Un suspenso para Banca Cívica

Es de esperar que los resultados de la prueba de esfuerzo (stress test) realizada a la banca española y europea no habrán sentado muy bien en la sede de Banca Cívica (en Madrid) ni, por tanto, en la de Caja Navarra (¿en Pamplona?). Los argumentos utilizados para justificar tales resultados han sido pueriles y consisten, en esencia, en el manido truco de matar al mensajero: el problema está, se ha dicho, en la metodología utilizada, sobre la que existe consenso en Europa. Ha faltado tiempo para anunciar la entrada de capital privado (estadounidense) y, por tanto, el inicio de la privatización de la entidad. Ciertamente, hay que situar la prueba de esfuerzo —que no de solvencia, como se ha llegado a escribir— en su contexto y no perder de vista lo que trata de medir. Como tampoco hay que olvidar las razones que llevaron al Gobierno y al Banco de España a realizar la prueba a un número inusitadamente elevado de entidades. Pero, finalmente, sólo cuatro de un total de veintisiete no la superaron. Así pues, las cosas no parecen ir como se anunció a bombo y platillo —en esa permanente confusión de información con propaganda— que iban a ir. La manera misma en que se anuncia la entrada de JC Flowers en Banca Cívica, y los detalles de la operación, no hacen sino añadir leña al fuego. Vayamos por partes.

La ilación de los acontecimientos puede hacer pensar que la entrada de JC Flowers en el capital de Banca Cívica es una respuesta al resultado de la prueba de estrés. Si así fuera, revelaría una gestión errática y alejada de la prudencia que, según los manuales al uso, debe presidir el gobierno de las entidades bancarias. Un socio no se busca de un día para otro, como si de ir al mercado se tratara. Lo cual conduce a pensar que las negociaciones con JC Flowers se venían desarrollando desde tiempo atrás, quizá antes incluso de anunciarse la fusión de las cajas que conformaron inicialmente Banca Cívica. ¿Quiere eso decir que ya se sabía que iba a ser necesaria alguna inyección de capital? Es probable, pero eso descubre lagunas significativas en la información suministrada a la opinión pública navarra.

El socio elegido es un inversor dedicado al sector financiero (según Bloomberg Business Week está especializado en buyouts —compra de participaciones mayoritarias en una empresa; cuando se trata de empresas públicas se denomina going private—). En algún comentario de prensa —escrito en tono laudatorio a raíz del anuncio de su entrada en Banca Cívica— se define a JC Flowers como un «tiburón» financiero, término que se suele aplicar, con matiz claramente despectivo, a operadores que, lejos de crear riqueza, la sacrifican al beneficio inmediato. En todo caso, de lo que se va conociendo se desprende que JC Flowers o bien no es un lince de los negocios, puesto que junto a transacciones claramente beneficiosas ha protagonizado otras ruinosas; o bien se dedica a operaciones de alto riesgo, seguramente buscando eso que en castellano se describe tan gráficamente con el término «pelotazo». Igualmente se observa una preferencia por entidades públicas o semipúblicas en mala situación. Así ha ocurrido con algún banco japonés o alemán y, recientemente, con la mutua británica Kent Reliance o con Cajasur. Un estimable socio de referencia. Habrá que ver cómo queda la distribución accionarial si JC Flowers se hace finalmente con el 30% del capital de Banca Cívica.

En cualquier caso, no se trata de criticar estrategias empresariales en cuanto tales. Las perspectivas de Banca Cívica pueden fortalecerse con estos cambios y el futuro ser brillante. Pero sí cabe cuestionarse si es la estrategia más adecuada para una entidad con un marcado carácter social y territorial en su mismo código genético y bajo la tutela del Gobierno de Navarra. Las preguntas pertinentes son: ¿Quién decide? ¿Con qué criterio?

J.K. Galbraith, un economista brillante que vuelve a estar de moda en estos tiempos de crisis tras años de injusto ostracismo intelectual, venía a decir en su libro El nuevo Estado industrial que la gestión de las grandes corporaciones se evade del control de los accionistas o propietarios y sus objetivos pasan a estar más relacionados con los intereses de los gestores que con la pura maximización del beneficio. Cuando se trata, además, de empresas públicas o de entidades que jurídicamente carecen de propietario, como las cajas de ahorros, es más fácil aún, de tal manera que se dan auténticos «pelotazos» profesionales sin pasar por escrutinio alguno. Un caso paradigmático de ello fue en su día la gestión de Villalonga en Telefónica. ¿Será Banca Cívica otro conspicuo ejemplo? De alguna manera, en todo este proceso ha habido una confluencia, premeditada o no, de intereses entre los gestores de Caja Navarra y el Gobierno de Navarra. Interés político e interés corporativo que convergen para utilizar Caja Navarra en beneficio propio. La mencionada ausencia de propietario y el déficit democrático de la regulación legal de Caja Navarra han favorecido esta situación, así como el uso propagandístico de la entidad. Cuando los resultados no son positivos, se mira para otro lado y se elude cualquier asunción de responsabilidades. Lejos de eso, los muñidores de la cosa quedan bien protegidos y con los riñones cubiertos.

El fondo de la cuestión es una operación política auspiciada por el dogmatismo inclemente y estulto de Miguel Sanz, aunque sea al enorme coste de perder capacidad de decisión e, incluso, ingresos fiscales. Sanz recuerda a Sansón, ese supuesto héroe que, sin embargo, no se para en barras, con tal de hacer daño: «Y exclamó: ‘¡Muera yo junto con los filisteos!’. Después empujó con toda su fuerza, y el edificio se desplomó sobre los príncipes y sobre toda la gente allí reunida. ¡Los que él mató al morir fueron más numerosos que los que había matado en toda su vida!» (Jueces, 16, 30). Ejemplar.

