punto de partida, si no se quiere excluir a nadie, ha de ser el mínimo de los máximos a que se está dispuesto a llegar en cada una de las organizaciones que conforman la coalición. Se habla de procedimientos decimonónicos (los de los partidos) frente a supuestas posibilidades de las nuevas tecnologías en las que, sin una organización, mecanismos eficaces de identificación y procedimientos de adopción de acuerdos (¿otra vez el siglo XIX?) es imposible conseguir nada más que una difusa, y confusa, maraña de opiniones anónimas. Se habla de asambleas, de encuentros abiertos; abiertos ¿a quién? Para decidir, ¿qué? ¿Quién establece los criterios? Si no nos gustan, ¿dejan de ser legítimos?

La definición organizativa es inseparable de la reflexión sobre qué se pretende con Nafarroa Bai y cuál es su identidad. ¿Se pretende únicamente, como a veces parece intuirse, echar a UPN del Gobierno? ¿Y después, qué? Porque sería triste que, conseguido eso, termináramos pensando que contra UPN estábamos mejor. ¿Es Nafarroa Bai de derechas, de izquierdas, progresista, de centro izquierda, socialdemócrata, una combinación lineal ponderada de sus sensibilidades o una combinación lineal sin ponderar (paritaria)? Claro que, como estos conceptos son decimonónicos, igual no son relevantes. ¿Qué significa pluralidad? ¿Basta con enunciar una idea para que sea automáticamente acogida? Eso nos llevaría muy lejos y es un camino que no me gustaría recorrer: los movimientos nacionales me ponen de punta mis ya escasos pelos.

Todo el mundo se siente propietario de los 80.000 votos de Nafarroa Bai, ignorando la abrumadora evidencia de la falta de relación entre militantes o simpatizantes, por un lado, y votantes por otro. No hay una Nafarroa Bai, hay muchas, una en los ojos de cada observador, de cada observadora. Eso sí, la sociedad parece situarla claramente a la izquierda. Cuando estamos sumidos en una crisis sistémica en la que, una vez más, el estado de bienestar, la justicia social y el medio ambiente están saliendo trasquilados, cuando la socialdemocracia se enfrenta a la evidencia palmaria de un fracaso de dimensiones históricas, cuando las recetas de la derecha dan miedo ¿basta con respuestas tibias para contentar a todos o hay que definir claramente una alternativa? Evidentemente, habrá quien no comparta el diagnóstico; debatamos, pues, y seamos consecuentes con las conclusiones que del mismo se deriven.

Son cuestiones que me parecen de calado y no se responden con vaguedades voluntaristas. Por eso me parece positivo el acuerdo Aralar-EA, porque es un primer paso para avanzar en la dirección que considero adecuada. Formas aparte, insisto, los documentos en que se basa el acuerdo me parecen moderados y razonables, no maximalistas, por lo que no cabe deducir afanes exclusivistas o excluyentes. Constituyen un buen punto de partida para construir ese espacio común que todos decimos desear.

Las grandes ideas hay que edificarlas paso a paso. Durante mucho tiempo hubo una pintada en una calle tudelana que decía: pedir libertad es hacer cadenas; romper las cadenas es hacer la libertad. Entre la utopía totalitaria y el pragmatismo a ultranza, reivindico el realismo: puede que esté devaluado como concepto, pero teniendo claro a dónde se quiere llegar, es la mejor manera de conseguirlo. Como diría Carroll, siempre llegarás a alguna parte si caminas lo bastante. Pero no se trata de llegar a alguna parte, sino a una parte. Lo que queda es definir cuál es.

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Paraísos fiscales, paranoias riojanas y lógica económica

El pasado 26 de abril el presidente del Gobierno de La Rioja presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que equipara las normas fiscales de las diputaciones forales a las leyes ordinarias, el mal llamado blindaje del Concierto vasco. Hay razones jurídicas de peso para ello, pero molesta al Partido Popular y molesta a las Comunidades Autónomas vecinas, especialmente La Rioja y Castilla y León.

Pero más allá de la refriega jurídica, las razones económicas que se aducen son tan toscas y de tan escaso fuste teórico que difícilmente encubren el motivo real del recurso, cual es obstaculizar, cuando no frenar, el ejercicio de las competencias fiscales por parte de las diputaciones forales. Y seguramente les gustaría poder hacer lo mismo con las normas fiscales navarras: menos mal que está el lehendakari Sanz para, con su permanente trabajo de zapa de la autonomía navarra, no dar que hablar.

En la presentación del recurso de inconstitucionalidad acompañó al presidente Sanz (el de La Rioja) una corte de agentes sociales, entre los que estaba Julián Doménech, presidente de la FER (la patronal riojana), quien declaró que «no queremos que España tenga paraísos fiscales a tres kilómetros de nuestras fronteras. Es indigno». Sería conveniente que este señor revisara los elementos definitorios de un paraíso fiscal (tax haven; véanse, por ejemplo, los de la OCDE en su página web), porque los regímenes fiscales forales no se ajustan en absoluto a tales criterios. Paraísos fiscales de verdad son las SICAV o esas rentas (fundamentalmente empresariales) cuyo tipo impositivo es nulo porque se mueven en el viscoso e insolidario limbo de la ocultación y el fraude fiscal.

¿Por qué se insiste en la idea de los paraísos fiscales? Para empezar, seguramente porque es un término efectista y con connotaciones negativas para la opinión pública. Pero también porque es el arranque del nudo argumental contra la autonomía fiscal vasca: la existencia del paraíso fiscal vasco o, al menos, de un tratamiento fiscal mucho más favorable para las empresas, conduce, se dice, a la deslocalización de actividades hacia los territorios forales. Que el argumento sea débil e inconsistente importa poco en política, cuando de lo que se trata es de inundar de demagogia los medios, descalificar al contrario y procurar el perjuicio ajeno aunque ello ni siquiera suponga réditos propios.

El concepto de deslocalización es resbaladizo y difícil de concretar. En la acepción más admitida hace referencia a decisiones de las empresas, normalmente multinacionales, de desplazar su actividad hacia determinados países, principalmente por sus menores costes del trabajo, pero también por la mayor laxitud en materia laboral o ambiental. No obstante, cuando el Gobierno de La Rioja se refiere a la deslocalización, la achaca a una causa que no suele ser contemplada en los estudios al uso, como es la fiscal. Pero este motivo no se sostiene empíricamente. Como no hay datos desagregados, recurriremos a los de la industria española. El resultado del ejercicio (beneficios o pérdidas) se ha movido en los últimos años (eliminando 2008 por la crisis) entre el 4,5 y el 5,5% de los gastos de explotación. Aunque el tipo del Impuesto sobre Sociedades se aplicara íntegramente sobre esa cuantía en La Rioja y fuera cero en la Comunidad Vasca, el ahorro se quedaría en apenas el 1,75% de los gastos totales. Pero las tan denostadas vacaciones fiscales suponían rebajar el tipo impositivo del 35 al 32,5%: es decir, las empresas se podrían ahorrar, en el mejor de los casos, el 0,125% de sus gastos totales. Para ese viaje no hacen falta tales alforjas, cargadas de demagogia y populismo.

Y si el razonamiento puramente pecuniario no avala lo que el Gobierno y los agentes sociales riojanos (ahí están UGT y CCOO con su guerra permanente contra la autonomía fiscal vasca y navarra) se empecinan en manifestar, tampoco lo hace el económico. Una de las constantes en la evolución de la localización de actividades económicas es su difusión desde los centros en que se originan. Estas tendencias centrífugas obedecen a diferentes causas, como la madurez tecnológica o de los procesos productivos, la búsqueda de menores costes laborales o, simplemente, de espacio. Tales procesos no son uniformes sino selectivos, tanto en cuanto a las actividades que se desplazan como respecto a las localizaciones de destino. Esto es aplicable a la industria guipuzcoana y vizcaína, que se va a expandir inicialmente hacia Navarra y Álava y, posteriormente, hacia otras áreas limítrofes de Castilla y León y La Rioja.

Por tanto, no sólo no es cierto que el régimen fiscal vasco perjudique a La Rioja y genere deslocalizaciones, sino que, por el contrario, el tejido industrial riojano se debe, en gran medida, a la proximidad de la región al núcleo vasco. De hecho, a pesar de las bravatas, no se han proporcionado datos de deslocalización, no porque no existan, sino porque dicen otra cosa. Lo mismo ocurre en Castilla y León. La revista Castilla y León Económica publicó en su número 113 (octubre 2005) un artículo sobre «la deslocalización en las regiones españolas». Según el mismo, el País Vasco está en segundo lugar como origen de las empresas que llegan a la región: «aquí viene la gran sorpresa», dice la revista, «lo que evidencia el escaso éxito de las vacaciones fiscales vascas», para concluir que, «en la decisión de los emprendedores pueden más otros factores, como la paz social y la estabilidad política»: manipulación aparte, ¿en qué quedamos? Para colmo, del citado estudio se desprende que el primer destino de las empresas que se marchan de la región es Madrid (uyuyuy).

La deslocalización de actividades afecta fundamentalmente a áreas industriales. Y entre 2000 y 2004 la única Comunidad Autónoma española que incrementa claramente el empleo en sectores afectados por la deslocalización (sobre todo en textil) es La Rioja. Este resultado debería hacer meditar a los gobernantes riojanos sobre la política industrial que están llevando a cabo y la calidad del tejido económico que están suscitando, esto es, asumir sus responsabilidades, en lugar de preocuparse de lo que hace el prójimo y malgastar su tiempo en oscuras maniobras políticas.

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