El Gobierno de Navarra, sus planes y las cifras de empleo

Que UPN no ha tenido realmente un proyecto económico para Navarra (más allá del engorde de determinadas rentas y beneficios, en su estilo cortijero y caciquil) es evidente. Que, quizá por eso, se ha dedicado a hacer una política económica irresponsable es, a estas alturas, una obviedad; sus desmanes pasaban sin mayor problema (y con el beneplácito de la otra pata parlamentaria del régimen, el PSN), sumergidos en la ola de la bonanza económica y el buen comportamiento de los ingresos. Que tales desmanes son muy regresivos, resultando en un debilitamiento del sistema de prestaciones sociales y perjudicando en mayor medida a las capas sociales más desfavorecidas, se empieza a ver ahora que la coyuntura es bien distinta y adversa. La intensa destrucción de empleo en los últimos meses tiene mucho que ver también con la ausencia de una política industrial digna de tal nombre, que ha relegado a Navarra a la categoría de región manufacturera, sin centros de decisión ni tecnológicos, dando lugar a la generación de empleos precarios y de mala calidad en instalaciones industriales que son meros talleres de montaje final.

Hasta aquí la historia reciente, como factor explicativo de la situación actual. Porque todos los gobiernos (ahí están las explicaciones de Rodríguez Zapatero) se escudan en la devastadora crisis mundial, que es innegable. Pero la intensidad y la forma en que afecta la crisis, así como sus consecuencias, no son invariables y dependen de las características y situación concreta de cada economía.

Lo patético ha venido después. Desatado el temporal, la actitud del Gobierno de UPN ha puesto de manifiesto que se carece tanto de ideas como de medios. El desconcierto parece ser la norma y cuando se les ocurre algo, suele ser tan elemental en su formulación y justificación que parece extraído de algún folleto de divulgación económica, hasta hacer de la actual política económica (en el supuesto de que merezca tal denominación) un extraño híbrido de keynesianismo ramplón y voluntarismo neocon.

Las acciones más llamativas son coyunturales y carecen de la necesaria reflexión sobre las bases estructurales de la crisis, además de ser discutibles en cuanto a sus efectos económicos, socialmente regresivas y seguramente innecesarias. Es el caso de las ayudas a la compra de automóviles o de televisores. El Plan Navarra 2012, por su parte, aporta escasas novedades y se limita a reunir en un mismo documento obras ya previstas y cuya responsabilidad en muchos casos ni siquiera corresponde al Gobierno de Navarra. El reciente plan de empleo, por último, consiste en subvencionar la precariedad laboral y la reducción de la calidad del empleo. Así que lo poco que se tiene para ofrecer se adoba en apariciones públicas con declaraciones extravagantes que parecen fundarse más en la histeria y el nerviosismo que en el sosiego que requiere un gobierno eficaz, hasta caer en la falta de respeto a la opinión pública. Citaré tres ejemplos.

El pasado 17 de marzo el consejero Miranda atribuyó al Plan Navarra 2012 la creación de 65.200 empleos en cuatro años (25.173 directos y 40.027 indirectos). En ese momento, el desempleo en Navarra afectaba a unas 38.000 personas. Es decir, que aunque el desempleo se despeñase por la más atroz de las pendientes, nadie podrá impedir el pleno empleo, gracias a la sagacidad y saber hacer del consejero Miranda, verdadero taumaturgo de la economía. Si, además, como ya se ha dicho, consideramos que dicho Plan apenas contempla alguna obra no prevista anteriormente, el prodigio se eleva a la categoría de milagro.

Por esas mismas fechas se presentó en el Parlamente el cuarto Plan de Empleo (firmado en febrero), un eufemismo para encubrir el regalo de casi 160 millones de euros a los sindicatos del régimen y a la CEN (es parte del precio de su apoyo a un gobierno de derechas, al que hay que sumar la medalla de oro de Navarra, la supeditación de la política de vivienda al clientelismo sindical o consentir el uso de los EREs para hacer limpieza ideológica en las empresas; ¿se ha parado alguien, antes de incurrir en semejante dispendio, en establecer la efectividad de los tres planes anteriores y el grado de cumplimiento de los objetivos en ellos previstos, si es que los había y se cuantificaron?). Con tal motivo, el consejero Roig dijo estar seguro de que el Plan situaría a Navarra en el pleno empleo (y además, con una mejora sustancial de la calidad del mismo).

El 21 de abril, se presentó un plan para fomentar el empleo (las denominaciones oficiales no son necesariamente descriptivas, sino las más de las veces volitivas, meras declaraciones de voluntad o de deseos más o menos ardientes). El consejero Roig, perseverante y contumaz en su optimismo infundado, le atribuyó la virtud de generar 10.000 empleos.

Echemos cuentas: el Navarra 2012, 65.200 empleos; el cuarto Plan de Empleo, pleno empleo; el plan de empleo, 10.000 empleos. ¿No habrán caído en la cuenta de que nos sobran 75.200 empleos? ¿Qué vamos a hacer con tanto empleo? Y de calidad. A mayor abundamiento, si con una de esas iniciativas se consigue el pleno empleo nos sobran las otras dos, con su coste correspondiente, que es de 4.533 millones. (Por no hablar de los 25.000 empleos que se quieren preservar cubriendo las pérdidas de los promotores de Guenduláin, al modesto coste de entre 90 y 200 millones). ¿De donde salen esos resultados? ¿Cómo se han obtenido? ¿Hablamos de cálculos económicos elaborados con procedimientos rigurosos o de meras ocurrencias para ofuscar al Parlamento o salir del paso en una rueda de prensa?

El baile de cifras, la desmesura de las previsiones, la desenvoltura con que se presentan las iniciativas, dan fe de la poca consideración que el Gobierno de Navarra tiene hacia la ciudadanía, a la que parece considerar capaz de tragar cualquier sapo y asumir cualquier despropósito. Si las cosas fueran bien no sería tan grave. Pero cuando el desempleo crece a un ritmo desenfrenado, cuando cada mes cientos de familias se enfrentan a sus devastadoras consecuencias y otros cientos más tiemblan ante las negras perspectivas que se abren en sus horizontes económicos y vitales, es una desvergüenza y una falta de respeto dignas de la más severa corrección. O bien todo esto no es más que un síntoma de incuria y estulticia. Que cada cual elija la hipótesis que considere más verosímil. ¿Qué tal una suscripción popular para comprar sendos ábacos a Miranda y Roig?

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Crisis y vivienda en Navarra: ¿no hemos aprendido nada?

Cuando surgen desajustes en los mercados y los precios evolucionan sin relación con la situación real, hasta un economista es capaz de predecir que terminará por darse un ajuste que lleve las cosas a términos más sensatos. Y eso ocurre de forma automática. Pensemos en el mercado de la vivienda. Los precios no han dejado de subir durante bastante tiempo. A la vez, el parque de viviendas crecía más y más. Sin embargo, todo se vendía. ¿Por qué? Simplemente porque existían expectativas de que los precios seguirían creciendo (buena parte del funcionamiento de la economía descansa en comportamientos irracionales como ese). Es la esencia de las «burbujas» (bursátiles o inmobiliarias, por ejemplo). Cuando, por diversas razones, se hace evidente que la situación no es sostenible y la gente empieza a desconfiar, se deja de comprar viviendas y se sacan al mercado las que pueda haber en stock. Aflora, pues, el exceso de oferta y los precios empiezan a caer. El ritmo puede variar. Así, los ajustes bursátiles suelen ser bruscos, mientras que los del mercado de la vivienda son normalmente más duraderos.

Hace años que era evidente un desajuste que se ha prolongado excesivamente, alimentado por la Administración y jaleado por la opinión pública. Los poderosos intereses económicos involucrados tienen que ver con ello. También la capacidad de creación inmediata de empleo del sector, aunque sea precario y de mala calidad, que es un imán irresistible para las miradas políticamente codiciosas de gestores públicos con más ambición que ideas. El resultado, un parque de viviendas desmesurado, un sector enfermizamente sobredimensionado y una enorme y obscena transferencia de rentas desde las arcas públicas y las familias más modestas a los promotores, que han estado cosechando beneficios astronómicos ligados, no se olvide, a decisiones administrativas.

Se trata de una enfermedad y como tal ha de ser tratada. Lo sensato sería dejar que la actividad se ajustara hasta llegar a una dimensión más acorde con las necesidades y los objetivos económicos y sociales. Las razones son varias. En primer lugar, la excesiva inversión en vivienda detrae recursos que podrían ser empleados en otros usos mucho más rentables económica y socialmente (es lo que los economistas llaman «coste de oportunidad»); que el gasto en vivienda se considere inversión, cosa muy discutible, ayuda a disfrazar el problema. En segundo lugar, el empleo que se genera es más volátil y de peor calidad que el de otras actividades que se podrían promocionar con los recursos destinados a la vivienda. En tercer lugar, la elefantiasis constructiva, junto a un modo de expansión urbana difuso y de baja densidad, tiene un coste ambiental desproporcionado. La intensidad y profundidad de la actual crisis tienen mucho que ver con tantos excesos.

En Navarra, sin embargo, esas consideraciones importan poco. El Gobierno de UPN está paralizado, desconcertado, tras años de políticas irresponsables que, por un lado, han echado leña al fuego de la especulación inmobiliaria y, por otro, han reducido su capacidad de actuación con el cambio de coyuntura. Pero en lugar de dejar que el mercado se ajuste y asumir sus consecuencias sobre el empleo con política activas y medidas de protección social (ese músculo social que la gestión de UPN ha convertido en piltrafa), sólo son capaces de articular medidas para fomentar el sector de la vivienda (¿para quién se va a construir si lo que sobran son viviendas imposibles de vender?) o encaminadas a aliviar los problemas financieros de los promotores, frenando la caída de precios. Es una buena muestra de quién manda en Navarra y para quién gobierna UPN. El disparate llega hasta el punto de permitir mayores deducciones fiscales para la compra de vivienda libre que protegida. Por tanto, a la regresividad (se subvencionan viviendas destinadas a grupos sociales de renta media o alta) y coste social de la medida (si se frena la bajada de precios, los más afectados serán los grupos de menores rentas y, en todo caso, habrá un ineficiente exceso de gasto en vivienda), hay que añadir su coste presupuestario en forma de gasto fiscal (menores ingresos por las deducciones). Excelente política en momentos de crisis profunda.

La justificación social de la política de vivienda decae así con estrépito y se recurre a instrumentos tradicionales (como la VPO) o se inventan otros nuevos (como la vivienda libre de precio limitado) para evitar que baje el precio. Además, se asegura a los promotores una rentabilidad mínima, puesto que los precios pasan a depender del Boletín Oficial y subirán, al menos, el IPC. Cuando los precios subían sin parar, se apelaba al mercado. ¿Cómo es que ahora se deja todo en las manos del sector público? Un primer ejemplo de lo que significa la socialización de pérdidas (y una nacionalización de hecho del sector, manteniendo la primacía de los intereses privados: se critica con acritud las ayudas al sector bancario y esto es mucho más grave).

Pero la cosa no queda ahí. Tras algunos escarceos, el Gobierno de Navarra ha hecho pública su intención de considerar seriamente la adquisición de los terrenos de Guenduláin. Para colmo, la propuesta (y es la segunda vez que la hace) procede del PSN. O es una muestra del reparto de papeles en el seno del régimen (no todo han de ser prebendas, a veces toca poner la cara para que te la rompan) o es que el PSN atiende y protege intereses bastardos, por más que lo disfrace de defensa del empleo (a cuenta del erario público, desde luego). La historia de Guenduláin es de sobra conocida. No es necesario obrar de mala fe para percatarse de la barbaridad urbanística, ambiental o social que supone. Su única justificación razonable parece ser la de dar un «pelotazo» con la complicidad del sector público (sin ninguna intención, quede claro, de establecer relaciones causales entre adquisiciones y concursos de suelo).

Llega la crisis, el mercado inmobiliario se hunde y alguien se encuentra con que ha metido la pata. Eso es precisamente la especulación: apostar sobre el precio futuro de los activos; algunas veces se gana y otras se pierde. Si la actividad empresarial, por su propia naturaleza, entraña riesgos, éstos se multiplican si se adoptan estrategias puramente especulativas. Pero cuando una empresa (o un particular) se equivoca, debe asumir las pérdidas. Se ve que los promotores navarros son de una raza distinta. Como se enfrentan, pobres, a graves problemas financieros, la salida lógica es que el Gobierno de Navarra desembolse 100 millones de euros (seguramente más). Cuando todo va bien, viva el mercado; cuando hay pérdidas, que apoquine el presupuesto público. Nuevo ejemplo de socialización de pérdidas. Esa es la lógica tramposa de la derecha y de tanto liberal de medio pelo que proclama las excelencias del mercado mientras vive cómodamente de rentas públicas (llámense beneficios, canongías, prebendas, chiringuitos o cualesquiera otros artefactos: los liberales parecen particularmente dotados para imaginar modos de ordeñar las ubres públicas). Para colmo, la idea es que el Gobierno pague esos terrenos al valor de adquisición y no a su precio real, que es el correspondiente a terrenos de cultivo extensivo sin otros usos previsibles (¿y para qué queremos campos de cereal?). Así de efímera ha sido la que se prometía floreciente y ejemplar Ciudad Burguete. Quam cito transit gloria mundi.

En suma, lejos de tomar nota y actuar para corregir los desequilibrios del mercado inmobiliario, se persevera en lo que los ha causado. ¿Es porque no hay capacidad para discurrir alternativas? ¿Porque no hay posibilidad? ¿Porque el sector público está cautivo de intereses privados y los prebostes de UPSN están cogidos por donde más duele? ¿A quién beneficia eso? ¿No hemos aprendido nada?

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Lehendakari por narices

Pasado ya el momento del arrebato, de las declaraciones solemnes o de las arengas, es bastante evidente que al PSOE le fue mal el 1 de marzo. Perdió las dos elecciones en las que participaba. En Galicia ello supone salir del gobierno. En Euskadi, no sólo no superó en votos al PNV, como esperaba, sino que se quedó muy por debajo; y eso a pesar de jugar en un tablero manipulado a su conveniencia. Tragar el sapo gallego es más fácil vendiendo lo ocurrido en Euskadi como un éxito y a ello se aprestó inmediatamente el aparato de propaganda del PSOE con el impagable apoyo de sus adláteres mediáticos.

La misma noche electoral López cantó victoria y lanzó su órdago; posteriormente ha dejado bien claro que se siente legitimado para ser lehendakari. Da la impresión de que le apetece tanto que no es consciente del coste, que no se percata de que importa poco lo legitimado que se sienta. Y ello no tiene nada que ver con su puesto en el ranking de votos, sino con la correlación de fuerzas. Estos días se ha hablado mucho de si debe gobernar la lista más votada. En general, con bastante poca coherencia. Los mismos que lo propugnan en un ámbito lo pueden denostar en otro, sin el menor atisbo de intranquilidad surgida de la contradicción. Precisamente la posibilidad de alianzas parlamentarias es lo que permite la existencia de minorías y que éstas tengan voz. Imponer como criterio general que gobierne la lista más votada iría, creo, en detrimento de la calidad de la democracia.

En cualquier caso, la realidad a día de hoy es que Patxi López va a ser lehendakari, quiera o no quiera. Porque no depende de su voluntad: ya se lo ha recordado Basagoiti. El mal resultado y la pésima gestión de lo acontecido desde la noche del domingo le condenan a esa paradójica situación: lehendakari por narices. Si al PSE se le ocurriera renunciar a la presidencia, el resto de legislatura de Zapatero se convertiría en un auténtico infierno mediático, con un desgaste que, añadido al ocasionado por una crisis más dura y duradera de lo deseable, puede terminar en tragedia. Esa primera decisión, pues, está más en manos del PP, que en las de López. Pero, lo que es más importante, las que vengan después también. El chantaje va a ser permanente, vocinglero y mediático, más preocupado por utilizar el terrorismo y el antinacionalismo como armas políticas en su beneficio, que por la acción de gobierno; y todo para servir al interés del PP en Madrid, que no es otro que desalojar al PSOE de la Moncloa. Un Zapatero replegado, paralizado y en caída libre se ha agarrado a un acuerdo de buenas intenciones con un Rajoy acrecido y eufórico, como a un clavo ardiendo. Pero está por ver, en primer lugar, que Rajoy pueda finalmente controlar su partido con autoridad; y, en segundo lugar, que si eso sucede, vaya a hacer la mínima concesión a Zapatero, quizá al precio de salvarle políticamente.

Un papelón, pues, el que tiene por delante Patxi López: ser el peón de una estrategia para que el PSOE pierda el poder. Y, como digo, ni siquiera puede elegir, aunque conmueve la fe que demuestra en su autonomía decisoria cuando sea lehendakari. Es un títere cuyos hilos son manejados desde alguna sede del PP (no necesariamente por Basagoiti). Que haya o no consejeros de este partido en el próximo Gobierno es lo de menos, aunque la caverna mediática presiona activamente para que sea el PP quien gestione Interior (la Ertzaintza), Educación y EITB (al parecer, para evitar la actual dictadura y asegurar el imperio de la libertad en beneficio de la inmensa mayoría de los vascos: se ve que los votantes del PSE y el PP valen bastante más que los de los demás, porque los resultados dicen lo que dicen; ¿veremos a Urdaci en los informativos?). Apenas se tardó en poner el primer peaje sobre la mesa: la Diputación de Álava. Vendrán más. Y López tendrá que tragar y otorgar. ¿O es que piensa realmente que va a disponer de toda la libertad para gobernar apoyándose ora en unos, ora en otros? ¿Ingenuidad, ceguera, ansia de poder? ¿Quién es entonces el verdadero ganador de la elecciones del 1 de marzo? Y eso que, finalmente, no va a necesitar el voto de UPyD, la formación —surgida de las vísceras más intransigentes y nacionalistas del PSE— que, como es sabido, defiende con más ahínco el régimen fiscal vasco.

A ello hay que añadir —aunque sea una cuestión menor— los malabarismos que debe hacer el PSOE, para cohonestar los argumentos ahora empleados con los aplicados, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía o Navarra, claramente opuestos a aquéllos.

Sea casualidad (un capricho de la historia) o algo buscado, el caso es que el PSOE parece haberse convertido en el magma que la derecha precisa para auparse a los gobiernos. Experimentó en Cantabria y ha seguido por territorio de misión, Euskadi y Navarra, dando lugar a monstruos producto del sueño de la razón de Pepe Blanco: PPSE (en sus primeros balbuceos) y UPSN (ya talludito). Veremos qué sigue. Es como si estuviera configurando una especie de Frente Nacional (español, por supuesto), si no fuera porque las apetencias diferenciadoras de revillistas y sanzistas lo asemejan más a una confederación (española, por supuesto) de derechas autónomas… O quizá estamos -una vez que se han zampado a IU, el tercero en discordia- en los prolegómenos de una gran coalición o alguna forma de canovismo que permita de una vez gestionar los destinos de España sin los chantajes, hipotecas e incomodidades de las anomalías periféricas.

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Navarra tiene un plan

El último artefacto-juguete de UPN en su permanente y contumaz simulacro de gobierno (es evidente la parálisis) es el plan Moderna, perfecto resumen del concepto (bilingüe, desde luego) que Sanz y sus acólitos tienen de Navarra, convertida en un cortijo, a mayor gloria de la caterva de saqueadores que pululan en los aledaños del presupuesto de Navarra. Saqueadores que, muy a menudo, se aplican a sí mismos, sin rebozo y con evidente benevolencia, la denominación de empresarios cuando, lejos de crear riqueza —función que el discurso sociopolítico al uso atribuye a ese menester— centran todos sus esfuerzos en esquilmar y apropiarse de la creada por otros. También sorprende su proclividad a ensalzar las virtudes del libre mercado, cuando son parásitos enquistados en los pliegues del sector público, al que deben su hacienda y su fortuna, no siempre en leal y abierta concurrencia con otros agentes.

Del plan Moderna se ha dicho y escrito mucho, sobre todo de algunos aspectos particularmente llamativos. Para empezar, porque pretende ser, se dice, un «modelo de todos», un «plan de Navarra y para todos los navarros», pero excluye de los ámbitos de decisión a un amplio sector político y sindical de la sociedad navarra. Así, su Comité de Dirección es fiel reflejo del régimen (dos partidos, dos sindicatos, un Movimiento: UPSN): Gobierno de Navarra, PSN, CCOO, CEN, UGT, Universidad Pública y Universidad del Opus Dei. Algún pelo de dignidad institucional habrá dejado en la gatera la Universidad Pública al prestarse a algo tan excluyente e instrumentalizado, hasta el extremo de pedir a las personas que han pasado por sus aulas su participación en el proyecto.

También se ha insistido mucho —por lo evidente— en la escasísima presencia de mujeres en el Comité de Expertos (3 de un total de 33), lo que dice mucho de los criterios con que se ha creado ese grupo, en el que, por cierto, hay personas claramente involucradas en el actual estado de cosas y que malamente van a aportar nada que no sea su reproducción, puesto que tan rentables les están siendo.

Pero estas circunstancias son mera anécdota que encubren una realidad mucho más descarnada, porque el plan Moderna es, de hecho, —y quizá sólo— un mecanismo de producción de ruedas de prensa y de imagen, precisamente para alimentar ese simulacro de gobierno. Para ser justos, no es un defecto exclusivo de UPN. Seguramente tiene que ver con esas «democracias de audiencias» en que se van convirtiendo (si es que no lo han hecho ya) nuestros sistemas políticos y en las que el esfuerzo gubernamental se dirige a la generación de gestos sociales y datos macroeconómicos exhibibles en cuanto tales, sin que importe lo que las cifras ocultan. De ahí (y, aventuro, de otras consideraciones menos confesables) surge también la preferencia por las obras faraónicas que mueven enormes presupuestos. Se vende humo, cascarones vacíos pero carísimos, porque lo que cuenta es la imagen, el impacto visual, en un mundo apresurado en el que lo que no puede ser resumido en un lapidario pie de foto no existe. La cuestión a responder es si eso vale los 650.000 euros que, de momento, se han presupuestado para el plan (200.000 en 2008 y 450.000 en 2009). Para un solo plan, al que hay que sumar, de acuerdo con la información suministrada por el Gobierno de Navarra a los redactores del diagnóstico del plan Moderna, los 94 que están, supuestamente, en marcha. Un plan para cada ocasión, la mayoría durmiendo en archivos (también la alcaldesa Barcina encargó en su día un plan estratégico para Pamplona del que nadie oyó hablar después, a pesar de su nada despreciable coste) o arrastrándose desfallecientes y macilentos por los vericuetos de la Administración sin que se les haga el menor caso. Ahí está el plan de carreteras, abruptamente rematado cuando la proximidad de las elecciones aconsejó olvidarse de algunas obras y dedicarse a otras no previstas, de acuerdo con el mapa (electoral) de necesidades del partido gobernante. O el circuito de velocidad de Los Arcos, en el que se llevan gastados ya varios cientos de miles de euros, no se sabe bien para qué ni para quién. O el Navarra 2012, mera yuxtaposición de proyectos ya previstos y ni siquiera acelerados en su realización, entre los que descuellan perlas como el innecesario y estridente Reyno de Navarra Arena (espantosa denominación desde su errata castellana a su bárbaro remate) o el casposo y caro Museo de los Sanfermines, aprovechado para metérsela doblada y con natividad (que diría Lakasta) al Ayuntamiento de Pamplona, justo, qué casualidad, cuando Barcina decide cambiar de aires.

El objetivo declarado del plan Moderna es «definir un nuevo modelo de desarrollo económico para Navarra a medio y largo plazo». Y se confía tan ambicioso afán —nada menos que la planificación del futuro de Navarra— a entidades externas, ajenas a la Administración. El lehendakari Sanz y sus consejeros se limitan a asistir a las sesiones de mayor tronío y los altos cargos del Gobierno de Navarra que, se supone, deberán aplicarlo, no se enteran de la fiesta. Al Comité de Expertos le llegan resúmenes de documentos de los que se desconoce cómo han sido cocinados. Así que, en realidad, el peso fundamental de la elaboración del plan se encomienda a consultoras (también en eso empieza a observarse un cierto monopolio de hecho: las mismas personas, los mismos papeles, en todas las salsas), correspondiendo al resto un papel meramente decorativo o legitimador. Es obvio que en cualquier proceso de planificación hay que escuchar y permitir la participación de los agentes implicados; en este caso, de la sociedad. Pero que la Administración desconozca la realidad en la que se desenvuelve hasta el punto de considerarse incapaz de liderar o pilotar dicho proceso, es muy grave. A no ser que, volviendo al punto de partida, esto no sea más que un simulacro.

Igualmente merecen comentario los presupuestos teóricos o doctrinales del trabajo, aunque todavía se esté en la fase de diagnóstico. Pero se adivinan carencias y un enfoque que a buen seguro condicionará el resultado. Y ya se sabe, que si el diagnóstico yerra, sólo se podrá acertar en el remedio por puro azar. Por ejemplo, todo lo que sobra de triunfalismo acrítico, falta en consideraciones sociales o ambientales. Se aporta una visión economicista —y por tanto caricaturizada— de la realidad, cuando el desarrollo es un fenómeno humano y social. Pues bien, «lo social» se reduce en el diagnóstico a algún comentario sobre la inmigración y la necesidad de fomentar la natalidad. «Lo ambiental», a un canto a los estupendos paisajes de Navarra. Conceptualmente el diagnóstico parece descansar en las elaboraciones de Michael Porter. Se trata de un famoso consultor de empresas que, dando un salto mortal sin red, pasó a aplicar sus herramientas a economías enteras sin respaldo teórico suficiente, lo que le llevó a una enumeración de obviedades plasmadas en su famoso «diamante». Ello conduce, por ejemplo, a la identificación en el diagnóstico del plan Moderna de clusters industriales a partir de epígrafes estadísticos, sin contenido real. La mera acumulación de empresas del mismo sector en una área concreta no significa la existencia de relaciones explícitas entre ellas, sean input-output o de otro tipo. Presumir que existen relaciones porque existen empresas es un exceso lógico, a no ser que recurramos a una definición de cluster tan laxa que quedaría vacía de contenido. Pero ésa es otra historia.

Decía que Navarra es un cortijo (foral, of course). A la vista de lo barato que se vende el PSN, lleva camino de convertirse en el cortijo de los mil años (versión idiosincrásica de un imperio que pretendió tener esa duración). Con permiso del plan Moderna.

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Familia foral y navarra

Al parecer, los estrategas de la Iglesia católica creen haber encontrado un filón, quizá un recurso de supervivencia, en la familia. Así, en diciembre de 2007, con el ambiente político caldeado y el PP en el monte, convocaron una misa-manifestación (o manifestación-con-misa) a la que se sumó gustosa toda la extrema derecha y que, por lo mismo, fue un «éxito» (dejemos a un lado la inflación interesada de asistentes, delirios de contables frustrados, mejores discípulos de Goebbels que del autor del milagro de los panes y los peces). Así que se dispusieron gozosamente a repetir la algarada en 2008. Ahí la cosa ya no les fue tan bien. La asistencia se redujo a la mitad, sea cual sea la cifra de referencia. Hubo, además, ausencias episcopales y políticas significativas; el PP no se involucró con la misma intensidad; a última hora el propio Rouco pretendió quitar hierro político al evento. Todo ello pudo influir en la merma de asistentes.

En esta cuestión se observa una deriva sutil en el planteamiento eclesiástico. Se ha pasado con toda naturalidad del concepto de «familia cristiana» (católica, en realidad) al de «familia tradicional». La finalidad no es otra que concitar la adhesión de sectores sociales que, ajenos a los valores o la moral católica, comparten su oposición, a veces igualmente frontal, a las últimas reformas legales, singularmente al matrimonio entre personas del mismo sexo (también a la nueva regulación de la adopción). A cambio, se reduce la belicosidad hacia matrimonios civiles, divorcios o parejas de hecho. El matrimonio «como Dios manda» ya no es sólo el bendecido por la Iglesia, sino, simplemente, la unión de un hombre y una mujer; con la boca pequeña se le añade el inocuo calificativo de «estable». Recuérdese que hace tan solo un año se consideraba que cosas como el divorcio exprés socavaban hasta las bases de la democracia. Se pueden aventurar dos factores explicativos de un cambio táctico tan sorprendente. El primero, la evidencia de la pérdida de influencia política (la social está muy desmejorada desde hace tiempo) por parte de la Iglesia católica, que se ve obligada a buscar aliados de circunstancias. Así se entiende, por ejemplo, la incursión que en su día hiciera el papa Wojtyla en el Plan Hidrológico, o el apresurado viaje de la Iglesia católica española hacia la extrema derecha política, de la mano de Rouco y Cañizares. Para colmo de males, la Iglesia se enfrenta a la necesidad de ser agradable a un poder político del que recibe amenazas y desplantes, al tiempo que se muestra como el más generoso desde la firma de los inconstitucionales e inmorales acuerdos con la Santa Sede. El segundo factor es la constatación del arraigo de esas otras formas de familia objeto de la ira eclesiástica, y la tolerancia social imperante, que imponen la necesidad de actuar antes de que sea demasiado tarde y la situación se consolide definitivamente, aliándose con el mismo diablo (todo se queda en casa) si es necesario.

En definitiva, la Iglesia católica va, una vez más, contra la corriente de la historia, de la sensibilidad social e, incluso, de los derechos de las personas. La sociedad es mucho más rica, diversa y tolerante. Diría más, el propio derecho va muy por detrás en esta cuestión y la misma institución del matrimonio es una rémora cuestionable, generadora de conflictos y de desigualdades. Es tan nítida la evidencia de la realidad social que el debate ha llegado a una organización tan ultramontana como UPN. Ha llegado y se ha esfumado en cuanto la autoridad competente ha puesto las cosas en su sitio, restableciendo el tan apreciado orden «natural». Pero ya es mucho que la juventudes de UPN se hayan planteado aceptar todas las formas de familia (y rechazar no sólo la reforma de la ley del aborto, sino cualquier forma de aborto: una de cal y otra de arena, no ilusionarse).

Ha sido gracias al debate que se ha suscitado en UPN —y en el que ha intervenido, con mal disimulado regocijo, todo el mundo— cuando hemos descubierto que aún hay otra forma de familia: la familia foral y navarra. El artífice de tan iluminadora reducción del ámbito de nuestra ignorancia ha sido José Ignacio Palacios, cabeza visible del PPN (ellos se denominan «populares de Navarra»: ya veremos). La necesidad que tiene el PPN de diferenciarse de UPN sin parecer sucursalistas en exceso les lleva a intentar sobrepasar a UPN en su propio terreno: el fuerismo folclórico y el integrismo moral. Palacios considera que Sanz, «como garante de nuestra foralidad y específicamente del matrimonio regulado en el Fuero Nuevo, tiene el deber de pronunciarse rechazando toda alteración o manipulación de la familia foral y navarra».

Parece ser que la regulación de la familia «foral y navarra» en el Fuero Nuevo es fruto de la revelación divina y, por tanto, inmodificable. Por ello, las nuevas formas de matrimonio son contrarias al régimen foral. Tanto tiempo convencidos de que las tablas de la ley las había roto, presa de un monumental cabreo, el propio Moisés en las estribaciones del monte Sinaí, y ahora resulta que estaban en Navarra. Al final, lo que se pretende con tan altisonante verborrea es que sólo se considere matrimonio la pareja (¿estable?) formada por un hombre y una mujer. Pero si de familia navarra se habla, la disquisición puede llevarnos muy lejos. De fiarnos del Codex Calixtinus la familia navarra sería más bien un trío, animal incluido: «los navarros practican también la bestialidad y se dice que toman sus medidas para que nadie pueda acercarse a su mula o yegua, sino él mismo. También besa lujuriosamente el sexo de la mujer y de la mula». Así que el lehendakari Sanz, guardián de las esencias forales, debería aplicarse sin demora —en su función de garante del matrimonio foral— a la tarea de redefinir los módulos de VPO para incluir un aposento adecuado (cuadra, establo) para que los navarros (y las navarras, con permiso del Fuero Nuevo) puedan acceder a su correspondiente irracional con la dignidad y el decoro propios del ya bien instalado siglo XXI.

Resulta obsceno que se utilice el régimen foral como excusa. Pero de ser cierto que el Fuero Nuevo es una rémora para ampliar derechos y conseguir la efectiva igualdad de las personas, peor para el Fuero Nuevo, puesto que habrá que colegir que es una antigualla y ya no sirve. Y ya se sabe: las cosas que no sirven, al museo o a la basura.

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El clímax del clima: España y sus incumplimientos

El pasado 17 de diciembre, en respuesta a una interpelación urgente de la diputada Uxue Barkos relativa a las térmicas de Castejón, la ministra de Medio Ambiente afirmó que todavía no se puede hablar de incumplimiento del Protocolo de Kyoto, ya que habrá que esperar a 2012. Justificó, además, el fuerte incremento de las emisiones por el notable crecimiento económico de los últimos años. Suena a eslogan cutre: contra el enfriamiento económico, calentamiento climático. Se trata de dos cuestiones, la existencia del incumplimiento y su justificación, que merecen alguna consideración.

Empezando por los plazos, la referencia para determinar si ha habido o no incumplimiento será la media de las emisiones del periodo 2008-2012. Por tanto, se puede afirmar sin riesgo que España no cumplirá los compromisos contraídos en el Protocolo de Kyoto. Es materialmente imposible, incluso suavizándolos mediante la compra de derechos de emisión y otros mecanismos que permiten incrementar el objetivo hasta el 24%. Y el incumplimiento tiene un coste.

Como es conocido, el objetivo del Protocolo es limitar las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), principales responsables del cambio climático. La UE asume una reducción conjunta del 8% de las emisiones de 1990 que, sin embargo, no se distribuye a partes iguales entre los Estados miembros —la «burbuja europea» que tanto le gustaba a la ministra Tocino—. Atendiendo a su menor nivel de desarrollo y de emisiones, a España se le permite un incremento del 15% de las emisiones en relación con el valor de 1999, que ascendía a 290 millones de toneladas equivalentes de CO2.

España alcanzó ese umbral del 15% en 1997 y desde entonces no ha dejado de crecer el volumen de emisiones, con la sola excepción de 2006. En el artículo 3.2 del Protocolo se establece que «cada una de las Partes incluidas en el anexo I deberá poder demostrar para el año 2005 un avance concreto en el cumplimiento de sus compromisos contraídos en virtud del presente Protocolo». Pues bien, en 2005 España había rebasado las emisiones de 1990 en un 52,1%. Tras el descenso de 2006 (triunfalmente vendido por la vicepresidenta De la Vega), en 2007 se vuelve a crecer hasta superarse el nivel de 1990 en un 52,3%. Eso son «avances concretos». De los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea, sólo se espera que incumplan con el objetivo de Kyoto tres: Dinamarca, Italia y España, teniendo en cuenta que en los otros dos casos el objetivo era reducir las emisiones, Dinamarca en un 21% e Italia en un 6,5%; nada que ver con el incremento del 15% que se permite a España. Así las cosas, sólo en los pronunciamientos irresponsables (por infundadamente optimistas) del Gobierno español se habla de cumplir el objetivo de Kyoto.

De acuerdo con los datos de la Agencia Ambiental Europea, las emisiones per cápita pasan de 7,4 toneladas en 1990 a 9,9 en 2006, es decir, se incrementan un 34%, un nuevo récord en Europa. Ciertamente, las emisiones por unidad de PIB se han reducido en ese período en un 6%, lo que significa una mejora en la eficiencia energética que, sin embargo, queda por debajo de la media, que ha sido del 33% para la UE-27 y del 30% para la UE-15. También es verdad que el ritmo de incremento de las emisiones se ha reducido y, actualmente, es inferior al del crecimiento económico. Algo completamente insuficiente pero que cabe considerar positivo, a la vista de la evolución seguida en los años de gobierno del Partido Popular, más dedicado a sembrar alarma en el sector empresarial y sindical que a cumplir sus compromisos. El patético «negacionismo» actual de Aznar es la secuela de aquella actitud.

Pero estos datos, áridos y no siempre de fácil digestión, no proporcionan información sólo de la situación ambiental. Dicen mucho sobre el modelo de crecimiento económico, las políticas seguidas los últimos quince años o lo que cabe esperar de no mediar cambios sustanciales en dicho modelo. La propia dureza e intensidad de la crisis tiene mucho que ver con ello.

Llegamos así a la segunda cuestión, es decir, si el crecimiento económico es argumento suficiente para justificar el desastre ambiental. Empecemos por aclarar que el crecimiento entendido de la manera convencional (como mero incremento de la cifra de PIB), por sí mismo no dice nada, no es más que un guarismo al que se suele dar un valor desproporcionado y que muchas veces no va más allá de una cifra para exhibir, haciéndose abstracción de su contenido. Pero lo que importa es cómo se consigue tal incremento y a qué precio (social, ambiental, económico). Por ello no es baladí la distinción entre crecimiento y desarrollo, por mas que un uso negligente o en exceso laxo de los términos lleve a confundirlos. El desafío —y la necesidad, habida cuenta de la situación, que es de emergencia— consiste en disociar deterioro ambiental y crecimiento, pues esto es lo que significa el desarrollo sostenible. Eso tiene que ver, y mucho, con el modelo económico. No es cierto que el crecimiento deba ser inexorablemente depredador de recursos y generador de impacto ambiental. Lo será si se basa en tecnologías mediocres o poco avanzadas, en empleos poco cualificados, si se dirige a sectores y actividades que compiten estrictamente en costes o si se priman intereses particulares espurios en detrimento del interés general. Ése es, precisamente, el modelo seguido por España en las últimas dos décadas. De ahí su impacto ambiental y las poco halagüeñas expectativas que se abren.

Por tanto, la excusa gubernamental del crecimiento económico para justificar el deterioro ambiental y el incumplimiento de Kyoto no sólo no es admisible, sino que revela un fracaso estrepitoso del propio modelo económico. Llevamos casi cinco años oyendo que España es el espejo en el que se mira prácticamente todo el mundo. Hay que admitir que ocupa puestos destacados: el empleo se desmorona a tasas inigualadas; se anuncia una crisis comparativamente más profunda; la credibilidad financiera está en entredicho y ya se habla de reducir la calificación de la deuda española; el incumplimiento de Kyoto es insuperable.

Y en Navarra, cómo no, dando la nota. Las emisiones crecen más deprisa que en España, el Gobierno de UPN está dispuesto a saltarse la ley para sacar adelante su proyecto de Castejón, la planificación territorial y la política urbanística exacerban las necesidades de movilidad y no se hace nada por mitigar el impacto del transporte en las emisiones de CO2… Eso sí, en medio del desastre ecológico se alardea de energías renovables. Fernández de la Vega decía, con la euforia del «buen» dato de 2006, que España lideraría la lucha mundial contra el cambio climático. Si va a ser de esta manera mejor que no.

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Las lecciones de la crisis

Dice un personaje de Alejo Carpentier en La consagración de la primavera que «las batallas se vuelven batallas de verdad, cuando se han ganado o perdido. Entonces cobran un nombre y —si son importantes— pasan a la Historia». Es lo que ocurre con la actual situación económica, que sólo sabremos si es histórica cuando termine, por mucho que pese a agoreros y políticos al uso, innecesariamente empeñados en otorgar calificativos a cual más truculento. Parece como si el juicio de lo hecho hasta ahora dependiera de la magnitud del desastre que pueda avecinarse. Quizá ello tenga que ver con que esta es, seguramente, la primera crisis transmitida en tiempo real, lo que favorece la dramatización e incrementa la alarma del público y con ella la desconfianza. Añádase que en tiempos turbulentos proliferan siempre los profetas del desastre, porque es una actividad fácil, cómoda, en la que no se asumen riesgos y no hay que justificar nada de lo que se dice. Si la evidencia del error obliga a dar explicaciones, siempre es posible interpretar los hechos a posteriori para que quepan en el marco apocalíptico del agorero.

Pero sea lo que sea lo que se nos viene encima, hay algunas lecciones que podemos extraer de la situación actual y que sería conveniente que no cayeran en saco roto, tanto en los niveles de gestión política como en los de decisión ciudadana.

Primera: los peligros de adelgazar el sector público. El pensamiento liberal asigna al sector público el único papel de proporcionar seguridad jurídica y asegurar el orden público (el binomio de ley y orden), sin que importe demasiado el coste social al que se pueda conseguir. Sin embargo, en una sociedad moderna el sector público debe desempeñar actividades sociales o económicas que van mucho más allá. De tal manera que su reducción no sólo no resuelve problemas, sino que crea otros nuevos, como ha mostrado la experiencia de los últimos veinte o veinticinco años. En el momento actual vemos cómo adalides del mercado piden paréntesis intervencionistas o presionan para la nacionalización de empresas con problemas, con el cinismo de quienes en épocas de vacas gordas solicitaban la abstención pública para no interferir en sus beneficios. Ahora bien, la capacidad de intervención del sector público depende de su dimensión. Si se reduce en fases expansivas por debajo de su nivel crítico, se le aboca en las recesiones a recortes adicionales.

Segunda: el mercado no lo soluciona todo y hasta puede ser el problema. El mercado es un sistema de asignación de recursos. Nada menos, pero nada más. Cuando funciona bien, suele ser el mejor sistema. Pero hay amplios campos de la vida económica en los que el mercado no sólo no funciona, sino que genera problemas adicionales. Y no vale, como se ha hecho desde algunos foros, achacar al sector público la crisis actual por haber abdicado de su responsabilidad reguladora. Es un argumento tramposo, porque quienes llevaron a esa situación fueron gestores públicos que llegan a sus ámbitos de decisión precisamente para hacer esa tarea. La libertad de mercado ha servido como coartada para dejar un campo tan sensible como el financiero al albur de operadores con mucha más imaginación que escrúpulos.

Tercera: la importancia de las redes sociales. Los sistemas de prestaciones sociales, habitualmente identificados con el concepto de Estado del Bienestar (en sus diversos grados) no son una concesión munificente, una limosna pública, una forma moderna de beneficencia. Por el contrario, cumplen una función esencial en la creación de condiciones adecuadas para la actividad económica y el progreso del conocimiento, así como para redistribuir, reducir desigualdades, mitigar conflictos, crear redes de seguridad y socializar en parte los resultados de una actividad que es social, por más que tenga titularidad jurídica privada.

Cuarta: la importancia de la política de rentas, entendida como concertación social. Hemos asistido en las últimas décadas a un deterioro persistente de las rentas del trabajo, mientras los beneficios empresariales presentaban incrementos en ocasiones espectaculares. La globalización se convierte en el pretexto (muchas veces de endeble armazón) para todo tipo de desmanes, que van desde el agravio en el tratamiento fiscal de los salarios a la reducción de prestaciones sociales o la flexibilización del mercado de trabajo. Como resultado, las rentas salariales se convierten en los sostenedores del entramado público, pero son las damnificadas cuando se reducen las prestaciones. Es necesario un nuevo modelo de concertación social, que tiene mucho que ver con la definición de un nuevo modelo para un tejido económico menos dependiente de centros de decisión foráneos, más ligado a los recursos propios, respetuoso con la restricción ambiental y generador de conocimiento. Desde hace más de treinta años se demanda, como remedio a las épocas de crisis, la flexibilización del mercado de trabajo. Como si el tiempo no hubiera pasado y ese mercado fuera exactamente igual que en los setenta, el Banco de España y la CEOE vuelven a lo mismo. La vacuidad de tan cansina cantinela queda patente en cuanto un representante de la patronal la concreta: reducir el coste del despido (en román paladino: a la puta calle y con lo puesto) y facilitar la contratación a tiempo parcial. Estas demandas sugieren dos cosas: que se pretende hacer recaer, una vez más, el peso del ajuste sobre el empleo y que realmente queda poco por flexibilizar, como no sea legalizar la esclavitud.

Junto a las medidas económicas para paliar la crisis y junto a políticas estructurales que es necesario acometer sin demora, habría que trabajar también por la recuperación de valores abandonados en su día para echarse en brazos del progreso fácil y de las cifras brillantes. Valores como la solidaridad, la igualdad, la educación o la justicia social, que deben impregnar la acción política en una sociedad moderna.

También hay que evitar la tentación, con el pretexto de mantener el empleo, de impedir cambios que, por corregir desmanes anteriores, no sólo son necesarios sino, incluso, saludables. Por ejemplo, el peso excesivo de la construcción, que ha alimentado una bolsa de empleo de muy baja calidad. O la industria del automóvil. Está claro que en Navarra tiene fecha de caducidad, aunque no sea hoy ni mañana. Mejor que empecinarse en ir contra tendencias difícilmente reversibles, es hacer apuestas innovadoras para el futuro y poner los medios. El proyecto de presupuestos de Navarra parece ir en la dirección opuesta: aumento desmedido de la obra pública y reducción del esfuerzo en educación (brutal en el caso de la Universidad Pública). Es necesario rearmar ideológicamente la izquierda para ofrecer una alternativa viable y humanista a la barbarie del liberalismo a ultranza y la lógica tramposa del mercado por el mercado. Hay otras formas de pensar y hacer las cosas.

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Deflactan, luego cabalgamos

Gobierno de Navarra y PSN (esto es, el Movimiento, en versión foral y reseteada) anuncian con evidente autocomplacencia la deflactación (vaya palabro) de la tarifa del IRPF para 2009 en un 2,5%. No deja de sorprender la capacidad de Miranda para decir con toda naturalidad una cosa y la contraria en plazos de días, vendiéndolo, además, como idea propia. Lo hizo con los 400 euros, lo repitió con los Presupuestos Generales del Estado y lo vuelve a hacer ahora. Está claro que este hombre tiene futuro en UPN.

A lo que iba. ¿Qué están anunciando a bombo y platillo? Simplemente, que cumplen con su obligación de gobernar. Más o menos como si Miranda diera una rueda de prensa cada mes para dejar constancia de que ha firmado la nómina del personal de la Administración navarra. La medida acordada no significa reducir impuestos, sino dejarlos como están. Por el contrario, no deflactar la tarifa supone una subida (encubierta y, se presume, menos dolorosa) de impuestos. Luego lo que, en su caso, hubiera debido anunciarse es precisamente la renuncia a la deflactación. Demasiado a menudo da la sensación de que estos gobernantes consideran que las entendederas de la ciudadanía son escasas o que apechuga con cualquier tontería que se le pretenda encasquetar.

Pero el asunto aún da más de sí. En una nueva profesión de fe en su peculiar —por cutre, alpargatera y casposa— noción del keynesianismo, nos salen con que, magnánimos ellos, la reducción de la tarifa no se queda en la inflación prevista sino que añaden ¡un 0,5% más! a fin de aumentar la renta disponible de las familias «para que ahorren, consuman o paguen préstamos» (la cita quizá no sea literal, es lo que se recoge en la prensa, pero me da pudor no entrecomillarla, no sea que parezca mía). Es, dicen, «una nueva medida social». ¿Qué entenderá la gente del Movimiento por «social»? ¿Un sistema sólido de prestaciones sociales y solidaridad interpersonal? ¿Pagar un 0,5% menos de IRPF? Porque los sedicentes socialistas navarros están haciendo todo lo posible para que lo primero sea inviable…

Y es que lo del «regalo» del 0,5% suena a cachondeo, porque se basa en una inflación prevista para 2009 del 2%. De risa. ¿Apostaría Miranda su congeladísimo sueldo de lo que queda de legislatura a una inflación del 2% en 2009? ¿A que no? Porque no se cree esa cifra. Una nueva burla, dar a entender que hay un regalo adicional cuando es muy probable que la inflación esté en 2009 por encima de ese 2,5%. Miranda ha dejado claro este mismo año, con su propio sueldo, la seriedad con que se toma la cifra de inflación prevista.

De este paripé cabe extraer dos conclusiones: la primera, que el Gobierno de Navarra está paralizado, es incapaz de afrontar situaciones críticas y carece de propuestas distintas a las de asegurar el negocio a sus socios en la sombra de tantos años, sobre todo del mundo inmobiliario. La segunda, que necesitan dar pábulo al PSN para que parezca que tiene iniciativas y puede ser un socio eficaz. Ya sólo falta oficializar el noviazgo. A tal fin, si me permiten, propondría una denominación de síntesis para el Movimiento. La unión de UPN y PSN daba UPNPSN. Como el orden de los factores no altera el por otra parte indefinible producto, podemos escribir UPPNSN, esto es, U(PPN)SN. Dado que el PPN voló, lo que nos queda es USN ¿Que qué quieren decir esas siglas? Qué más da. Si hasta ahora no ha importado, no vamos a empezar a preocuparnos ahora…

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El «negro» Obama

Por si alguien no se ha enterado, hoy (hora más, hora menos, no es cosa de andar con pejigueras con los husos horarios) son las elecciones presidenciales en los Estados Unidos de América (en México suelen decir la Unión Americana porque ellos también son Estados Unidos). Puestos a elegir, parece preferible Obama a McCain, aunque tampoco hay que dejarse deslumbrar. Mi candidata era Clinton, la veía mucho más capaz, decidida y con algunas ideas claras. Obama no parece contener nada bajo esa envoltura brillante y atractiva, puro fenómeno mediático más preocupado por los vaivenes de los sondeos que por dotar de contenido real a su programa.

Hay que tener cuidado al trasladar la jerga política estadounidense a sus equivalentes fonéticos europeos, porque su significado es bien distinto. Téngase en cuenta que Estados Unidos es un país gobernado por una plutocracia apuntalada por una clase media profundamente identificada con el sistema. Sistema que, no se olvide tampoco, goza de una fuerte legitimación entre las clases populares, aunque no participen habitualmente en el proceso político. Así, una lectura cuidadosa del programa económico de Obama revela que se dirige fundamentalmente a la clase media, con sus ofertas de rebajas fiscales y mejoras sociales.

Pero el análisis de las políticas de Obama queda para su —deseable, dadas las alternativas disponibles—puesta en práctica. Aquí me interesa sacar a colación una cuestión que me llama la atención, como es que reiteradamente se diga que Obama puede ser el primer presidente negro en la historia de su país. Fijémonos en la expresión: negro. Hay un sustrato racista en ello. No por resabios políticamente correctos sobre si usar ese u otro término, sino porque el mismo hace referencia a un concepto de «blanco» restrictivo y excluyente. ¿Por qué, por ejemplo, a una persona que tenga sólo un progenitor blanco ya no se le considera blanco? ¿Por qué personas cuya blancura de piel supera la de muchos blancos de generaciones, no son consideradas como tales si tiene una sola gota de sangre no blanca? ¿No es un a estupidez todo esto? Y sobre todo, ¿no es una estupidez con tintes racistas, que implícitamente supone que el estándar con el que medir todo lo demás es «lo blanco»?

Y ello sin entrar en el hecho de que las diferencias de color son accidentales y que puede haber diferencias biológicas de mucho mayor calado entre personas del mismo color. Pero ahí seguimos, alimentando concepciones falsas y, lo que es peor, dañinas. Mundo estúpido…

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Las cuentas de Navarra: cemento vs. educación

Ya tenemos proyecto de presupuestos de Navarra. La primera impresión es que no hay sorpresas: se amoldan a lo previsible en un gobierno de derechas sin alternativas. A falta de un análisis más detallado, sólo apuntaré algún aspecto particularmente llamativo.

1. Las partidas de mayor contenido social (educación; salud; asuntos sociales, familia, juventud y empleo), se incrementan por debajo del IPC, es decir, se reducen en términos reales.
2. De entre ellas, destaca el caso de la partida de educación, que sólo se incrementa un 0,51%, esto es, retrocede significativamente, cuando hay una mayor demanda que atender. A consignar que dentro de esta partida la transferencia a la Universidad Pública se reduce casi un 20%.
3. También el presupuesto de cultura se reduce, en este caso y siempre en términos nominales, en casi un 21%.
4. Como no hay mal que por bien no venga, menos mal que la partida de obras públicas, transporte y comunicaciones se incrementa ¡un 28,35%! sobre el presupuesto de 2008.

Esta es la respuesta del regional-socialismo (UPSN) a la crisis: más cemento, menos gasto social, reducción significativa del esfuerzo en educación. Muy típico de sociedades poco desarrolladas que sólo son capaces de pensar en el cemento cuando vienen mal dadas: en otro tiempo eran pantanos y ahora son autovías. Keynes sigue vivo, a pesar del suntuoso funeral que se le oficiara en los ochenta, pero el Keynes foral es un remedo, un espantajo, un zombi del verdadero.

Lo que ahora toca no es refundar el capitalismo, sino rearmar ideológicamente la izquierda para ofrecer una alternativa viable y humanista a la barbarie del liberalismo a ultranza y la lógica tramposa del mercado por el mercado. ¿Quiénes están en Navarra en condiciones de acometer la tarea?

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Al César lo que es del César

Tiene razón Santiago Cervera en el artículo publicado el sábado uno de noviembre en Diario de Noticias. Al menos en el diagnóstico que hace del resultado de tantos años de gobierno de UPN y la generación de una auténtica casta de cazadores —término más apropiado que el de «buscadores»— de rentas, un entramado confuso de empresas, empresarios, profesionales, algunos de toda la vida, otros recién llegados, muy puestos en los entresijos del presupuesto y expertos en su ordeño eficaz, sistemático y exhaustivo. La mayoría ha medrado al calor de la obra pública, pero no es el único campo de juego y el de las prestaciones sociales también ha permitido negocios muy rentables y pingües beneficios. En demasiados casos no es aventurada la sospecha de que muchas iniciativas, ya sean de obras públicas, servicios sociales, política tecnológica o diseño urbano, se ponen en marcha no tanto por su aparente justificación económica, política o social, sino únicamente para alimentar esas «ventajas y parabienes» de que habla Cervera y que no siempre es fácil distinguir del puro saqueo. El gran problema es que este núcleo ha adquirido una fuerza considerable y se ha convertido en un agente activo de la política de Navarra. La alarma que se generó en su seno ya antes de las elecciones forales de 2007 y muchas actuaciones posteriores (entre las que destacan las del hostelero —¿confundirán algunos hoteles con pensiones?— maldito del PP) tienen mucho que ver con el desenlace del entuerto y el mantenimiento del statu quo. Se pasa así de una relación parasitaria a otra simbiótica. Para cerrar el círculo faltaba un simbionte, tan esencial como experto en esas lides. Ahí está la clave fundamental del revuelo de las últimas semanas, el cambio de pareja de UPN y el cabreo de Cervera.

Otra cosa es que meta en el mismo saco (seguramente para que no parezca que sólo arremete contra UPN) demandas sociales para satisfacer necesidades básicas. O que alardee de liberalismo, cuando estamos asistiendo al enésimo fracaso de la ensoñación liberal. O que, siendo tan consciente de la situación, sólo la haya denunciado cuando parece irle mal en UPN (por no decir que le han dado la patada). No lo hizo siendo consejero y mucho menos —todo lo contrario— lo hizo en la última campaña electoral.

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Doce de octubre

Dice Rajoy que el desfile del doce de octubre es un coñazo. Ciertamente, la expresión utilizada es inoportuna y, diría, improcedente, no por malsonante, que a estas alturas nadie se va a escandalizar por un palabro bastante ñoño para los tiempos que corren, pero sí por sus connotaciones sexistas. De acuerdo con el DRAE, mejor utilizar adjetivos como latoso o insoportable. No obstante, atendiendo a la estructura profunda de la frase, resulta difícil no estar de acuerdo con él. Por eso, ante la avalancha de críticas que casi lo sepulta, es menester expresar el más entusiasta apoyo (no confundir con la adhesión inquebrantable, que todo tiene su medida) al bueno de Mariano. El desfile del doce de octubre es una lata por muchas más razones de las que parecen animar a Rajoy en su desahogo, que yo diría relacionadas con el aburrimiento, el envaramiento, el ditirambo y todo ello adobado con efluvios de enebro y conversaciones cuya fluidez va pareja a la riqueza del vocabulario, ínfimo y las más de las veces ordinario y soez (ay, la sencillez borbónica).

Seguro que hay muchas personas, algunas, seguro también, del propio Gobierno o del Partido Socialista, para las que asistir al desfile es una incomodidad. Pero era de prever que se utilizaría como arma política contra Rajoy. Sonrojan las declaraciones de tantos sedicentes progresistas en cerrada defensa del estamento militar, cuya dignidad ha sido, dicen, menoscabada por Rajoy. En cuanto alguien hace el más nimio e inocuo comentario sobre el Ejército español (caso del pobre Rajoy: el alguacil alguacilado), el establishment se siente todavía obligado a salir en defensa de la institución y le dedica loas sin cuento. Ni siquiera con la judicatura o la Iglesia católica se anda con tantos remilgos. Se observa una mitificación de lo militar ampliamente difundida, que, si bien puede observarse en todos los países, tiene en España connotaciones particulares, herencia de una historia de pronunciamientos sin parangón en Europa, cuya culminación es el bonapartismo cutre del general Franco. Por lo mismo, es una noticia relevante para muchos medios que el jefe del Ejército diga que los militares asumen la austeridad presupuestaria: ¡Nos ha jodido mayo con las flores!

Charles Maturin pone en boca de su personaje Melmoth el Errabundo —quizá el mejor logrado de la novela gótica— estas lúcidas palabras (las reclamaciones, al clérigo irlandés): «El mozalbete desocupado, que odia el cultivo del intelecto y desprecia la bajeza del trabajo, gusta, quizá, de ataviar su persona de colores chillones como los del papagayo o el pavo real; y a esta afeminada propensión se le bautiza con el prostituido nombre de amor a la gloria; y esa complicación de motivos tomados de la vanidad y el vicio, del miedo y la miseria, la impudicia de la ociosidad y la apetencia de la injuria, encuentra una conveniente y protectora denominación en un simple vocablo: patriotismo. Y esos seres (...) son aclamados, mientras viven, por el mundo miope de sus benefactores, y cuando mueren, canonizados como sus mártires. Murieron por la causa de su país: ése es el epitafio escrito con precipitada mano de indiscriminado elogio sobre la tumba de diez mil hombres que tuvieron diez mil motivos para elegir otro destino..., y que podían haber sido en vida enemigos de su país, de no haberse dado el caso de caer en su defensa, y cuyo amor por la patria, honestamente analizado, es, en sus diversas formas de vanidad, inestabilidad, gusto por el tumulto o deseo de exhibirse... simplemente amor a sí mismos». Todo sería más natural si en lugar de tanta verborrea patriotera y tanta adulación política, los militares fueran tratados como cualquier otro colectivo profesional.

Pero el desfile es una lata en un sentido mucho más profundo y relevante que el sugerido por Rajoy. Es latoso, para empezar, para muchas de las personas participantes que, de grado o por fuerza, habrán debido aguantar horas a pie quieto y obviando las condiciones atmosféricas en un alarde de falta de consideración, simplemente para representar una pantomima a mayor gloria… ¿de quién?

Es una lata porque es lo mejor que se les ocurre para celebrar la «fiesta nacional». Qué país (y qué Zapatero) más triste, que cuando quiere celebrar algo saca los uniformes a la calle y no hace efectiva la aconfesionalidad que proclama la Constitución porque la liturgia católica queda bien en los funerales de Estado (y en las ceremonias de la familia que patrimonializa la jefatura del Estado).

Es una lata porque, oficial u oficiosamente, todavía se mantiene la denominación de «día de la Hispanidad», residuo tardofranquista de aquel ridículo e inquietante «día de la Raza». Triste país, insisto, que celebra disparates y barbaridades. Celebra el inicio de un genocidio implacable y un saqueo que todavía continúa de manos de las élites que Castilla dejó en América y que alardean aún hoy de genealogía y blancura de piel; una persona entrevistada por un canal de televisión afirmaba sin rubor que «les dimos [a los indígenas americanos que, pobres, antes de aquel doce de octubre estaban cubiertos] una cultura, una religión y una civilización». Lo mismo que se celebra el oscurantismo y el absolutismo en ese dos de mayo que en este año fue objeto de grandilocuentes exaltaciones del reaccionario bando de los alcaldes de Móstoles, esperemos que por desconocimiento más que por asentimiento. O las dudosas glorias de un ejército desplegado hasta hace cuatro días no con criterios defensivos, sino de ocupación de un territorio considerado hostil. Y la Legión es siempre la unidad más aclamada, cimbreantes cinturas escoltando a paso vivo a una cabra de nombre Rudolf…

Por cierto, que a cuenta del doce de octubre se oyó mucho llamar «parada» a lo que era un desfile. Una parada es otra cosa, muchas otras cosas. Como un alzamiento. ¿Obsesión priápica?

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Las medidas de «gran alcance» de Sanz

El Parlamento está debatiendo un proyecto de ley foral «de medidas para la reactivación de la economía de Navarra 2009-2011», remitido por el Gobierno y en cuya exposición de motivos se argumenta que una iniciativa de «gran alcance» como el plan Navarra 2012 requiere ser complementada con medidas fiscales y financieras. El proyecto no contiene grandes novedades. Se trata de trasladar a Navarra medidas ya adoptadas por el Gobierno de Zapatero.

En primer lugar, se regula la devolución de los 400 euros en versión foral. Con la excusa de mejorar la progresividad del impuesto, se introducen cuatro tramos que van desde los 440 euros para las rentas del trabajo más bajas a 0 euros para las que superen los 45.800 euros. Claro que el proyecto habla exclusivamente de «rendimientos netos del trabajo», sin ninguna cautela adicional, lo que significa que, por ejemplo, una persona que tuviera 100.000 euros de rentas del capital y 9.000 euros de rendimientos del trabajo (por ejemplo, por asistencia a algún consejo de administración), se podría deducir 440 euros. Pero una persona cuya renta salarial sea tan reducida que no tenga obligación de declarar y no se le haya retenido nada, no se deduciría nada. Para poder obtener la deducción de 440 euros una persona sin obligaciones familiares tendría que percibir, como mínimo, 4.000 euros de rendimientos del trabajo y, unos 7.800 de ingresos totales (11.200 si tiene dos hijos). Eso es lo que significa, para el Gobierno de Navarra, “acentuar la progresividad del tributo”, favoreciendo “a las rentas laborales más bajas”. Regresivo, inconsistente y demagógico.

Una segunda medida se refiere a las deducciones por rehabilitación de vivienda. A falta de una revisión en profundidad del tratamiento fiscal de la vivienda, es, creo, una medida acertada, que llega con retraso. Pero acertada no por las razones que aduce el Gobierno. Mientras los promotores hacían su agosto con la vivienda nueva, le ha importado poco la rehabilitación. Ahora que falta el negocio, se apresura a facilitarles las cosas. Últimamente el único objeto de la acción de gobierno parece ser asegurar los beneficios a un grupito reducido y bien identificado de empresas y empresarios. Entiendo, por el contrario, que es una medida acertada tras años de fomentar una expansión urbana irracional que ha generado un tejido urbano deslavazado y caótico, la pérdida de consistencia del centro urbano, el deterioro y desperdicio de buena parte del patrimonio construido y unos enormes costes sociales y ambientales. Por algo se empieza, aunque sea con tanto retraso.

Hay dos medidas más que pretenden facilitar la actividad de las empresas y que afectan a la amortización acelerada de activos y a la concesión de avales. Son medidas típicas de tiempos de crisis, que no aportan nada nuevo y de las que no cabe esperar tampoco grandes efectos.

Pero en este caso el interés no está en las medidas en sí, sino en la justificación, que no tiene desperdicio. Quizá para intentar ocultar que el proyecto no es más que un cascarón vacío; quizá para dar la sensación de que se gobierna; quizá, simplemente, por pura ignorancia.

Que se diga que al aplicar una escala a la deducción de los 400 euros se «acentúa la progresividad del impuesto» no deja de ser una burla, cuando las rentas del capital tributan al 15%. La progresividad fiscal no se puede analizar figura a figura, impuesto a impuesto, sino en conjunto. Queda por ver si el sistema fiscal navarro es progresivo. Lo que está claro es que no es nada progresista.

Otro objetivo declarado de la medida es incrementar la renta disponible de las familias, «propiciando un impulso de la demanda interna, tanto de consumo como de inversión, estimulando la producción y generando una mayor actividad». Nada menos. Si el mismo Banco de España reconocía que la medida similar (más generosa, incluso) aplicada por el gobierno de Zapatero va a tener escasos efectos, ¿qué cabe esperar en una economía tan pequeña y abierta como la de Navarra? La medida sólo tendría efectos reseñables (y, con todo, reducidos) si la totalidad de la deducción se tradujera en consumo de productos y servicios plenamente navarros, algo impensable. Conmueve tanta ingenuidad.

A continuación el texto del proyecto de ley foral ofrece una perla para saborear con delectación. Dice que «la disminución de la carga tributaria de estos rendimientos amplía los incentivos a incrementar la oferta de trabajo y favorece la productividad, como consecuencia de la disminución del coste del factor trabajo». Es cierto que para disfrutar plenamente de la frase hay que tener cierta familiaridad con la jerga espantosa y triste de la economía, pero quizá se pueda hacer algo.

Conviene aclarar que la oferta de trabajo la realizan los trabajadores, mientras que las empresas demandan trabajo. ¿Cómo una deducción así puede incrementar la oferta de trabajo? ¿Es que como consecuencia de la deducción habrá más personas dispuestas a trabajar? ¿Quienes viven de las rentas preferirán ponerse a trabajar (por menos de 45.800 euros) para beneficiarse de tan cuantioso premio? Si Sanz inventó el keynesianismo foral, esto parece también la versión foral (y aplicada al mercado de trabajo) de la curva de Laffer (una elucubración con ecos etílicos que sólo se creyeron el astrólogo de cabecera de Reagan, Montoro y ahora, al parecer, Miranda).

Pero la medida no sólo incrementa la oferta de trabajo, sino que favorece la productividad, al reducirse el coste del trabajo. El disparate es antológico. ¿Cómo puede afectar al coste del trabajo una deducción en la cuota del IRPF? No se me ocurre, salvo que forcemos el razonamiento hasta extremos inverosímiles: al ver los contribuyentes que se reduce su carga fiscal, estarían dispuestos a trabajar a un menor salario… sin comentarios. Que, además, dé lugar a un incremento de la productividad es algo que se me escapa, porque el coste de un factor no interviene en el cálculo de aquélla; lo que no significa que no estén relacionados, pero desde luego no en el sentido que apunta el texto del proyecto de ley. Igual es que, al sentirse mejor tratadas, las masas trabajadoras acudirán al tajo más contentas y producirán más…

¿En qué manos estamos? Tenemos un borrador de medidas económicas rebozadas en el disparate. Se habla de caídas de los ingresos del 13%, pero en los presupuestos del próximo año se prevé una reducción del 3%. Se actúa con notable irresponsabilidad al dramatizar la situación por intereses espurios. A la desafortunada gestión del consejero Miranda se añade la guinda del lehendakari Sanz, nervioso, errático e histérico. Es consciente de que su política ha llevado a Navarra a un callejón sin salida y busca cómplices desesperadamente para compartir el desaguisado. Habrá que ver el precio de esa complicidad. Jiménez debería tentarse la ropa, no vaya a ser que la marca del PSOE en Navarra termine siendo UPN. Y es que detrás de Sanz parece adivinarse últimamente la meliflua sonrisa de un seminarista gallego…

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La crisis

Tal como están las cosas, entre dimes y diretes sobre si hay o no crisis y la competición que se empieza a vislumbrar sobre quién le otorga el calificativo más fuerte, estridente o imaginativo, mejor titular esta entrada con brevedad, rotundidad y borbónica sencillez. El documento que sigue es, advierto, prolijo (quizá en todas sus acepciones). Contiene algunas ideas sobre la actual situación económica, su impacto en Navarra, así como posibilidades de actuación. Me he ceñido al problema concreto, consciente de que hay un debate subyacente sobre modelos económicos globales y el mundo que queremos. Pero esa es otra historia y será contada en otra parte (no necesariamente por mí). El texto tiene tres apartados:

1. El diagnóstico
2. La respuesta
3. ¿Qué hacer?

1 El diagnóstico

La crisis económica obedece a una multitud de causas, porque se juntan aspectos coyunturales con otros estructurales. Algunas de ellas son inmediatas en el tiempo, otras se han gestado en un período más largo. En eso es igual que todas las crisis. A veces, incluso, lo que suele aparecer como causa principal no es más que un detonante. Es lo que ocurrió en los setenta con la subida de los precios del petróleo, que no hizo sino sacar a la luz con toda crudeza una situación muy deteriorada que se arrastraba desde mediados de los sesenta. Es lo que pasa también ahora con la crisis hipotecaria en los Estados Unidos.

Las causas de una crisis pueden ser exógenas, generadas en la economía internacional y más allá de la capacidad de control del ámbito de decisión política; pero sus efectos finales sobre una economía dependen de la estructura de ésta y de las políticas que se apliquen. Por ejemplo, la economía española está en peor situación que la alemana para enfrentarse a una crisis, a pesar del «buen» comportamiento de los agregados macroeconómicos en los últimos diez o doce años. El crecimiento era ficticio, especulativo, con unas bases tan poco sólidas como el consumo y la burbuja inmobiliaria.

Se pueden distinguir tres factores que han coincidido en el tiempo y han contribuido al deterioro galopante de la situación económica internacional. Se ha llegado a hablar, incluso, de una «tormenta perfecta», término que en meteorología alude a una poco probable pero catastrófica conjunción de circunstancias.

El primero de ellos es la subida del precio del petróleo. Para empezar, es conveniente situar las cifras en su contexto. Aunque la subida ha sido espectacular, vino precedida de una caída en términos reales. Entre 1986 y 2004 el precio estuvo por debajo del de 1974. Y ha sido recientemente, en 2008, cuando se ha superado el nivel récord de 1984 (con las últimas caídas está aproximadamente al nivel que alcanzó ese año). A diferencia de crisis anteriores, esta vez el problema no viene por el lado de la oferta, sino por un fuerte incremento de la demanda, alimentada por el dinamismo de las economías emergentes, singularmente China e India. La oferta ha respondido con mayor lentitud de lo esperado, en parte por la insuficiencia de la capacidad de refino, en parte por razones técnicas asociadas a los nuevos yacimientos.

El segundo es el incremento en precios de otros productos básicos, como los alimentos, especialmente cereales. Fenómeno que, unido al mencionado de los precios de los combustibles, pone en cuestión el modelo de «desarrollo» económico occidental, iniciado en el siglo XVIII y basado en la depredación de recursos, el derroche de energía barata y el incremento de la capacidad de consumo de una parte relativamente pequeña de la población mundial (el 15% disfruta del 80% de la riqueza). Cuando países de gran tamaño como China o India (juntos representan casi el 40% de la población mundial) intentan seguir el mismo modelo, el sistema se muestra incapaz de responder a corto plazo. Y aunque en Occidente los problemas de adaptación a los nuevos precios (se prevé que, al menos los del petróleo sigan siendo elevados por bastante tiempo) pueden ser duros, el mayor drama se va a vivir en los países más pobres, incluida la población rural china e india, porque no pueden pagar esos precios. Parte de la subida de los precios de los cereales se achaca a la producción de biocombustibles, si bien los datos disponibles indican que su responsabilidad (aun existiendo, sobre todo por su incidencia en los mercados de futuros) es pequeña, porque —al menos de momento— absorben una parte muy reducida de la producción total.

El modelo de desarrollo ha fracasado también en el terreno ambiental. A la depredación de recursos hay que unir la generación de residuos y otros problemas ambientales que hacen imposible, por razones de sostenibilidad, su extensión a otras áreas y países.

El tercer factor, o la tercera crisis que coincide en el escenario actual, es la crisis hipotecaria en los Estados Unidos, que genera desconfianza en los mercados financieros, sobre todo entre los bancos, y va a ocasionar grandes problemas de liquidez: los bancos que necesitan dinero no lo consiguen fácilmente porque nadie se atreve a prestar, dando lugar a una restricción del crédito a los agentes privados (empresas, consumidores). En ausencia de otros factores, sin embargo, el impacto de la crisis de las subprime hubiera sido pasajero y, seguramente, muy centrado en la economía estadounidense.

Esta situación se da en un contexto de creciente globalización, sin que ésta haya venido acompañada por una profundización de los mecanismos institucionales de coordinación internacional, lo cual genera efectos negativos y contribuye a incrementar las diferencias entre ricos y pobres (internacionales e intranacionales), porque las relaciones económicas y políticas son asimétricas. Se carece de un entramado internacional digno de tal nombre que fije unas mínimas reglas del juego y las haga respetar (algo parecido al «keynesianismo multinacional» que reclamaban algunos autores en los años ochenta).

Junto a estas causas, que podemos considerar específicas de la crisis actual, están las que se presentan en toda crisis. Alguien dijo que lo único que un economista puede predecir con alguna solvencia es que después de una expansión viene la recesión, y al revés. La economía se mueve a ciclos, que se pueden suavizar más o menos mediante políticas económicas, pero no eliminarlos. La última expansión ha sido larga (no se conocían fases expansivas así desde los años sesenta), estimulada en nuestro caso por la unión monetaria europea, que dará lugar a una reducción de los tipos de interés hasta niveles históricamente bajos. Se alimentó así la expansión del consumo, del endeudamiento de las familias y, significativamente, de la construcción. Las políticas públicas (especialmente la de vivienda) han sido en parte procíclicas, coadyuvando al proceso y generando efectos negativos que empiezan a manifestarse con crudeza en la actual fase.


2 La respuesta

En Navarra la respuesta ha sido tímida y a remolque de las circunstancias. Ha consistido en juntar proyectos de obras ya previstos y, en algunos casos, adelantar algo su realización. También se ha realizado un recorte significativo del gasto en el actual ejercicio (150 millones de euros). Además, la hacienda foral se ha plegado a las promesas electorales del PSOE y ha introducido, con matices, la reducción fiscal de 400 euros, una medida que no sólo no cabe considerar progresista, sino que contribuye a agravar los problemas presupuestarios.

El Gobierno de UPN se propone, igualmente, trasplantar a Navarra las medidas adoptadas por el Gobierno español, que plantean serias dudas sobre sus efectos. Se trata, en suma, de una actitud meramente reactiva aderezada con dosis de histeria y desconcierto. La tormenta desatada por Sanz en torno a la hipótesis —que no futurible— del apoyo de UPN a los presupuestos del Estado es una buena muestra. La polémica y su torpe manejo revelan el nerviosismo que cunde y la búsqueda desesperada de complicidades para avalar unos presupuestos sumamente restrictivos y con un recorte social que cabe esperar sustancial.


3 ¿Qué hacer?

Para empezar, no queda más remedio que asumir la parte exógena del problema, esto es, la que nos viene impuesta desde fuera. No son aconsejables medidas paliativas de, por ejemplo y como reclaman algunos sectores, la subida de los combustibles. Es un ajuste forzado por las circunstancias, más duro que si se hubiera hecho con inteligencia y gradualmente, pero al que hay que amoldarse, porque el modelo actual es insostenible. El «lado bueno» de la crisis —si alguno hay— es, pues, que va a obligar a cambios que hace tiempo reclamaba el sentido común, pero que no se acometían por su coste político, presiones interesadas, falta de visión de largo plazo o, simplemente, cobardía política.

En situaciones como la actual es muy importante combinar medidas a corto plazo para paliar los efectos más duros, con medidas estructurales para introducir cambios profundos que permitan adaptarse a las nuevas circunstancias. En un planteamiento de izquierdas, la actuación pública deberá tener una orientación fundamentalmente social, para compensar a los más afectados por la crisis, que suelen ser los grupos sociales más desfavorecidos. La «calidad» de una sociedad se mide por su capacidad para reducir desigualdades y generar derechos sociales. No se trata tanto de frenar u obstaculizar cambios que, muchas veces, vienen impuestos desde fuera, como de tener un entramado institucional sólido para atender a los perjudicados. Precisamente uno de los problemas a que nos tendremos que enfrentar será seguramente la insuficiencia de los mecanismos fiscales y presupuestarios, dado que las reformas fiscales que se han sucedido en los últimos veinte años han ido siempre en la misma dirección: reducir impuestos.

Igualmente, responder adecuadamente a la situación significa «olvidarse» del saldo presupuestario por un tiempo. No es de recibo justificar el superávit de los años de bonanza en que hay que ahorrar para cuando vengan mal dadas y, llegado el momento, buscar el equilibrio presupuestario. Hay capacidad para soportar cierto déficit. Por esa razón, es necesario vigilar el gasto social estrechamente, porque aunque el Gobierno no va a reconocer que esté en sus planes reducirlo, terminará haciéndolo. Igualmente deberá explicar qué se ha hecho con los superávit acumulados en los últimos años, en qué se han utilizado y por qué no están disponibles —como debería ser— para paliar los efectos sociales de la crisis. Las transferencias a empresas públicas no sólo sirven para dar opacidad al uso de recursos públicos, sino que previsiblemente van a servir para sostener el esfuerzo en obras públicas, evitándose usos alternativos a esos fondos.

Junto a las medidas de corte social y redistribuidor, hay que acometer otras de mayor calado por cuanto buscan reformas estructurales. Reformas que, además, son insoslayables si se quiere mantener la sociedad navarra en sus niveles actuales de bienestar. En Navarra hay un «divorcio» entre indicadores de renta y otros de mayor calado cualitativo. Así, el puesto que ocupa en nivel de PIB per cápita en la Unión Europea es más alto que el que le corresponde, por ejemplo, por esfuerzo tecnológico o indicadores sociales y educativos. ¿Qué significa esto? Que estamos viviendo de las rentas del pasado, de un modelo que está ya agotado, basado exclusivamente en la atracción de inversiones foráneas y la despreocupación creciente por el tejido empresarial autóctono, la innovación o el sistema educativo. «Que inviertan ellos», podría ser un buen eslogan de toda una época, que ha dado buenos resultados pero que ya no sirve. Ya no se pueden ofrecer incentivos financieros tan generosos. Las posibilidades futuras sólo pueden venir de la atracción de inversión de calidad y la generación interna de iniciativas e inversiones.

Hay que tener en cuenta, además, que en ámbitos económicos tan abiertos, la política económica se ha de desenvolver en el largo plazo. Y en este campo no hay nada nuevo: esfuerzo tecnológico, esfuerzo educativo y política social, teniendo en cuenta que cualquier política ha de cumplir unos requisitos mínimos en materia ambiental, es decir, los criterios de sostenibilidad han de impregnar todas las políticas públicas.

La política social ni es un adorno ni es beneficencia laica. No debe ser entendida sólo como un problema de justicia, sino, también, como un imperativo económico, porque aporta algo esencial para el bienestar colectivo, como es la cohesión de la sociedad mediante la reducción de las desigualdades.

Desde hace bastantes años asistimos a un deterioro de las rentas salariales, que crecen muy por debajo de las rentas del capital. Además, la evolución es muy desigual entre los propios salarios, de manera que los más bajos se deterioran en términos reales. No es sostenible socialmente un contexto en el cual en los años de bonanza se pide moderación, para hacer recaer en períodos de crisis el coste del ajuste en los trabajadores, tanto por la vía de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios como por el aumento del desempleo. Es obsceno, por ejemplo, que Miguel Sanz chantajee a los trabajadores públicos y los haga responsables del recorte social. Es necesario hacer políticas de rentas, que podrían pasar, incluso, por fórmulas de participación de los trabajadores en la propiedad de las empresas o el diseño de nuevas formas jurídicas para iniciativas sociales de carácter empresarial.

La búsqueda de competitividad mediante los salarios es una arma peligrosa, sobre todo si va acompañada de incrementos en la precariedad laboral, porque da lugar a pérdida de calidad del empleo y, por tanto, al empeoramiento de las expectativas a medio y largo plazo. Hoy sólo es posible mantener niveles de renta elevados y un sistema de prestaciones sociales avanzado mediante una alta productividad. La batalla de los salarios bajos está perdida. Productividad y salarios elevados no sólo son compatibles, sino que están íntimamente relacionados. Para ello es necesario el esfuerzo tecnológico, pero también el educativo, y no sólo en los niveles superiores, sino especialmente en los intermedios. La gran asignatura pendiente sigue siendo la formación profesional, que es el eslabón fundamental para incorporar las nuevas tecnologías en el sistema productivo. A medio plazo nos podríamos enfrentar, incluso, a un problema serio de falta de personal cualificado, que podría significar un retroceso económico y social.

La política tecnológica debe tener un componente social acusado, no puede consistir simplemente, como es el caso, en el diseño de medidas para incentivar la incorporación de nuevas tecnologías por las empresas, Se trata de un paso necesario, pero no suficiente. De hecho, el número de empresas innovadoras todavía es reducido, especialmente entre las más pequeñas. Por tanto, se trata de imbricar el esfuerzo tecnológico en la sociedad y no exclusivamente en el sistema productivo. Es decir, los planes tecnológicos deben plantearse para quién es la innovación. La respuesta no puede ser simplemente para las empresas, por más que sean ellas las que realizan, prima facie, el esfuerzo.

La aplicación intensiva de nuevas tecnologías a la Administración, por ejemplo a través del teletrabajo, puede servir, además, como un factor de equilibrio territorial, para frenar el despoblamiento de algunas áreas. Igualmente, la política social debe servir para fomentar la innovación y la exploración de yacimientos de empleo de calidad. En este sentido, es contraproducente la política seguida en los últimos años de externalizar los servicios sociales mediante su subcontratación a empresas privadas, lo que redunda en la pérdida de calidad del servicio, la mercantilización de derechos sociales y la merma en la calidad del empleo. La sustitución de prestaciones sociales por compensaciones dinerarias actúa de la misma manera, además de precarizar la propia existencia de la prestación, puesto que es más fácil su eliminación (basta con suprimir la partida presupuestaria).

La globalización y la deslocalización no son amenazas por sí mismas. Incluso, hablando en rigor, no son sino una manifestación del dinamismo inherente a la actividad económica. Sin empresas que se desplazan buscando mejores oportunidades de negocio o, incluso, salarios más bajos, posiblemente Navarra no se hubiera industrializado en los sesenta. Recuérdese que es tan tarde como 1964 cuando la industria sobrepasa en peso económico a la agricultura. Pero se requiere un tejido empresarial autóctono que cuente, además, con empresas de cierta dimensión imbricadas en el mismo. Es un buen argumento para dotar de mayor discrecionalidad la política tecnológica.

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El Presidente gesticular (Bambi atrapado en la maleza de la crisis)

Rodríguez Zapatero es, en esencia, un gobernante gesticular. Fue así desde el inicio mismo de su período de gobierno, con el plausible anuncio de la retirada de tropas de Irak. Mientras la oposición corrió a cargo de un PP asilvestrado y una caverna mediática desenfrenada, resultaba todo muy fácil. Si, además, el ciclo económico era favorable, miel sobre hojuelas.

En este momento la situación ha cambiado drásticamente: el PP está desaparecido (aunque, émulo al fin del Cid, con todo y con eso gana la batalla de la intención de voto: les conviene estar callados), Jiménez Losantos de juicio en juicio, Díez y Savater defendiendo una lengua que, como todo el mundo sabe, está en peligro de extinción. Así que Rodríguez Zapatero se ve en la tesitura, quizá por primera vez, de asumir por sí y para sí la responsabilidad de sus decisiones, de la tarea de gobierno, sin velos, subterfugios ni añagazas. Para su desgracia, justo en el peor momento.

Y sobreviene la parálisis. El Gobierno da una sensación de inacción, quizá de impotencia o, lo que es peor, de incapacidad, que no es un invento mediático. Y no será porque la crisis no estuviera anunciada. Se sabía que el ciclo habría de cambiar. Y se sabía que, dadas las bases insanas del crecimiento de los últimos años, en España la situación sería particularmente dura. Es inverosímil que en el Ministerio de Economía no se hubieran enterado de nada. Pero, comprensiblemente, evitaban generar alarma, en la esperanza de controlar la situación y lograr un aterrizaje suave. Ahí pecaron seguramente de ingenuidad, porque las crisis inmobiliarias suelen ser incontrolables una vez desatadas y se suelen precipitar, al menos hasta que se vuelve a valores normales de mercado. El problema está en las repercusiones de la crisis inmobiliaria, pero sobre todo, de las menguantes rentas de unas familias fuertemente endeudadas y empobrecidas por la subida de los tipos de interés y la inflación, sobre variables como el consumo, la inversión, el empleo o las expectativas empresariales y sociales.

¿Qué hace el Gobierno? ¿Qué hace Zapatero? Nuevamente nada. O sí: gesticular. Hasta ahora se habían lanzado dos paquetes de medidas contra la crisis. La mayoría sin nada que ver directamente con la situación económica. De las que sí estaban relacionadas con la crisis, muchas, las más, tienen escasa enjundia. Alguna, como la dichosa devolución de los 400 euros, es inútil en sus objetivos y perversa en sus implicaciones.

A pesar de tantos desvelos, la situación sigue empeorando, los malos datos se suceden, la opinión pública entiende que no se hace nada. La solución vuelve a ser la misma: gesticular. Zapatero interrumpe sus beatíficas vacaciones en Doñana, se pone al frente de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y convoca un Consejo de Ministros en pleno mes de agosto con el fin de aprobar un tercer plan. Si atendemos a las notas de prensa y la información oficial sobre el número de medidas a adoptar, diríase que la actividad gubernamental es frenética. Un examen más detenido indica, sin embargo, que no es para tanto. Centrémonos en las más llamativas.

La más publicada es la habilitación de 10.000 millones de euros en dos años para la concesión de avales para VPO: suena a balón de oxígeno para los promotores, tal como propuso en su día el ministro Sebastián. Otras medidas, como la reforma legal del alquiler, o el fomento de la rehabilitación y de la eficiencia energética, ya estaban previstas. Asimismo se incrementan las cantidades asignadas para la concesión de avales a las PYMES. En realidad, se extiende a 2009 y 2010 una medida que ya se había adoptado para 2008 (ampliación de 1.000 a 3.000 millones). Estas son las medidas que, se compartan o no, pueden tener más que ver con la situación económica.

Otra medida propuesta es la supresión del impuesto sobre el patrimonio. Se trata de una promesa electoral del PSOE que nada tiene que ver con la crisis. Añádase que es dudosamente progresista y reduce en 1.800 millones de euros la ya maltrecha capacidad recaudatoria de la hacienda pública y tendremos alguna idea sobre sus efectos: el principal, «inyectar liquidez» a contribuyentes poco necesitados de ayudas gubernamentales.

El resto de medidas pueden ser más o menos sensatas, más o menos defendibles —que de todo hay—, más o menos vinculadas a la actividad económica pero dudosamente relacionadas con la crisis. ¿Qué decir de la Ley de Creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales? ¿O de que entre los «procedimientos para impulsar la actividad económica» se cite la opción de pagar multas de tráfico a través de Internet? ¿O del fomento del transporte de mercancías por ferrocarril? Lo mismo cabe decir de un conjunto de medidas que no son más que la transposición de la directiva europea sobre servicios (la famosa Directiva Bolkestein, luego modificada en sus aspectos más polémicos). La transposición consiste en trasladar a la legislación de cada Estado el contenido de las directivas europeas y es obligatoria. En este caso el plazo acaba el 28 de diciembre de 2009 y el Ministerio de Economía estableció ya en julio de 2007 el calendario y el plan de adaptación de la legislación española al contenido de la directiva. También prevé el plan gubernamental la transposición de normas comunitarias sobre ahorro energético. Una vez más, se venden como medidas contra la crisis actuaciones que nada tienen que ver con la misma ni encuentran en ella su causa. Pueden tener algún efecto, puesto que su objetivo es facilitar el desenvolvimiento de las empresas o mejorar la eficacia administrativa, por eso se ponen en marcha. Pero no pasa de ahí. Muchas de ellas son actuaciones estructurales que debían haberse acometido mucho antes, precisamente cuando la situación económica permitía financiarlas con mayor holgura.

Zapatero muestra un rostro político congelado, envarado, entre atónito y demudado. En plena regresión infantil, asemeja un bambi —esta vez sí— atrapado en la maleza y reclamando ayuda lastimeramente al ver que su «economía de Champions League» (si entonces sonó a cachondeo, fíjense ahora) se deshace al mismo ritmo que los beneficios de los promotores que alimentaron su soberbia.

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