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Independientes en Nafarroa Bai: una aportación

La prensa de estos días se ha hecho eco de la existencia de foros de debate, discusión, reflexión y hasta organización en Nafarroa Bai y al margen de los partidos de la coalición. Particularmente, hay un grupo de independientes (no descubro nada, ha aparecido, además de en la prensa, en algún blog; tampoco se han hecho las cosas de forma clandestina) que se reunieron el pasado cinco de julio para reflexionar sobre la supervivencia de Nafarroa Bai y elaborar sus propias propuestas, especialmente en el ámbito organizativo. No soy quién para hablar en nombre de nadie, ni siquiera para resumir ideas expuestas y mucho menos valoraciones sobre estados de ánimo. Por eso me limito aquí a exponer mis ideas sobre algunas cuestiones que se suscitaron.

No obstante, creo que puedo afirmar, sin incurrir en excesos interpretativos, que la diversidad de aportaciones, orales o escritas, al debate, coinciden —no por causalidad— en tres aspectos:

• Primero, en el desencanto por la evolución de la organización en esta legislatura.

• Segundo, y relacionado con el anterior, en la deseabilidad de una profundización en lo que se viene denominando el «espíritu fundacional» de Nafarroa Bai.

• Tercero, que llegados a este punto se impone alguna forma de organización de las personas «independientes» (usaré el término para entendernos, aunque lo considero desafortunado) de la organización para hacerse visibles, dar un puñetazo en la mesa y empezar a negociar en condiciones de igualdad con los partidos.

Estos son los puntos que considero relevantes y que comparto. Junto a ellos, en muchos comentarios se destila una cierta visceralidad contra los partidos. Parece contemplarse a éstos como enemigos, se razona en un marco conceptual dicotómico (y dialéctico) en el que estamos «nosotros» contra «ellos». Seguramente lo que subyace a estas formulaciones es la pasión y el interés con que se vive y siente cuanto afecta a Nafarroa Bai, y eso es bueno. Al menos indica que, si lamentablemente desaparece o se adultera, no será entre la indiferencia o la dejadez. Pero, nos guste o no, los principios deben traducirse en criterios organizativos, en cuotas, en guarismos; en cosas, en suma, prosaicas, frías y que dejan poco margen al apasionamiento o a los brindis al sol, pero que no por ello son menos necesarias. Tan necesarias y tan importantes son, que es lo que está poniendo en peligro a Nafarroa Bai.

Por ello, entiendo que el debate debe partir de dos consideraciones:

En primer lugar, Nafarroa Bai es a día de hoy, para bien o para mal, guste o no guste, una coalición de partidos. Y lo es porque una serie de organizaciones —con la aportación innegable y valiosa de personas independientes— quisieron crearla (por los motivos que fuera y que a día de hoy son seguramente irrelevantes) y pusieron en marcha un proceso que, afortunadamente, ha ido más lejos y se ha desenvuelto con mayor autonomía de lo que seguramente preveían.
Esta coalición es singular porque abarca un espectro ideológico, social y político muy amplio, por más que la sociedad parece situar la coalición claramente en la izquierda. Pero su pluralidad genética y también la diversidad cultural, histórica y organizativa, es un elemento muy a tener en cuenta al plantear posibles evoluciones, porque actúa como una restricción. Hacer un ejercicio de optimización sin tener en cuenta la restricción equivale, en estas circunstancias, a escribir cartas a los Reyes Magos (ejercicio saludable y necesario, pero cuyo momento no es seguramente éste).

Ahí es donde surge, creo yo (estos términos son polisémicos y, por ende, resbaladizos), haciendo de la necesidad virtud, la «transversalidad» como rasgo distintivo de Nafarroa Bai. Transversalidad que, en todo caso, hay que llenar de contenido, no se puede quedar en su mera enunciación (la transversalidad hueca remite a una ingenua fraternidad universal y genera monstruos como movimientos nacionales o sindicatos verticales).

En segundo lugar, ¿qué papel corresponde a las personas «independientes» en este contexto? Entiendo que precisamente por la diversidad ideológica y organizativa de los partidos que la conforman, ser la argamasa, el tejido integrador, el elemento que materializa e impregna de contenido la transversalidad, haciendo viable la coexistencia entre diferentes, precisamente rellenando los espacios entre ellos. Pero por eso mismo, hay que meditar con sumo cuidado la forma de inserción de estas personas en Nafarroa Bai. Creo, y la experiencia de los últimos tiempos lo avala, que es más necesaria que nunca alguna forma de organización. Pero creo también que no puede ser similar a la de los partidos, porque eso seguramente impediría a este grupo realizar su función.

De hecho, entre las personas independientes encontramos al menos la misma diversidad ideológica, seguramente mayor, que entre los partidos, lo cual dificulta enormemente la definición e interpretación de una postura común en muchos aspectos. Y tampoco se libra de la tentación cainita, cuando hay muchas formas de ser «independiente», sin que eso pase por ser ideológicamente aséptica (no creo mucho en las equidistancias); incluso se puede ser independiente «contra» (personas, grupos, partidos). Un grupo difuso (dicho sea en el sentido matemático o en el de la primera acepción del DRAE y nunca en sentido peyorativo), requiere alguna forma de organización igualmente difusa y sutil.

De otra manera, estaríamos en la tesitura de conformar una organización similar a los partidos (llámese partido o no), la dichosa quinta pata (o sexta, o séptima, u octava, vaya usted a saber): una opción legítima y digna de consideración, pero que no es en lo que en este momento estamos.

Por estas dos razones, creo que el debate ideológico intra-independientes no tiene sentido, más allá del establecimiento de un mínimo común, que creo que ya existe, sino que procede ir directamente a la cuestión organizativa. Por otra parte, me da la impresión de que el acuerdo entre los partidos es mucho más fácil en las así denominadas líneas políticas y programáticas (que se pueden pulir y socializar y ya hay alguna iniciativa en esa dirección), mientras que el desacuerdo se centra en lo organizativo.

A este respecto, creo que se debe contemplar explícitamente la presencia de independientes en los órganos decisorios de Nafarroa Bai y la forma de cubrir esos puestos. La paridad absoluta o la existencia de participaciones ponderadas (por el criterio que sea, todos son discutibles) es una cuestión menor si se establecen adecuadamente criterios de adopción de decisiones respetuosos con las minorías o la exigencia de unanimidad o mayorías suficientemente amplias para determinadas decisiones.

Pero al considerar esta cuestión, no hay que perder de vista los condicionantes organizativos. No se trata de poner palos en las ruedas, sino de tener en cuenta todos los aspectos. Por ejemplo, si se propone que el colectivo de independientes elija a sus representantes en los distintos órganos de la coalición, habrá que concretar cómo se define ese colectivo, tarea nada fácil, porque según como se haga obligaría a los partidos a hacer públicos sus listados de militantes, algo impensable. Igualmente, si se piensa en que sea Nafarroa Bai en cuanto tal quien adopte sus decisiones a través, por ejemplo, de asambleas, habrá que concretar cuidadosamente la composición de tales asambleas. Lo mismo ocurre con la tan demandada militancia. ¿Quiénes pueden ser militantes de Nafarroa Bai? ¿Cuál sería su peso en los órganos de la coalición? ¿Es incompatible la militancia en Nafarroa Bai con la militancia en uno de los partidos que la integran? Si lo es, los partidos deberán publicar sus censos de militantes. Si no lo es, tenemos servidas las suspicacias. Insisto, no son objeciones teóricas, sino aspectos prácticos que habrá que tener muy presentes al plantear cualquier alternativa. En su momento ya se planteó alguna propuesta que fue arrumbada sin mayor debate.

Una forma muy eficaz de generar el tejido común tan necesario para la supervivencia de Nafarroa Bai es el trabajo. Por eso, deben existir grupos de trabajo permanente y con una conformación bien definida (para huir del amateurismo; hay que olvidarse de grupos de trabajo de composición etérea y basados en la buena voluntad, porque no son operativos) que se encarguen de dar cuerpo y entidad argumental a las posturas de la coalición, así como de asesorar y arropar a los cargos electos, especialmente en el ámbito municipal. Es una asignatura pendiente y uno de los factores que explican que, a día de hoy, no se sepa qué piensa realmente Nafarroa Bai en muchos temas trascendentales para la ciudadanía, o en qué basa sus apreciaciones. Los documentos, informes o como se quiera llamar al producto excogitado por estos grupos, deberían servir, además, como base para otra actividad igualmente necesaria y que se ha descuidado mucho, como es explicar a la ciudadanía, en toda Navarra, las posiciones de Nafarroa Bai en todos los aspectos de la vida política, social, cultural o económica (de Navarra y del resto del mundo, que para eso somos unibertzales y nada humano nos debe ser ajeno).

Establecidas posturas comunes, creo que lo procedente sería plantearlas a los partidos (no sé si en la Permanente o de otra manera, no se trata de hacer cuestión de principios de todo) y, a partir de ahí, intentar forjar consensos con mucho, mucho, talante del bueno, porque nos corresponde dar ejemplo de flexibilidad, disposición negociadora y sentido común. La autoridad, la legitimidad, hay que ganársela y en eso hay algún camino recorrido; pero también hay que revalidarla continuamente.

Para terminar, una cuestión que en algún momento habrá que considerar y que expongo para la reflexión. Nafarroa Bai surge con un número de partidos. Posteriormente el escenario ha cambiado y hay un nuevo partido, Hamaika Bat, procedente de una escisión de EA. Las personas afiliadas a Hamaika Bat están en una especie de limbo, porque no integran la coalición en tanto que partido y no son estrictamente independientes (digamos que, desde el punto de vista de Nafarroa Bai, serían algo así como «independientes organizados», «independientes de obediencia distinta a Nafarroa Bai», «independientes dependientes no de Nafarroa Bai», o cualquier otra cosa rara que se nos ocurra para definir una situación extraña). La reflexión organizativa también debe alcanzar situaciones como ésta.

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Las crisis bancarias, el sector público y el fetiche del mercado

No es raro que cuando un gobierno se ve, por una u otra razón, impelido a adoptar medidas impopulares, apele a su inevitabilidad y a la bondad de la sociedad para aceptarlas. Ello es comprensible, puesto que no cabe esperar un reconocimiento de errores o culpas y la tentación de acudir a la coyuntura (todos están igual, si no peor), especuladores (versión moderna del contubernio judeo-masónico-comunista) o la mala suerte (¿quién lo iba a prever?) es permanente. Además, se tacha de irresponsable a quien se resiste a comulgar con esas ruedas de molino, al tiempo que, tanto el Gobierno como sus apoyos, por acción u omisión, se escudan en la responsabilidad. Como ultima ratio regum de un Gobierno acorralado por sus propios errores, se conceden cartas de buena conducta y aun de patriotismo, según se acomode o no cada quien a su dictado.

Pero es que, además, la inevitabilidad de las medidas no se deriva de un análisis riguroso acompañado de la correspondiente y pedagógica explicación, sino que procede de la necesidad de «calmar a los mercados», es decir, de someterse a ellos. Habrá que concluir, pues, que son los «mercados» los que realmente gobiernan y que el sistema de prestaciones sociales, la estructura legal e institucional del mercado de trabajo, la capacidad redistribuidora del sistema impositivo y de los presupuestos públicos, o la propia formación de consensos políticos y sociales, no dependen ya de la voluntad soberana del pueblo expresada a través del voto y de la actuación de sus representantes, sino «de los mercados». Pero ¿qué son los mercados? En realidad, una entelequia, un recurso dialéctico tras el que se agazapan agentes económicos buscando su beneficio (que no lleva necesariamente —a pesar de lo que dijera Adam Smith con su ingenua metáfora de la mano invisible— a maximizar el interés general y que a veces se concreta en la ruina del prójimo). Son bien conscientes de que cuanto mayor sea su poder, más fácil será conseguir que, cuando vengan mal dadas, las pérdidas que pudieren derivarse de sus trapacerías correrán a cargo del erario público (universalización del principio too big to fail). El mismo Smith, santo tutelar del liberalismo económico, era consciente de la facilidad de comerciantes y manufactureros para convencer, «con protestas y razonamientos capciosos [...] de que el interés privado de una parte de la sociedad coincide con el general de toda ella».

Si algo muestra dramáticamente la actual crisis es el fracaso del mercado como dogma universal para la asignación de recursos. La ola desreguladora que se impuso con la denominada «revolución conservadora» (clamoroso oxímoron) de Thatcher y Reagan, azuzada por una ilimitada fe en la capacidad de autoorganización de los mercados tuvo un final apocalíptico con el hundimiento precisamente de los mercados considerados autorregulados por excelencia, los financieros. No es que el mercado sea inútil, sino que no se le puede exigir más de lo que razonablemente es capaz de hacer, que es menos de lo que, interesadamente, se dice.

Contra lo que pudiera parecer, las crisis financieras son habituales: según un informe de la Comisión Europea, entre 1970 y 2007 se registran 122 crisis financieras sistémicas, de las que 22 tienen lugar en países de la OCDE. Su duración media supera los cuatro años. En el caso de países de la Unión Europea el coste neto de cada crisis para el presupuesto público ronda el 5,5% del PIB (en países emergentes estas cifras se disparan), sin que los rescates bancarios hayan conseguido frenar su impacto sobre la economía real. Además, suponen en muchos casos un empeoramiento de las cuentas públicas y un incremento del nivel de endeudamiento, que tarda más de ocho años en recuperar el nivel previo a la crisis. La liberalización de los mercados financieros parece conducir, además, a incrementos, tanto de la frecuencia como de la intensidad de las crisis financieras. Resumiendo: las recurrentes crisis financieras y bancarias se saldan con un coste considerable para las arcas públicas. Esos mismos agentes financieros así salvados se ocupan después de exprimir y someter a las economías, atacando el punto más débil que es la deuda generada en su beneficio. Si las reglas del juego existentes no funcionan, lo lógico sería cambiarlas. Por el contrario, nos encontramos con que los Estados pierden soberanía y se pliegan a intereses espurios en el sacrosanto nombre del mercado.

Y en esas estamos. Todos recordamos los cantos a la regulación y el aparente consenso sobre la necesidad de controlar mejor los mercados financieros (la dichosa refundación del capitalismo). En dos años todo eso se ha desvanecido. Los desacuerdos se generalizan y el chantaje de los mercados financieros (azuzados en ocasiones, todo hay que decirlo, por intereses políticos poco ejemplares) termina por templar los ánimos y llevar el agua al molino de siempre. Ahí radica uno de los problemas de la actual situación. El sector financiero convence (digámoslo así) a gobiernos y organismos internacionales de que no hay que regular; que, en todo caso, hace falta más mercado. Eso se traslada miméticamente a otros sectores y actividades (España: mercado de trabajo, con protagonismo estelar del Gobernador del Banco de España). Y aquí paz y después gloria… si no fuera porque eso significa poner las bases de la próxima crisis. Es decir, no sólo se venden soluciones que son falsas, sino que contienen el virus que, más pronto que tarde, generará un nuevo marasmo. Y vuelta a empezar.

Mientras tanto, en un país sin ideas, voluntad ni recursos, todavía están por acometerse las reformas estructurales necesarias para construir una economía realmente moderna y sostenible en todos los aspectos; al mismo tiempo, como quien no quiere la cosa, se refuerza el centralismo y se recorta la capacidad de autogobierno en razón de «intereses superiores». Después de tanta verborrea social y despropósito económico, al mejor estilo del «capitalismo popular» thatcheriano, que nos ha tocado padecer desde 2004 (también antes, pero sorprendía menos), pincha la burbuja y descubrimos, no que el rey está desnudo (no caerá esa breva) sino que lo está la sociedad entera: desnuda y desamparada. Y luego nos piden responsabilidad y más mercado.

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Sobre el copago sanitario

Hoy ha saltado, por enésima vez desde el famoso Informe Abril, la cuestión del copago sanitario, que puede afectar tanto a la asistencia primaria y especializada (a una de ellas o a ambas; es lo que se denomina ticket moderador) como al gasto farmacéutico (en este caso ya existe un copago para personas en activo, pero no para pensionistas). Una vez más, las malas noticias sociales llegan en el peor momento y lo más ridículo de todo es que el Gobierno parece habérselo planteado como un modo de recaudar o reducir gastos, algo absurdo en temas como este. Por si pueden aportar algo al debate, ahí van algunas ideas apresuradamente hilvanadas al respecto.

• El copago en sanidad (ticket moderador en atención primaria y/o especializada y copago farmacéutico) es una cuestión que surge recurrentemente desde hace ya bastantes años. Los motivos por los que se plantea pueden variar (recaudatorios, de reducción o de racionalización del gasto), si bien se admite que sus efectos recaudatorios son mínimos y que sólo sería aconsejable para racionalizar el consumo y concienciar a la población. Por eso, sorprende que en esta ocasión se haya planteado con afán recaudatorio. Si realmente ha sido así, es de suponer que no se haya llevado a la práctica precisamente por su previsible escasa incidencia.

• La puesta en práctica de un sistema así plantea problemas significativos que requerirían un examen detenido, y tampoco parece existir ninguna urgencia, más allá de los afanes recaudatorios del Gobierno, por lo que sería muy desaconsejable la adopción de medidas al calor de una coyuntura económica concreta, por adversa que sea.

• Un sistema de copago debería tener en cuenta y compensar las desigualdades sociales que se pudieran generar como consecuencia de su implantación, y así se hace en los países que tienen sistemas similares, lo que implica normalmente establecer criterios en función de la renta, de la situación socio-laboral, del tipo de dolencias o de la edad. En economías con tanto fraude fiscal como la española y la navarra, y con desigualdades sociales tan intensas, el establecimiento de tales criterios no necesariamente mejoraría el sistema y, por el contrario, podría empeorar su carácter redistributivo.

• Un principio exigible a cualquier sistema de copago es que no reduzca la demanda necesaria, es decir, que las personas que realmente precisan asistencia acudan a los servicios sanitarios y que, por tanto, no contribuya a la reducción del nivel de salud de la población. En la situación actual creo que es prácticamente imposible asegurarlo.

• Otra cosa es que sea necesario racionalizar gastos y reducir ineficiencias en el sistema. Tampoco es admisible que el gasto farmacéutico aumente a las tasas con que lo ha estado haciendo. Ahí sí hay posibilidades de ahorro, relacionado con la presentación de los medicamentos, las dosis o el uso preferente de genéricos, como lo demuestra la previsión contenida en el decreto recientemente aprobado. Igualmente merece alguna reflexión el elevado consumo de medicamentos per cápita, así como el efecto en la progresividad-regresividad social del sistema de la gratuidad con el único criterio de la edad.

• En suma, es necesario conocer detalladamente la situación, elaborar un diagnóstico riguroso y analizar y agotar todas las posibilidades de racionalización del gasto y de mejora de su eficiencia, antes de llegar a medidas que, en la actual situación, conducirían previsiblemente a un deterioro social aún mayor.

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Vindicación de un acuerdo

En los últimos tiempos diríase que en Nafarroa Bai ha habido un empeño explícito y denodado en hacer las cosas de la peor forma posible. La situación en la CAV no ha sido ajena a todo ello. Como tampoco la obsesión casi enfermiza por vigilar y estar más pendiente del socio que del contrincante y dirimir las diferencias en la plaza pública y no precisamente con maneras corteses, intentando hacer pasar por transparencia el navajeo inclemente y muchas veces gratuito.

Asentado esto, he de decir que el acuerdo alcanzado por Aralar y Eusko Alkartasuna me parece positivo. Eso no significa sancionar y aprobar las formas y el procedimiento. Pero, en cualquier caso, es un paso necesario para asegurar la presencia de una alternativa de cambio político —pero también social y económico, que a veces se olvida— en Navarra.

Nafarroa Bai es lo que es; sigue siendo una coalición de partidos y querer ir más deprisa de lo que es razonablemente exigible a unas organizaciones que tienen su tempus, su inercia y su historia, no es la mejor estrategia. En un ejercicio de lo que podríamos denominar (en sentido no peyorativo) nabaizalismo ingenuo, se fija la vista en el objetivo último y se obvian los pasos intermedios, formulándose en ocasiones de forma expresa el deseo de que, incluso, desaparezcan los partidos en un indefinido totum revolutum. Pero el punto de partida, si no se quiere excluir a nadie, ha de ser el mínimo de los máximos a que se está dispuesto a llegar en cada una de las organizaciones que conforman la coalición. Se habla de procedimientos decimonónicos (los de los partidos) frente a supuestas posibilidades de las nuevas tecnologías en las que, sin una organización, mecanismos eficaces de identificación y procedimientos de adopción de acuerdos (¿otra vez el siglo XIX?) es imposible conseguir nada más que una difusa, y confusa, maraña de opiniones anónimas. Se habla de asambleas, de encuentros abiertos; abiertos ¿a quién? Para decidir, ¿qué? ¿Quién establece los criterios? Si no nos gustan, ¿dejan de ser legítimos?

La definición organizativa es inseparable de la reflexión sobre qué se pretende con Nafarroa Bai y cuál es su identidad. ¿Se pretende únicamente, como a veces parece intuirse, echar a UPN del Gobierno? ¿Y después, qué? Porque sería triste que, conseguido eso, termináramos pensando que contra UPN estábamos mejor. ¿Es Nafarroa Bai de derechas, de izquierdas, progresista, de centro izquierda, socialdemócrata, una combinación lineal ponderada de sus sensibilidades o una combinación lineal sin ponderar (paritaria)? Claro que, como estos conceptos son decimonónicos, igual no son relevantes. ¿Qué significa pluralidad? ¿Basta con enunciar una idea para que sea automáticamente acogida? Eso nos llevaría muy lejos y es un camino que no me gustaría recorrer: los movimientos nacionales me ponen de punta mis ya escasos pelos.

Todo el mundo se siente propietario de los 80.000 votos de Nafarroa Bai, ignorando la abrumadora evidencia de la falta de relación entre militantes o simpatizantes, por un lado, y votantes por otro. No hay una Nafarroa Bai, hay muchas, una en los ojos de cada observador, de cada observadora. Eso sí, la sociedad parece situarla claramente a la izquierda. Cuando estamos sumidos en una crisis sistémica en la que, una vez más, el estado de bienestar, la justicia social y el medio ambiente están saliendo trasquilados, cuando la socialdemocracia se enfrenta a la evidencia palmaria de un fracaso de dimensiones históricas, cuando las recetas de la derecha dan miedo ¿basta con respuestas tibias para contentar a todos o hay que definir claramente una alternativa? Evidentemente, habrá quien no comparta el diagnóstico; debatamos, pues, y seamos consecuentes con las conclusiones que del mismo se deriven.

Son cuestiones que me parecen de calado y no se responden con vaguedades voluntaristas. Por eso me parece positivo el acuerdo Aralar-EA, porque es un primer paso para avanzar en la dirección que considero adecuada. Formas aparte, insisto, los documentos en que se basa el acuerdo me parecen moderados y razonables, no maximalistas, por lo que no cabe deducir afanes exclusivistas o excluyentes. Constituyen un buen punto de partida para construir ese espacio común que todos decimos desear.

Las grandes ideas hay que edificarlas paso a paso. Durante mucho tiempo hubo una pintada en una calle tudelana que decía: pedir libertad es hacer cadenas; romper las cadenas es hacer la libertad. Entre la utopía totalitaria y el pragmatismo a ultranza, reivindico el realismo: puede que esté devaluado como concepto, pero teniendo claro a dónde se quiere llegar, es la mejor manera de conseguirlo. Como diría Carroll, siempre llegarás a alguna parte si caminas lo bastante. Pero no se trata de llegar a alguna parte, sino a una parte. Lo que queda es definir cuál es.

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Paraísos fiscales, paranoias riojanas y lógica económica

El pasado 26 de abril el presidente del Gobierno de La Rioja presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley que equipara las normas fiscales de las diputaciones forales a las leyes ordinarias, el mal llamado blindaje del Concierto vasco. Hay razones jurídicas de peso para ello, pero molesta al Partido Popular y molesta a las Comunidades Autónomas vecinas, especialmente La Rioja y Castilla y León.

Pero más allá de la refriega jurídica, las razones económicas que se aducen son tan toscas y de tan escaso fuste teórico que difícilmente encubren el motivo real del recurso, cual es obstaculizar, cuando no frenar, el ejercicio de las competencias fiscales por parte de las diputaciones forales. Y seguramente les gustaría poder hacer lo mismo con las normas fiscales navarras: menos mal que está el lehendakari Sanz para, con su permanente trabajo de zapa de la autonomía navarra, no dar que hablar.

En la presentación del recurso de inconstitucionalidad acompañó al presidente Sanz (el de La Rioja) una corte de agentes sociales, entre los que estaba Julián Doménech, presidente de la FER (la patronal riojana), quien declaró que «no queremos que España tenga paraísos fiscales a tres kilómetros de nuestras fronteras. Es indigno». Sería conveniente que este señor revisara los elementos definitorios de un paraíso fiscal (tax haven; véanse, por ejemplo, los de la OCDE en su página web), porque los regímenes fiscales forales no se ajustan en absoluto a tales criterios. Paraísos fiscales de verdad son las SICAV o esas rentas (fundamentalmente empresariales) cuyo tipo impositivo es nulo porque se mueven en el viscoso e insolidario limbo de la ocultación y el fraude fiscal.

¿Por qué se insiste en la idea de los paraísos fiscales? Para empezar, seguramente porque es un término efectista y con connotaciones negativas para la opinión pública. Pero también porque es el arranque del nudo argumental contra la autonomía fiscal vasca: la existencia del paraíso fiscal vasco o, al menos, de un tratamiento fiscal mucho más favorable para las empresas, conduce, se dice, a la deslocalización de actividades hacia los territorios forales. Que el argumento sea débil e inconsistente importa poco en política, cuando de lo que se trata es de inundar de demagogia los medios, descalificar al contrario y procurar el perjuicio ajeno aunque ello ni siquiera suponga réditos propios.

El concepto de deslocalización es resbaladizo y difícil de concretar. En la acepción más admitida hace referencia a decisiones de las empresas, normalmente multinacionales, de desplazar su actividad hacia determinados países, principalmente por sus menores costes del trabajo, pero también por la mayor laxitud en materia laboral o ambiental. No obstante, cuando el Gobierno de La Rioja se refiere a la deslocalización, la achaca a una causa que no suele ser contemplada en los estudios al uso, como es la fiscal. Pero este motivo no se sostiene empíricamente. Como no hay datos desagregados, recurriremos a los de la industria española. El resultado del ejercicio (beneficios o pérdidas) se ha movido en los últimos años (eliminando 2008 por la crisis) entre el 4,5 y el 5,5% de los gastos de explotación. Aunque el tipo del Impuesto sobre Sociedades se aplicara íntegramente sobre esa cuantía en La Rioja y fuera cero en la Comunidad Vasca, el ahorro se quedaría en apenas el 1,75% de los gastos totales. Pero las tan denostadas vacaciones fiscales suponían rebajar el tipo impositivo del 35 al 32,5%: es decir, las empresas se podrían ahorrar, en el mejor de los casos, el 0,125% de sus gastos totales. Para ese viaje no hacen falta tales alforjas, cargadas de demagogia y populismo.

Y si el razonamiento puramente pecuniario no avala lo que el Gobierno y los agentes sociales riojanos (ahí están UGT y CCOO con su guerra permanente contra la autonomía fiscal vasca y navarra) se empecinan en manifestar, tampoco lo hace el económico. Una de las constantes en la evolución de la localización de actividades económicas es su difusión desde los centros en que se originan. Estas tendencias centrífugas obedecen a diferentes causas, como la madurez tecnológica o de los procesos productivos, la búsqueda de menores costes laborales o, simplemente, de espacio. Tales procesos no son uniformes sino selectivos, tanto en cuanto a las actividades que se desplazan como respecto a las localizaciones de destino. Esto es aplicable a la industria guipuzcoana y vizcaína, que se va a expandir inicialmente hacia Navarra y Álava y, posteriormente, hacia otras áreas limítrofes de Castilla y León y La Rioja.

Por tanto, no sólo no es cierto que el régimen fiscal vasco perjudique a La Rioja y genere deslocalizaciones, sino que, por el contrario, el tejido industrial riojano se debe, en gran medida, a la proximidad de la región al núcleo vasco. De hecho, a pesar de las bravatas, no se han proporcionado datos de deslocalización, no porque no existan, sino porque dicen otra cosa. Lo mismo ocurre en Castilla y León. La revista Castilla y León Económica publicó en su número 113 (octubre 2005) un artículo sobre «la deslocalización en las regiones españolas». Según el mismo, el País Vasco está en segundo lugar como origen de las empresas que llegan a la región: «aquí viene la gran sorpresa», dice la revista, «lo que evidencia el escaso éxito de las vacaciones fiscales vascas», para concluir que, «en la decisión de los emprendedores pueden más otros factores, como la paz social y la estabilidad política»: manipulación aparte, ¿en qué quedamos? Para colmo, del citado estudio se desprende que el primer destino de las empresas que se marchan de la región es Madrid (uyuyuy).

La deslocalización de actividades afecta fundamentalmente a áreas industriales. Y entre 2000 y 2004 la única Comunidad Autónoma española que incrementa claramente el empleo en sectores afectados por la deslocalización (sobre todo en textil) es La Rioja. Este resultado debería hacer meditar a los gobernantes riojanos sobre la política industrial que están llevando a cabo y la calidad del tejido económico que están suscitando, esto es, asumir sus responsabilidades, en lugar de preocuparse de lo que hace el prójimo y malgastar su tiempo en oscuras maniobras políticas.

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Banca Cívica: ¿operación incívica?

Las negociaciones sobre la formación de lo que se va a denominar Banca Cívica van a buen ritmo y, se dice, el Banco de España ve con buenos ojos la operación. Quizá el Banco de España sepa de qué va el asunto, pero si nos hemos de guiar por la información transmitida, trabajadores incluidos, todo es bastante oscuro. (El Consejo General de Caja Navarra aprobó por unanimidad la integración en Banca Cívica. De los sindicatos del régimen y el PSN cabe esperar bien poco. Pero el apoyo de IUN es incomprensible e ¿inexplicable?).

¿Qué significa que el Banco de España considere positiva la operación? Mucho o casi nada, según se mire. El Banco de España se enfrenta a la patata caliente de unas cajas que han asumido un elevado riesgo en los años del boom inmobiliario y se encuentran ahora, entre otros problemas, con una morosidad en rápido crecimiento. Y a pesar de lo que se ha repetido con insistencia, la responsabilidad del Banco de España en el actual estado de cosas, fundamentalmente por omisión, no es pequeña. Una de las maneras de reducir la fragilidad del sistema es promediar riesgos mediante fusiones. También se pretende mejorar la solvencia incrementando el tamaño, cuestión sobre la que convendría reflexionar. Sorprende la inamovilidad de las concepciones, la rapidez con la que se vuelve a las ideas de siempre, como si no hubiera pasado nada y no estuviéramos inmersos en la mayor crisis financiera desde los años treinta. Por tanto, que una operación así esté bien para el Banco de España no quiere decir que sea buena para Caja Navarra (a expensas, claro, de quién defina lo que es bueno para Caja Navarra) y, mucho menos, para Navarra.

Es esta una primera acotación necesaria para centrar el tema en sus coordenadas, depurando un ruido que nada aporta pero que llega a utilizarse como cortina de humo o coartada para decisiones, insisto, insuficientemente explicadas. Así, hay una serie de aspectos en los que puede ser conveniente detenerse. La mencionada falta de información dificulta saber si se trata de elucubraciones sin fundamento o hay motivos reales para la reflexión (y la preocupación). Veamos.

¿Qué es exactamente ese ente denominado Banca Cívica? No está muy claro. Una caja no. ¿Un banco? Quizá. Inicialmente se dio a entender que sería una especie de puesta en común de determinados recursos con el fin de reducir costes y obtener sinergias. Algo así como una central de compras en versión financiera. Se le ha llegado a denominar fusión virtual o fusión fría. Pero ahora se habla ya de un Grupo Económico Consolidado (GEC). Si este GEC se configura finalmente como un banco, sería previsiblemente una sociedad anónima, lo que abre la puerta a la privatización de las cajas.

De las características del GEC se sabe poco, pero sí que tendrá su sede (servicios centrales de Banca Cívica) en Madrid. La importancia de este dato no es pequeña. Primero, porque, repitiendo lo que ya hizo UPN con EHN, supone llevar capacidad de decisión fuera de Navarra, perder capacidad de control sobre recursos fundamentalmente navarros. Y segundo, porque la expansión del grupo más allá de los territorios naturales de sus integrantes formará parte del GEC. Esto significa la progresiva dilución del Caja Navarra en el ente Banca Cívica. Hay un factor que contribuiría a acelerar esa dilución. En este momento Caja Navarra es la más grande del grupo. Pero, según algunas previsiones que se barajan, podrían incorporarse en el futuro cajas de mayor tamaño.

En la información facilitada, se dice que las cajas «mantendrán su personalidad jurídica, gestión de obra social, marca y gestión de redes comerciales en sus territorios naturales, manteniendo el arraigo local y compromiso con el desarrollo económico, social e institucional». Esto suena muy bien. Pero, se añade, «las políticas estratégica, financiera, comercial, de créditos y riesgos, internacional y de organización se fijarán desde una nueva sociedad, que actuará como una empresa de servicios financieros plenos». Si la estrategia y los aspectos fundamentales que definen la actividad financiera y bancaria se deciden de forma centralizada, ¿qué queda para cumplir ese compromiso con el territorio de origen? A este respecto, hay un detalle significativo. El acuerdo de integración en Banca Cívica de Caja Burgos contiene un mandato al director general de la entidad para intensificar los contactos con Caja Segovia y Caja de Ávila (y otras en el futuro) «coherentemente con la voluntad permanente de Caja de Burgos de reforzar el sistema financiero regional». Es decir, se trata de ganar peso en el grupo para poder inclinarlo en mayor grado hacia Castilla y León. Todos parten, pues, de que se va a perder contacto con el territorio de origen.

Un último aspecto que se presenta como emblemático y es muy discutible es que se pretende que la nueva entidad tenga como filosofía el concepto de banca cívica tan caro a los actuales dirigentes de Caja Navarra. Ciertamente el concepto ha tenido mucho éxito social y mediático. Pero no es más que una mercantilización abusiva de la obra social que, hay que recordar, constituye una obligación de las cajas. El uso de la obra social como instrumento de marketing lleva a su difuminación, a su distribución con criterios poco claros y a la infrafinanciación generalizada, dejándose además de lado proyectos significativos y relevantes que, por diversas razones, no son susceptibles de obtener apoyos. Es un modelo que tiene poco de cívico y mucho de demagógico o populista.

En suma, el ente Banca Cívica parece ser una fusión solapada, por la puerta de atrás, seguramente porque tanto el Gobierno de Navarra como Caja Navarra saben que es difícil argumentar la conveniencia económica y financiera para Navarra de la fusión y, previsiblemente, la opinión pública no lo entendería. El primer efecto, como ya he comentado, es la pérdida de capacidad de decisión (autonomía, por tanto), de la poca que va quedando ya en Navarra. Pero quizá el verdadero trasfondo esté más en la política que en la economía. Principalmente para evitar la que, a todas luces —salvo a las de Sanz, ferozmente distorsionadas por su antivasquismo fanático y visceral— sería, de ser necesaria alguna fusión, la operación organizativa, económica y financieramente más obvia: la fusión con las cajas vascas. Y, de rebote, se consigue un segundo objetivo político, que es diluir aún mas la personalidad de Navarra en España por la vía crematística, que a la postre suele ser la más segura (algo así pretendía hacer el PSE en la Comunidad Autónoma Vasca, fusionando cada caja con otras de fuera, pero parece haberse echado atrás).

Si el conde de Lerín hubiera sabido que cinco siglos después iba a tener un émulo tan eficaz, se habría ido mucho más satisfecho a la tumba. La sucesión lógica de los acontecimientos, como ya ocurriera hace quinientos años, es que los destinos de Navarra pasen a manos de algún funcionario de la corte castellana. Qué más da llamarla lehendakari, presidenta… o virreina.

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Sobre ciencia, patrañas y el espejismo de la «tradición»

Es obvio que la ciencia, o más bien el método científico, tiene lagunas y falla a la hora de proporcionar explicaciones completas e, incluso, convincentes, de muchos problemas de todo tipo a que se enfrenta el género humano, en parte porque lo que hace es no tanto afirmar como excluir hipótesis; en parte, también, porque está sometido a procedimientos rigurosos de formulación y contrastación de hipótesis. Pero eso no otorga de forma automática validez a otras supuestas formas (hay quien las llama «alternativas», en un intento de colocarlas al mismo nivel) de acceso al conocimiento. Y no se olvide que el método científico está estrechamente ligado en sus orígenes a la Ilustración, la igualdad de las personas y la democracia (obsérvese que todo eso pasa necesariamente por la separación Iglesia-Estado).

Pero siguen existiendo reflejos, tics, que nos llevan a concepciones mágicas, precientíficas, del mundo, mucho más arraigadas de lo que parece. La religión, en tanto que filosofía fosilizada —o quizá abortada— no es ajena a ello por más que, en algunos casos, se aprecie cierto afán modernizador, con las lógicas limitaciones de quien parte de la verdad revelada y, por tanto, del argumento de autoridad como razón última de las cosas.

Por ahora se cumple el cuarto centenario del célebre auto de fe de Logroño que mandó a la hoguera a parte del vecindario de Zugarramurdi. Si había lugar a tales ceremonias era porque brujos, brujas, inquisidores y el común de los mortales creían en la existencia física del diablo, en sus malas artes y en la magia (véase el delirante Malleus maleficarum, responsable de tantas atrocidades y crímenes «legales»). Abundando en ello, es muy recomendable la lectura del capítulo correspondiente de El señor inquisidor y otras vidas por oficio de Caro Baroja o La bruja y el capitán del maestro Sciascia.

Muchas de las cosas que se dicen hoy sobre medicinas alternativas tienen que ver con ese residuo de la visión mágica del mundo, que todo lo arregla con sortilegios en la forma que sea: danzas, brebajes, imposición de manos y hasta supuestas operaciones quirúrgicas sin instrumental y sin cicatrices. Muchas veces, además, se da por bueno lo antiguo por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta que puede consistir en «saberes» que no han pasado por un proceso de contrastación con garantías. El saber tradicional procede la mayoría de las veces por acumulación inconsistente de conocimientos a menudo obtenidos mediante formas groseras de inducción. