Canovismo foral

El 24 de noviembre de 1885, con Alfonso XII agonizando, Cánovas y Sagasta acordaron lo que se conoce como Pacto de El Pardo , que sancionaba la alternancia en el Gobierno —vigente de hecho desde 1881— entre el Partido Conservador y el Liberal. Se alumbró así un sistema político con apariencia democrática pero autoritario en su esencia. En su diseño fue fundamental la profunda aversión de Cánovas al sufragio universal y su convicción (tan querida por la derecha actual) de que la nación es una realidad externa, independiente y ajena a la voluntad del pueblo que la forma; el sufragio censitario y el sistema caciquil se encargaron, en cualquier caso, de barrer todo resquicio de concesión a la voluntad popular.

Un buen puñado de historiadores —y desde luego los oficialistas— ha tejido una imagen de Cánovas como gran estadista, artífice de una larga etapa de paz y estabilidad en el marco de una monarquía constitucional. Incluso se ha convertido en la referencia totémica de la actual derecha española, y tanto Fraga como Aznar han soñado ser el nuevo Cánovas de la, por enésima (y esperemos que última) vez, restaurada monarquía borbónica: pero Fraga se queda en simple teórico de la democracia orgánica y apropiador desabrido de calles; Aznar, por su parte, no pasa de un mal remedo del peor Gil Robles. Cánovas como figura histórica representa la desconfianza en la democracia y las maniobras para desvirtuarla, la adaptación en la forma para preservar el fondo, esto es, un estado de cosas y un reparto del poder (como Dios manda ) más propio del Antiguo Régimen (se opuso tenazmente a la libertad religiosa). No obstante, a diferencia de sus epígonos posfranquistas, fue un individuo brillante, con el punto de cinismo que suele ir unido a esa cualidad y lo bastante escéptico para no creerse su propio discurso y ser bien consciente de sus limitaciones. A él se atribuye la famosa (y más acabada) definición de los españoles: los que no pueden ser otra cosa.

Tampoco el lehendakari Sanz se ha podido sustraer (¡qué malo es leer!) al magnetismo de la figura de Cánovas. O quizá es simplemente que está muy nervioso (táchese lo que no proceda). Pero hace unas semanas todos asistimos al lamentable y bochornoso espectáculo de un presidente de Navarra ofreciendo al PSN nada menos que consensuar algún tipo de alternancia entre los dos partidos, para dejar fuera del Gobierno sine die a Nafarroa Bai. En sus propias palabras, «un reparto en las cuotas de poder en cuanto al acceso a las instituciones». No se trata de abundar aquí en lo que significa semejante oferta (rápidamente repudiada por Puras, dicho sea de paso) por cuanto adultera el sistema democrático, degrada las elecciones a mera farsa e implica que una pandilla de iluminados se autoadjudique la potestad de decidir sobre lo que conviene o no a Navarra. Más aún, de haberse quedado ahí las cosas, la historia no habría pasado de una anécdota grotesca.

Pero parece que alguien avisado ha convencido a nuestro lenguaraz lehendakari de que estas cosas es mejor ventilarlas al abrigo de la vergonzante discreción de conciliábulos y contubernios, huyendo del escrutinio público. Así al menos parecen indicarlo los rumores sobre una nueva y mucho menos aireada oferta al PSN que consistiría, en lo esencial, en permitir que el PSN formara Gobierno, con el apoyo de CDN (¿adónde vas, CDN? porque si de lo que se trata es de destacar, en Lagartera confeccionan unos trajes muy apropiados); hasta meten en el saco a IU. UPN se comprometería a no obstaculizar la labor de Gobierno, pactando previamente con el PSN las principales iniciativas políticas, en una especie de benign neglect, un dejar hacer condescendiente y hasta negligente, a modo de perdonavidas de patio de colegio. Partiendo de que seguramente IU no se prestaría a semejante componenda, esta situación sólo sería factible si PSN y CDN obtuvieran más escaños que Nafarroa Bai e IU. En otro caso, se requeriría el apoyo activo de UPN, sea dentro o fuera del Gobierno. Cualquiera de las dos posibilidades es impensable en el estado actual de relaciones PSOE-PP, aunque la segunda sería mucho más escandalosa, en Pamplona y en Madrid.

Pero lo más ilustrativo de la situación es lo que deja traslucir. En primer lugar, estas ofertas están ya lejos de los tiempos en que Sanz trataba al PSN a base de exabruptos, chantajes o, simplemente, amenazas. De ahí se pasó al cortejo displicente con aires de superioridad, pero con la obsesión de fondo por los pactos poselectorales de los socialistas. La última fase (la tercera, la de los encuentros alienígenas) consiste llanamente en ceder el Gobierno al PSN. Es decir, se ha pasado de la incertidumbre sobre los resultados a la certeza de que van a ser malos y se atisban mayorías alternativas.

En segundo lugar, muestra una vez más la debilidad de las convicciones democráticas de esta derecha nuestra, que cuando intuye que las cosas no van a salir como le gustaría —como debe ser, porque identifican ambas cosas con demasiado desenfado— comienza a maniobrar para subvertir los resultados, aun a costa, si hace falta, de componendas o pucherazos. Siguen anclados en el siglo XIX. Ni siquiera tienen el fondo de armario ideológico suficiente como para haber asimilado el bagaje intelectual de la derecha del siglo XX (aunque alguna complicidad han tenido con la más perversa o sanguinaria).

Una vez más, Sanz consigue avergonzar a buena parte de la opinión pública navarra, quedar en ridículo fuera y demostrar que carece de cualquier respeto a Navarra, su ciudadanía y sus instituciones. Involucra a la monarquía, a la Iglesia (Sebastián siempre estará dispuesto a rezar por la Navarra de siempre) y a quien haga falta en sus delirios histéricos y ultramontanos. Dice querer blindar Navarra, quizá para poder saquearla (en lo poco que queda ya por vender) con mayor soltura e impunidad. Van a hacer falta años de trabajo para reparar el daño al régimen foral y a esos servicios que son la base del bienestar de la sociedad a que ha conducido un gobierno tan vociferante e irresponsable como falto de ideas y programas. Puede que Sanz aspire a ser Cánovas (o Gamazo, porque parece no tener muy claros algunos conceptos). Pero se queda en trasunto patético del conde de Lerín, ese personaje escaso de escrúpulos y sobrado de desparpajo que vendió Navarra (éste sí que la vendió) y se ganó merecidamente un puesto de honor en nuestra particular historia de la infamia.

(Diario de Noticias, 28 de abril de 2007)

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Gramática parda

Las personas normales y sensatas (bien nacidos, gente de bien, personas decentes, el elenco es extenso) fueron convocadas por el PP a manifestarse por la libertad . La expresión es, quizá calculadamente, ambigua, porque hace referencia únicamente al motivo, pero no implica una valoración de la misma. Si nos ceñimos a lo que se ve y se oye diríase que es contra la libertad (y contra la democracia). Mientras Acebes daba paseos para caldear ánimos, Aznar sigue —por usar su afortunada expresión— ladrando su rencor por las esquinas y Rajoy niega una y otra vez legitimidad al régimen, la extrema derecha contempla el panorama y se deja querer entre pulsiones orgásmicas, en un contexto judicial y mediático que se podría denominar golpista. No hay más que contemplar la variedad cromática de las algaradas: al rojo y amarillo de rigor se une el rojo y negro (no precisamente anarquista), los yugos (sintomático) y las flechas; y roto el tabú zoológico, el toro atávico, folclórico y portador de una masculinidad puramente hormonal (y por ende salvaje e impositiva), deja el espacio interinamente ocupado a la triunfante águila de San Juan, aureolada y con las garras bien clavadas en los reinos de la monarquía española.

La fuerza de las circunstancias hace evidente la radicalidad de Rajoy, que corre pareja a la de sus acompañantes en la terna apocalíptica. Curiosamente su mediocridad (razón por la que terminó siendo el designado por el libérrimo dedo del Gran Líder) ha sido reiteradamente interpretada como moderación. De ahí que una y otra vez, a resultas de los acontecimientos, se exprese extrañeza por su forma de actuar. Pero sólo se le ve más a gusto que en su cava de puros imprecando, increpando o lanzando exabruptos en nombre de la España eterna. Debe de haber alguna ley de degeneración de los fascismos (en sus diversas formas, más duros o más light, antiguos o posmodernos, autoritarios o demócratas instrumentales) que se manifestaría en la evolución del caudillaje y que llevaría, por ejemplo, desde el carismático y teatral Mussolini al histriónico y prosaico Berlusconi, del elegante y esnob José Antonio al convencional y aburguesado Blas Piñar, desde el enérgico Fraga al histérico y gris Rajoy.

Es duro decirlo, pero la insensata y anormal dirección del PP ha conseguido convertir a De Juana Chaos en un símbolo del Estado de Derecho, el imperio de la ley y la seguridad jurídica, frente a la venganza, la manipulación de las normas y su aplicación ad personam, con
connotaciones claramente fascistas. Una práctica ya iniciada en la anterior legislatura (ley Ibarretxe) y continuada en ésta por jueces empeñados en subvertir la separación de poderes y erigirse en gobernantes de hecho.

En Navarra, joya de la estrategia del PP, no nos podíamos quedar atrás. Así, UPN y sus conmilitones del CDN se apresuran —con docilidad de marionetas— a convocar otra manifestación, se supone que por Navarra (fueros y libertad ) —y, por supuesto, contra Zapatero—, pero que termina siendo contra Navarra. Contra Navarra porque UPN ha demostrado que es mal guardián de la autonomía y el fuero, que consiente amputaciones y contrafueros sin pestañear. Porque utiliza obscenamente a Navarra como moneda de cambio y la sirve en bandeja a intereses bastardos (incapaces de aceptar la democracia cuando los resultados no les convienen), para ayudar a que ganen en Madrid quienes aspiran a suprimir lo
que llaman privilegios fiscales de las cuatro haciendas forales (utilizando verborrea de reconquista). Porque frente a quienes conciben una Navarra plural, diversa, respetuosa y moderna, no vacila en generar y alimentar el conflicto civil y la división para cosechar los votos que le permitan mantenerse en el poder.

La histeria y el nerviosismo que campan ya a sus anchas en la derecha llevan a situaciones extrañas. Así, el CDN se ve en la tesitura de decir diego donde dijo digo, mientras UPN exhibe su pasión por el rojo (que no es político —les va más el azul—, pero sí el de esa bandera diseñada por nacionalistas y otrora considerada separatista) y pergeña una estrategia cuyo objetivo es comerse al CDN como medio de crecer electoralmente y contener la marea que amenaza con anegar su chiringuito.

Algo parecido pasa en el seno de UPN, donde el lehendakari Sanz se apresta a la batalla por España (perdón, por Navarra), como fiel acólito de la terna apocalíptica, ignorando u olvidando que el peón de la dirección del PP en Navarra ya no es él, ni siquiera Del Burgo (perdido en los vapores del ácido bórico), sino Barcina, a quien frecuentan y miman, mientras critican la precipitación (para sus intereses) con que el lehendakari lanzó el debate sobre la venta de Navarra, que consideran prematuramente agotado. Podemos conjeturar que de aquí a las elecciones se intentará desvincular la imagen de ambos para preservar la de Barcina y preparar futuras maniobras. Sin embargo, Barcina es también la encarnación del malestar de buena parte de la militancia de UPN (en los años de Sanz cada vez más semejante en los modos internos al PRI mexicano), que ve cómo los intereses de Navarra en Madrid están representados por Nafarroa Bai y Uxue Barkos, mientras sus diputados son ninguneados u obligados a apoyar acciones que objetivamente van contra el interés de Navarra.

En este baile de expresiones equívocas, sale Antonio Catalán pidiendo a Sanz que continúe, porque él quiere seguir siendo navarro. Se ve que es la única forma de ser navarro. O la más rentable. Su intento posterior de explicarse ha dejado clara la radicalidad de su mensaje y el pobre concepto que tiene del PSN y de Puras, meros apéndices —al parecer— de UPN. Esperanza Aguirre agradecerá su apoyo cuando ansíe seguir siendo madrileño y español.

Para completar el sainete de despropósitos, entra en escena Felones alabando a Urralburu (si es el mejor presidente, habrá que concluir que los demás han sido una verdadera desgracia) o discurriendo sobre la conveniencia (o no, que diría Rajoy) de asistir a la manifestación contra Navarra de UPN (ver para creer; recuérdese la teoría del principal y el agente).

Cuando menos, el panorama es entretenido. Cunde el nerviosismo y demasiada gente no sabe ya qué hacer para parar la marea y los desastres anunciados. Pero parece el momento oportuno para pararse a reflexionar sobre dos cuestiones. La primera: ¿Quién defiende mejor los intereses de Navarra? La segunda: ¿Quién representa mejor el espíritu progresista, democrático y plural? Ni UPN ni PSN son la respuesta a las dos preguntas simultáneamente; ni siquiera a una de ellas. Hoy por hoy, sólo Nafarroa Bai cumple el requisito y es, además, alternativa de gobierno.

(Diario de Noticias, 13 de marzo de 2007)

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Gris Barcina

Cuando el régimen franquista lanzó a principios de los sesenta la campaña de los 25 años de paz (la de los cementerios, el atraso, el hambre y la mediocridad), la República era el punto de referencia obsesivo. Se trataba de mostrar que se habían superado sus niveles en todos los aspectos de la vida social y económica. España fabricaba más tractores, más camiones, más de todo que la República (significativamente contraponían España a República) . Con tanto boato propagandístico el régimen reconocía, aunque le pesara, que se habían hecho tan mal las cosas que fue necesario un cuarto de siglo para llegar a los niveles de 1936.

Al equipo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona (quizá habría que decir Yolanda et alii, dada la aireada capacidad de la futura —y esperemos que próxima— ex alcaldesa para crear equipos y trabajar con ellos) parece traicionarle el subconsciente ahora que se aproximan las elecciones. Y al tiempo que pone la ciudad patas arriba, levantando cuantas calles haga falta para demostrar fehacientemente que son suyas (el subconsciente traidor una y otra vez), se lanza a airear logros que, huérfanos de datos para comparar, pueden aparecer espectaculares, pero que se revelan magros, insulsos e insuficientes a nada que se escarbe.

Así, se exhiben los miles de metros cuadrados de zonas peatonales que se han creado, las plazas de aparcamiento construidas o las zonas verdes habilitadas. Y aún admitiendo que los pocos datos disponibles sean correctos y correspondan a la iniciativa del régimen barciniano (hay mucha desmemoria en lo de atribuirse méritos ajenos y despojarse de deméritos propios), en ninguna de las facetas se puede decir que la Administración municipal haya sido pionera o adelantada. En la mayoría de los casos, incluso, ha ido con considerable retraso y a remolque de las circunstancias. Compárese si no la situación de Pamplona, cuya tímida peatonalización no ha hecho más que bosquejarse, con la de ciudades similares en tamaño, algunas muy próximas. Sin hablar de los motivos, que en Pamplona parecen tener que ver no tanto con planes y políticas, como con deshacer entuertos causados por otros, socializar pérdidas (el extraño concepto de fraternidad de la derecha) o generar beneficios, éstos sí, privados.

Quizá el barcinato ha servido para renovar el césped en alguna glorieta o jardincillo, pero el bagaje que pueden exhibir en materia de zonas verdes después de ocho años es más bien escaso. Por contra, destaca sobremanera el afán por meter las excavadoras en lugares hasta ahora vírgenes, como los meandros del Arga o Santa Lucía. Ha habido, es cierto, una actividad frenética de construcción de plazas de aparcamiento, sin ninguna planificación ni estudios sobre sus efectos en la congestión del tráfico y la contaminación ambiental y acústica, e incluso contra el parecer de la Mancomunidad, porque dificulta la mejora del transporte público. Se han llegado a negociar adjudicaciones directas al quedar desiertos los concursos, con una opacidad completa sobre las condiciones. Corresponde también a Barcina el mérito de haber perpetrado el mayor expolio del patrimonio histórico y cultural de la ciudad y de Navarra, para realizar una obra ilegal que va a costar a las arcas de la ciudad varios millones de euros. O haber cedido a precio de saldo un solar en el centro de la ciudad y dos calles para construir una barraca de obra de dudoso gusto.

El transporte público no sólo se deteriora por el aumento de la congestión derivada de la facilidad de aparcamiento, sino porque la existencia de amplias zonas y franjas horarias desatendidas obliga a muchos usuarios potenciales a recurrir al transporte privado. Una medida que objetivamente era necesaria, como es la ampliación de las licencias de taxi, parece que ha respondido más a la obtención de ingresos para financiar el plan de transporte comarcal que a una auténtica voluntad de planificación. Se podrá objetar que la competencia en la materia no es del Ayuntamiento, y es bien cierto; pero éste es un agente fundamental en el diseño de las política de transporte público comarcal y la propia Mancomunidad está en manos de la misma coalición que gobierna el Ayuntamiento de Pamplona.

En el debe de ese régimen de Barcina, tan agudamente descrito como regencia, están también las escuelas infantiles. Al número claramente insuficiente de plazas (que castiga sobre todo, guste o no reconocerlo, a la mujer), se añade el deterioro de la calidad derivado de la
persistencia en la externalización del servicio, algo que también padecen (hay ejemplos clamorosos) las personas mayores.

En lo que afecta a la mujer, se ha renunciado a desarrollar una política de igualdad tan necesaria cuando siguen plenamente vigentes problemas como los malos tratos, la discriminación salarial o la distribución sexista de roles en el hogar y en otros ámbitos. Incluso la alcaldesa eliminó la Concejalía de la Mujer para adscribir sus competencias a servicios sociales: un guiño de otros tiempos, cuando se equiparaban mujeres, menores e incapaces. Y mientras se reducen las ayudas a acciones para promover la igualdad, como si ya no fueran necesarias, no hay actuaciones municipales dirigidas a ese fin.

Podrá recurrir la alcaldesa al manido truco de concentrar las actuaciones unos meses antes de las elecciones, algo que nunca se había hecho con tanto descaro. Podrá igualmente organizar festejos inusitados para inaugurar lo que debería estar hace tiempo hecho, aun haciendo el ridículo: ascensores que se estropean nada más estrenarlos, primeras piedras de edificios ya bien asentados, carril bici donde no es necesario y a costa de la tala de árboles. Podrá, en fin, llenar la ciudad de plaquitas a mayor gloria suya y de los suyos. Hasta Ramsés II se dedicó a inventarse victorias y atribuirse méritos ajenos. O el mismo Franco, pertinaz inaugurador de pantanos diseñados por otros. Pero la principal herencia de Barcina es, sin duda, ese gris que lo invade todo y se cuela por los menores resquicios como un cáncer. El gris es matiz, cierto, pero es también el Nodo, la mediocridad, la ausencia de proyectos.

En la ciudad del verde Pamplona, que no es sino azul descolorido, el gran legado de la futura —y esperemos que próxima— ex alcaldesa es el gris Barcina.

(Diario de Noticias, 15 de febrero de 2007)

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El milagro de Guenduláin: equilibrio urbano, VPO y sostenibilidad

Llueve y cae sobre mojado, una y otra vez, en el tema de la vivienda. Los analistas, tertulianos y periodistas celebran con alborozo inconsistente y efímero cada vez que, en los últimos meses, se anuncia la evolución del precio de la vivienda; no porque se reduzca sino, simplemente, porque crece más despacio: noticias que son, a lo sumo, definidoras de tendencias o portadoras de síntomas para un diagnóstico, pero que se sacan de sus quicios por la necesidad de titulares. Mientras, el Ministerio de Economía o el Banco de España tiemblan hasta en sus mejor asentados cimientos ante cada arremetida de los tipos de interés, esas subidas que ya forman parte de nuestro paisaje financiero cotidiano con su cansina reiteración (el euribor llega ya al 4%), hasta trocar la preocupación de las familias en mera resignación ante tanta contumacia, traducida en un incremento de la hipoteca media mensual que en dos años ronda los 200 euros: demasiado para un país de mileuristas. Siempre habrá quien argumente que no pasa nada, que si las familias están más endeudadas, también son más ricas: es lo que pasa cuando se pierde el respeto a la aritmética y se olvida que, según las estimaciones más moderadas, la vivienda está sobrevalorada en torno a un 30%.

En Navarra, como todo el mundo sabe, la situación es de emergencia y no hay viviendas para tanta necesidad. Por eso se lanza a toda prisa y hasta incumpliendo compromisos previos con los ayuntamientos, un plan de choque: Guenduláin, que se ha convertido en la joya de la corona
de la política de vivienda del Gobierno de UPN-CDN, lanzado como nunca a una vorágine de obras e inauguraciones, en un intento desesperado por evitar el intuido y hasta anunciado desguace de su peculiar imperio de los mil años. Guenduláin resume de forma magistral y difícilmente repetible una política de vivienda mal planteada desde el principio y que compensa largamente sus escasos logros con un cúmulo de efectos negativos de honda repercusión: carestía alimentada por el sector público en su demencial incentivo de la demanda, viviendas vacías, fraude generalizado tanto en la adjudicación de VPO como en su gestión posterior (¿se sabe en el departamento de Vivienda cuántas VPO adjudicadas están vacías?), especulación exacerbada, transferencias de rentas desde los pequeños ahorradores y el presupuesto público a los promotores, en cuyo favor (y beneficio) se hace dejación de la responsabilidad de la planificación urbana (es como si se permitiera a las centrales nucleares dictar las normas sobre tratamiento de residuos).

Se pretende construir en Guenduláin 19.000 viviendas. Veamos: en toda la Comarca de Pamplona la previsión era terminar 25.992 viviendas entre 2004 y 2009 y otras 10.000 hasta 2013. Sin llegar a las 75.000 que, al parecer, se podrían construir, esas previsiones suponen ya un parque de viviendas tremendamente hinchado, habida cuenta de hay unas 20.000 vacías ¿dónde está el problema? ¿dónde la urgencia de acometer Guenduláin? ¿dónde (o con quién) la obligación ética que, dicen, existe?

Por tanto, no hay razones objetivas para una iniciativa de semejante envergadura. Pero las implicaciones no se quedan en contar viviendas. La segunda parte del asunto es urbanística, territorial y ambiental. Es difícil encontrar mayor despropósito urbanístico, entre los muchos que se han perpetrado en la Comarca de Pamplona, contra los principios más asentados de la economía, el urbanismo o la administración diligente. Se trata nada menos que de crear una ciudad de 40.000 o 50.000 habitantes (¿procedentes de dónde?) lejos del tejido urbano ya consolidado, con profundas consecuencias para la sostenibilidad económica y ambiental de todo el entramado.

Guenduláin muestra las trampas, limitaciones y errores de la Estrategia Territorial de Navarra (ETN), eje de la política territorial del actual gobierno. Los redactores del plan de Guenduláin (premiado con 100.000 euros) se han preocupado de encajarlo en la ETN y su estrambótico concepto de ciudad-región, presentando como beneficios la prolongación del tejido urbano de la ciudad y la «nueva oferta de actividad económica de investigación, conocimiento e innovación» (vulgo, polígono industrial). Es decir, se rompe brutalmente la trama urbana, se difumina la ciudad, se crea una población fantasma para ciudadanos de baja renta (convenientemente alejados así del centro de la ciudad), se reduce la densidad de población, se incrementan notablemente las necesidades de movilidad y desplazamientos que, sin duda (y vistos los planes al uso), no podrán ser debidamente atendidos por el transporte público, se obliga a cambiar el trazado de una autovía (con el impacto paisajístico y ambiental correspondiente y el derroche de al menos 30 millones de euros) y se tiene la desfachatez de decir que el plan se ha hecho con criterios de integración territorial, ordenación urbanística y, lo que es aún más grotesco, «modelo bioclimático sostenible que equilibra en su conjunto la Comarca de Pamplona». Curioso concepto de equilibrio y de sostenibilidad. Me gustaría encontrar una sola referencia en la literatura técnica internacional de los últimos treinta o cuarenta años (artículos, libros, informes) donde se defienda algo parecido. Pero es difícil, porque se asemeja mucho a esas rarezas que sólo se encuentran en las barracas de feria y nadie se molesta en desbaratar a pesar de que despiden un imborrable e inconfundible tufillo a fraude.

Llevamos meses y meses oyendo la cantinela de que Navarra no se vende y quizá sólo es porque ya no queda nada, todo se ha vendido no se sabe bien a quién, quizá a intereses inconfesables y opacos, generándose buenos réditos financieros, a golpe de decisiones administrativas, y poca riqueza real. A cambio nos dejan una ciudad destrozada, unos servicios públicos en riesgo cierto de extinción, familias hasta el cuello de deudas, el tejido productivo debilitado y ese color gris omnipresente que exudan por todos sus poros las administraciones de UPN. Este Robin Hood de pacotilla, que esquilma a los pobres para enriquecer a los pudientes, se merece un sheriff de Nottingham a su medida que le explique el significado progresista del término redistribuir y ponga fin al expolio de las rentas modestas. Mientras tanto, dado el tono bananero que ha adquirido este asunto, propongo que el poblado que pudiere surgir en Guenduláin se llame Ciudad Burguete.

(Diario de Noticias, 3 de febrero de 2007)

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Zapatero y la «realpolitik»: ¿Se desvanece el impulso del 14-M?

Parece que hasta las matemáticas se alían con el bueno de Zapatero. Y si no, fíjense: si llamamos —como es habitual— Z al conjunto de los números enteros y consideramos aquéllos que son múltiplos de un número natural p, el resultado es un conjunto, Zp, cuya estructura se
denomina ideal. Quizá sea por esta concatenación de elementos favorecedores —todo recuerda las cartas astrales de los reyes de la Antigüedad— que de ser un bambi objeto de burlas y chistes fáciles, se ha convertido en la bestia negra de la derecha, un monstruo agazapado en las espesas brumas de las peores pesadillas del ZAR (el clan Zaplana-Acebes-Rajoy). Es cierto que el período de gobierno de Zapatero ha dado alas a cuantos, desanimados por el desbarajuste de los últimos años de gobierno de González y la regresión del aznarato, desconfiaban ya de la posibilidad de acometer cambios con una orientación progresista. Sin embargo, a medida que Zapatero y su gobierno perdían la virginidad (en política eso ocurre poco a poco y las más de las veces el interesado ni se entera) surgían sombras, medias tintas o francos incumplimientos que empobrecen el saldo final. Veamos algunos ejemplos.

En primer lugar, la conocida coloquialmente como Ley de la Memoria Histórica, uno de los señuelos en que el presidente más había insistido, dando a entender que se trataba de un empeño personal suyo. Era evidente que se imponía algún tipo de reparación a quienes soportaron incluso el oprobio de ser condenados por rebelión militar debido a su lealtad constitucional y republicana, sin que nadie se haya molestado en anular esas causas (no hablemos de enjuiciar a tantos responsables de aquello y de lo que vino después: ¿dónde está el Garzón chileno que haga aquí su trabajo?); y ello por mucho que pese a quienes se dedican a publicar esquelas de «asesinados por las hordas (marxistas, rojas, republicanas, póngase lo que mejor acomode)»; muertos que, en todo caso, no cesaron de generar honores, prebendas y aun pensiones durante bastante más de cuarenta años. Sin embargo, después de presentar un proyecto ya de por sí limitado, aunque admisible, la propia Presidencia del Gobierno dio instrucciones para rebajar y diluir drásticamente las pretensiones iniciales. La excusa, atraer al PP a un consenso al que difícilmente se va a prestar porque lleva mucho tiempo recibiendo en longitudes de onda incompatibles con emisores democráticos.

Un segundo aspecto a considerar del período de Zapatero es el de la inmigración. Después de un comienzo prometedor, incluyendo una regularización tan beneficiosa como mal explicada, se cae en la trampa pueril tendida por el PP a cuenta de la llegada de cayucos a Canarias (que es, recuérdese, una ínfima parte de la inmigración total) y comienzan los bandazos al socaire de las encuestas. Una de las consecuencias la estamos viendo estos días, con el vídeo del PP en el que se liga de forma nada sutil inmigración y delincuencia. Algo que ya hizo el Gobierno de Aznar en su día, violentando sus propias estadísticas para apelar a los instintos más viles.

Igualmente pobre ha sido la actuación gubernamental en relación con la financiación de la Iglesia y el tratamiento de la asignatura de religión, perdiéndose una nueva oportunidad y dejando el problema latente. Era una ocasión excelente para denunciar los inconstitucionales acuerdos con la Santa Sede, establecer unas relaciones España-Vaticano propias de estados modernos, resolver la escandalosa situación laboral de los profesores de religión (tolerada y, lo que es peor, financiada por el propio Estado) y llevar la impartición de doctrinas religiosas y el proselitismo a su ámbito natural. Lejos de eso, se eleva la financiación pública a la Iglesia nada menos que en un 40%. Para colmo, se vende la historia como si no fuera una subvención, sino una especie de derecho privativo de la Iglesia Católica y se da a entender que desaparece la financiación presupuestaria. El mismo obispo de Pamplona así lo afirma: «Esta modificación permitirá prescindir del complemento presupuestario que el Gobierno añadía cada año para completar el resultado de la asignación tributaria hasta la cantidad prevista». Debe quedar
claro que esa cantidad es sólo para sostenimiento del clero, no para las actividades sociales que puedan desempeñar organizaciones católicas, que se financian por otras vías. Por tanto, lo único que ha hecho el Gobierno ha sido incrementar más que generosamente la financiación de la Iglesia con cargo a los presupuestos públicos. Y a cambio sólo obtiene una oposición política feroz y muy sesgada hacia postulados extremistas, al tiempo que alienta la desobediencia civil (¿procesará algún juez al portavoz Camino?).

Para terminar el catálogo, la última rebaja fiscal, aprovechando el superávit presupuestario: una acción socialmente regresiva y que socava las bases de la acción redistribuidora que usualmente se reconoce al sector público. Y ello no por la existencia en sí del superávit. La idea del ministro Solbes de contemplar el objetivo del equilibrio presupuestario en el conjunto del ciclo económico es razonable. Las alegrías presupuestarias en fases expansivas terminan por ser dañinas para los más desfavorecidos cuando llegan las recesiones, porque el déficit se hace insostenible y da lugar a la reducción o eliminación de prestaciones sociales. Baste recordar lo que ocurrió durante la crisis de principios de los noventa. Pero traducir el superávit en rebajas fiscales cuando el Estado del Bienestar deja en España tanto que desear es otra historia. Debería ser la última medida en contemplar, nunca la primera.

Habría más aspectos de la actividad gubernamental a comentar, pero este pequeño catálogo es, entiendo, el más significativo. Da la impresión que se gobierna a golpe de encuestas y sondeos, algo peligroso y de resultados inciertos, porque relega ideologías y principios a favor de un
pragmatismo no siempre coherente. Como ejemplo, ahí tienen a Blair, a punto de concluir su período de gobierno sin logros particulares que exhibir, como no sea la guerra de Irak o la habilidad para ganar elecciones sin tener nada que ofrecer. Y, mientras tanto, practicando políticas de seguridad y derechos humanos dignos de la derecha más rancia en su obsesión por la ley y el orden. Zapatero olvida que ha llegado al Gobierno por el entusiasmo de una izquierda que busca algo más que un progresismo social de gestos. Si se empeña, como hizo en su día González, en sobornar a la clase media para mantenerse en el poder, olvidando su base social natural, se quedará sin base y sin poder.

(Diario de Noticias, 28 de noviembre de 2006)

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De impuestos y transferencias: ¿qué política fiscal?

El pasado 17 de septiembre hubo elecciones en Suecia y las ganó el bloque conservador, en lo que se interpretó como una reacción de hastío tras doce años de gobierno socialdemócrata. Conviene aclarar que desde 1930 los conservadores apenas han gobernado diez años (1976-1982 y 1991-1994). Su último período concluyó abruptamente debido, al parecer, a que el electorado no veía con buenos ojos la aplicación de las teorías neoliberales en lo que a intervención pública en la economía y sistema de prestaciones sociales afectaba. El señuelo de las reducciones impositivas no funcionó. En 1994, cuando la derrota conservadora parecía inminente, los empresarios intervinieron en la campaña electoral, advirtiendo que de ganar los socialdemócratas podría haber un desplazamiento masivo de empresas e inversiones a países con menores exigencias ambientales, fiscales y laborales.

Pues bien, nada de eso ocurrió. La situación de Suecia es hoy envidiable en muchos aspectos. Incluso tiene superávit presupuestario y todo ello a pesar de permanecer fuera de la unión monetaria europea. Hace unos años se llegó a pensar en realizar un referéndum para aprobar rebajas impositivas y se renunció porque los estudios de opinión señalaban que una mayoría amplia de la población prefería pagar más impuestos a cambio de mantener el sistema de prestaciones sociales. ¿Qué ha pasado en estos años para que los conservadores hayan podido llegar al gobierno? Algo tan simple como que han renunciado a sus viejas aspiraciones y ya no hablan de adelgazar el Estado del Bienestar.

Desde que se iniciara la denominada revolución conservadora , la reducción de impuestos ha sido objeto de una competencia frenética entre gobiernos de todo signo; nadie quiere aparecer como el elevador -ni siquiera mantenedor- de impuestos (otra cosa es la carga fiscal, como bien sabe el PP). Puesto que unos menores ingresos dan menor capacidad de gasto (y, no se olvide, menores posibilidades de reacción cuando vienen mal dadas), el resultado es una reducción (asimétrica y regresiva) de las prestaciones y servicios sociales, en cantidad y calidad.

A pesar de todo, hoy día se admite con generalidad —al menos en el ámbito europeo— que la reducción de las desigualdades sociales, mediante políticas de redistribución, es un objetivo deseable de la actuación pública. Por supuesto, no es un dogma de fe y también hay quien piensa que es un mal objetivo y que el bienestar global se hace máximo si no se eliminan incentivos ni se ponen trabas a la libre iniciativa. Pero la percepción de la calidad de vida —y por tanto del bienestar— parece estar muy ligada a menores desigualdades sociales y económicas.

La reducción de tales desigualdades se ha basado en dos elementos: por el lado de los ingresos, un sistema impositivo progresivo centrado en los impuestos directos; por el lado del gasto, un sistema de prestaciones sociales y transferencias redistribuidor a favor de las rentas más bajas. Pues bien, mediciones de desigualdad realizadas en varios países europeos permiten extraer interesantes conclusiones sobre la capacidad redistribuidora de impuestos y transferencias. En todos los países la distribución de la renta efectivamente disponible por las familias (descontando impuestos y cotizaciones sociales y sumando transferencias) es más igualitaria que la renta bruta. Pero, y aquí viene lo llamativo, la responsabilidad de los impuestos en la redistribución de la renta es pequeña. Seguramente la reducción de la progresividad de la imposición directa, el fraude fiscal o la importancia creciente de los impuestos indirectos han tenido alguna influencia en ello. En consecuencia, el peso de la reducción de las desigualdades recae sobre las transferencias.

Eso no quiere decir, por supuesto, que el diseño del sistema impositivo carezca de importancia. Pero su principal función consiste en proveer de recursos para alimentar el sistema de transferencias y prestaciones sociales. No estaría de más en este contexto alguna reflexión sobre la conveniencia de desarrollar determinadas políticas a través de beneficios fiscales (deducciones en el IRPF) o bien mediante programas de transferencias.

Viene esto a cuento de la presentación al Parlamento del proyecto de presupuestos de Navarra para 2007 y las declaraciones del consejero Iribarren en torno a los mismos. El consejero planteó dos cuestiones que son muy reveladoras de la concepción que tiene la derecha acerca del funcionamiento de la economía y el papel del sector público, así como de la actuación de UPN en sus años de gobierno (dejemos aparte el ciclo electoral del gasto público, que daría para mucho, especialmente en los presupuestos de 2007, buen indicador de hasta dónde cunde el nerviosismo). Y explican el ya evidente deterioro de servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación. Deterioro que no se arregla a última hora proyectando algún colegio o vacunando contra la varicela.

Iribarren reconoció que no es posible incrementar el gasto social, pero el argumento es, como mínimo, irrespetuoso con los asalariados: el 87% de la recaudación del IRPF procede de los salarios y los trabajadores no van a querer que se les suban los impuestos. Es decir, los salarios representan algo más de la mitad de las rentas de la economía, pero el 87% de la recaudación por IRPF. En esas condiciones es lógico que los asalariados no quieran pagar más. Pero seguro que se puede incrementar el exiguo 13% de las rentas del capital. Aplicado a los presupuestos de 2007 ello equivaldría a recaudar de media el 14% de los salarios, pero sólo el 2% de las rentas del capital. Eso sí que es un paraíso fiscal. Y para colmo, el consejero alardeando de que se premia el ahorro. Hagan una cuenta sencilla: con unos ingresos netos anuales de 18.000 euros (sin deducciones familiares ni de otro tipo), la cuota a pagar es de casi un 50% más si las rentas son del trabajo que si proceden del capital; y para tener unas rentas del capital así es necesario un patrimonio de cierta entidad. El viejo cuento de vender reducciones de impuestos y mejora de prestaciones termina por ser insultante y demagógico porque, a diferencia de lo que afirma el consejero, no incrementa el bienestar. Y ahora nos viene con que no vale compararse con Alemania. Quizá hay que compararse con Haití. Cuando conviene, Navarra es el ombligo del mundo. ¿Y cuando no, qué es? ¿Una hemorroide?

(Diario de Noticias, 8 de noviembre de 2006)

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Anda la paz por el coro

La actitud del PP (es decir, de sus dirigentes) desde que perdió las elecciones generales de 2004 recuerda la de esas personas que mientras no consiguen lo que quieren generan conflicto tras conflicto hasta que, por cansancio, deseo de tranquilidad o pura racionalidad, los demás les dejan hacer y salirse con la suya. Sólo entonces llega la calma. Pero lo que entre personas denota simplemente características más o menos patológicas de la conducta, elevado a la categoría de estrategia de una organización —más si es un partido político— puede tener
consecuencias graves, en la medida en que traslada a su funcionamiento ordinario rasgos de intolerancia y escaso fuste democrático, buscando socavar la posición del oponente y llegar al poder a cualquier precio, aunque éste sea la generación de incertidumbre y la puesta en solfa de la propia legitimidad del sistema. Y cada día que pasa la radicalización antidemocrática se agudiza y el partido es rehén de un grupo de exaltados extremistas seguramente precursores de alguna forma posmoderna de autoritarismo (por no decir fascismo).


En la guerra como en la guerra, se aprestan todas las armas y se ataca por todos los flancos. El deterioro de la actuación parlamentaria es evidente, y a ella se añade la actuación de la judicatura, nunca tan politizada ni tan inclinada a una opción concreta, por lo demás muy radical. Viendo los acontecimientos en perspectiva, se explica el desembarco y la actuación de Grande Marlaska, la decepción de mucha gente con la vuelta de Garzón, el procesamiento de Ibarretxe o las últimas decisiones del Tribunal Supremo. Los jueces suplantan los otros poderes del Estado ignorando cualquier contención y con total indiferencia ante una degradación de la Administración de Justicia que llega a extremos insoportables para una conciencia democrática.

No podía faltar tampoco la Iglesia, que de la mano del templado tándem Rouco-Cañizares anda a la greña, escandalizando conciencias y haciendo política como no se había visto desde su bendecida cruzada: la unidad de España es sagrada y negociar con ETA es inmoral. Estos señores —acompañados por el jesuita Camino— harían parecer un rojo herético al mismísimo Guerra Campos, no digamos al moderado Tarancón que, paradojas de la vida, ha terminado por ser considerado progresista y demócrata.

A tal punto han llegado las cosas que, superado y demonizado hace tiempo ABC como reo de polanquismo, el propio Pedro J. Ramírez, otrora oráculo del PP triunfante e inspirador de su deriva derechista en la segunda legislatura del aznarato, ha sido rebasado ampliamente en su populismo cuasifascista de corte latinoamericano (a medio camino, si ello es posible, entre Perón y Chávez). Ramírez fue el inspirador de la estrategia del váyase señor González y el enturbiamiento máximo de la situación política como medio de conquista del poder. Hoy, evidentemente, la situación es bien distinta, sin que nadie parezca (querer) captar el matiz. Pero la base conceptual ya no la pone Ramírez y su tenaz fijación con la última legislatura de González, sino seudohistoriadores dedicados a tergiversar y manipular el período republicano (guerra incluida) (Moa, Vidal) y periodistas (Jiménez Losantos), obsesionados por recrear el clima inmediatamente posterior a la victoria electoral del Frente Popular en 1936 y previo a la sublevación militar. Hay, pues, un cambio cualitativo sustancial en el poso ideológico que anima a la dirección del PP. Cambio enormemente peligroso para el actual régimen.

Poco importa el agotamiento de los argumentos. Cuando el Estatuto catalán no da más de sí a pesar de estar Cataluña en campaña electoral; cuando el 11-M agoniza lánguidamente en las preguntas parlamentarias y el ácido bórico es motivo de rechifla en las propias filas ultramontanas (por más que parezca ser el leit motiv del diputado Del Burgo), la cantinela se vuelve machacona, reiterativa e insultante hacia el proceso de paz. Y como no se paran en barras, intentan explotar el filón más rancio y montaraz de la España profunda, apelando a una concepción nacionalista, autoritaria, centralista y carpetovetónica, muy arraigada en capas sociales sensibles a la añoranza imperial patéticamente resucitada por el franquismo. Se desnuda la argumentación de formalismos o de apariencias jurídico-democráticas. Viene a las mientes un famoso discurso de Areilza en Bilbao: «Bilbao no se ha rendido sino que ha sido conquistado por las armas. Nada de pactos y agradecimientos póstumos. Ley de guerra dura, viril, inexorable. Ha habido, vaya que sí ha habido, vencedores y vencidos: ha triunfado la España una, grande y libre»; sospechosamente parecido a lo que se está oyendo últimamente. Por cierto, utilizando a Navarra sin pudor, convirtiéndola —esta vez sí— en moneda de cambio y medio de chantaje, enviando sus huestes a hacer gala de atributos viriles en defensa de la españolidad de Navarra, sin que los corresponsales locales de quienes tales veleidades exhiben se despeinen ni les cambie el gesto.

Mientras tanto, para variar, ETA elige la estrategia equivocada. Se dedica minuciosamente a crear tensión, quizá con la intención de aumentar su precio en la negociación y segura de que cualquier gobierno actuaría de la misma forma que éste y el anterior. Pero el aumento de la tensión, la permanente atención a un proceso que necesariamente ha de desarrollarse pausada y discretamente, así como el tremendo ruido originado por la extrema derecha y sus corifeos en el PP, terminarán por restar apoyo al gobierno de Zapatero y la población se volverá hacia quien promete seguridad y mano dura. Sería un craso error seguir por ese camino: el PP ya no está por negociaciones, ha quemado sus naves y ahora sólo contempla el exterminio del enemigo (da miedo pensar en la extensión que pueda dar a ese concepto), cualquiera que sea su coste. Hora es de dejar de juguetear y ponerse a la tarea con aplicación y seriedad o todos saldremos perdiendo.

(Diario de Noticias, 31 de octubre de 2006)

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Pegenaute, las encuestas y la Ley del Vascuence

He decidido dedicar el 75% de mis oraciones diarias a pedir por la salud y el bienestar de Pedro Pegenaute, director general —ahí es nada— de Universidades y Política Lingüística. Sus intervenciones, sean en una materia u otra, pero muy especialmente las que tienen que ver con el euskera («bueno, vascuence»), son motivo de alborozo a la par que alimento cultural para nuestros ignaros y prosaicos espíritus. Bien pensado, no hay nadie en la Administración navarra tan de las hechuras del lehendakari Sanz (que es el único que le supera en locuacidad y enjundia, lo cual ya dice mucho en su favor). Como ambos demuestran una y otra vez, comparten un amor por la lengua vasca sólo superado por el que profesan por la castellana, cuidada con un mimo y un esmero de los que el magistral uso que de ella hacen es sólo un pálido reflejo.


Pero el señor Pegenaute añade a ésta otras muchas cualidades, consolidadas a lo largo de una dilatada carrera política, entre las que destacaría tres, porque son las que vienen al caso, a saber: el exquisito respeto por la verdad histórica, huyendo de manipulaciones, tergiversaciones y falsificaciones; una comprensión más que cabal de los datos y procedimientos estadísticos; finalmente, una devoción reverencial por la libertad, entroncado con las más profundas raíces de la navarridad que con tanto acierto encarna el lehendakari. No voy a entrar, pues, en el meollo de las atinadas declaraciones de Sanz y Pegenaute (y especialmente las de este último en Radio Euskadi el pasado
día 11) en relación con la lengua vasca (¿para qué aprender euskera pudiendo estudiar inglés? ¿en qué piensan los franceses llamando fromage a una cosa que se ve bien a las claras que es queso?) y con la universidad (el bilingüismo barato es carísimo y daría lugar a una mala
universidad). Veamos.

Dada la obsesión que parece haber últimamente en UPN por los sondeos (que, lejos de calmar los ánimos en el predio regionalista, añaden sobresalto tras sobresalto), seguro que alguien habrá en el partido capaz de explicarle al señor Pegenaute que la utilidad de un sondeo consiste precisamente (si se hace con el debido rigor técnico) en extrapolar los resultados al conjunto de la población objetivo. Decir que los partidarios de extender la zona mixta son el 1,57% de la población porque es el peso de los que han respondido así a la encuesta (149) en el total de la población de los municipios afectados (11.347), es un disparate de tal calibre que no puede ser fruto de la premeditación: nadie metería así la pata a propósito. Aplicar ese razonamiento en otros casos lleva a conclusiones llamativas. Por ejemplo, en el estudio de opinión publicado por el Parlamento en junio pasado (el denominado navarrómetro), declaran su intención de votar a UPN 484 personas, es decir, el 0,082% de la población. ¿Cómo, a la vista de tan magros apoyos, se atreven a seguir ocupando sus puestos el lehendakari Sanz o el propio señorPegenaute?

No es la única muestra de su capacidad para el manejo de datos. Hay otra, ligada además a su acreditada predisposición a la falsificación de hechos por más que los mismos sean sobradamente conocidos en sus menores detalles. Y expone sus versiones con desembarazo, sin rubor ninguno y con la firmeza y rotundidad de quien cree en lo que está diciendo. Su facundia permite disponer de numerosos ejemplos, que van desde los debates constitucionales a los informes europeos sobre la situación del euskera en Navarra, pasando por el proceso de creación de la Universidad Pública. Y, por supuesto, por la Ley Foral del Vascuence (LFV). Recuerda a la obsesión de Stalin por reescribir continuamente la historia y borrar de las fotografías a los que iban cayendo en desgracia. En versión Navarra-foral-y-española, faltaría más.

Dice el señor Pegenaute que la modificación de la LFV ha de hacerse con el mismo consenso que hubo en su elaboración. Es decir, según él, el acuerdo de UPN, CDN y PSN, que es, concluye, el ochenta y tantos por ciento de la población. La LFV obtuvo veintinueve votos favorables, tres en contra y hubo once abstenciones y siete ausencias. Apliquemos de nuevo el método Pegenaute de análisis de datos. Si atribuimos a cada lista la totalidad de votos que obtuvo en las elecciones de 1983, resulta que la LFV recibió un apoyo equivalente al 26% de la población (el 35% del censo y el 50% de los votos).

Pero la cosa no acaba ahí. Pegenaute el tergiversador da por hecho que la LFV fue aprobada por un amplísimo consenso que incluía a UPN. Sin embargo, votaron a favor el PSN, Grupo Moderado (encabezado, todo hay que decirlo, por el propio Pegenaute) y Grupo Mixto (fundamentalmente la entonces denominada Coalición Popular, cuyo portavoz era Del Burgo). Votó en contra EA (recién escindido del PNV) y se abstuvo UPN (según Alli, a la sazón portavoz, no era su ley). HB, con 6 escaños, no acudía al Parlamento pero se opuso a la LFV. Andando el tiempo y con UPN en el Gobierno se ha visto muy claro por qué no era su ley, y ello a pesar de que el debate parlamentario podó considerablemente el proyecto enviado por el Gobierno, ya de por sí pacato y alicorto; proyecto que UPN había combatido ásperamente.

La última perla de las declaraciones de Pegenaute puede ser muy ilustrativa del concepto de la democracia y la libertad que tiene el personaje. Así, dice que con su política (se está refiriendo a la que realiza la Dirección General de Política Lingüística) «se puede ser partidario de estar en una zona y otra». Acabáramos. Al señor Pegenaute debemos nada menos que la libertad de pensamiento y la de opinión. Y nosotros sin enterarnos. A ver cuándo nos concede, además, la libertad de expresión y podemos manifestarlo.

Decía que dedico el 75% de mis oraciones a pedir que Dios nos conserve este portento. El 25% restante es para Osasuna. No saben sus socios lo que se perdieron al no votarle como presidente, todos dormiríamos más tranquilos. Mi única duda es cómo demonios se llamaría ahora el club: ¿Salud? ¿San Francisco Javier Español y Navarro Universal? ¿CA Boina (que no txapela) Navarra?

(Diario de Noticias, 17 de octubre de 2006)

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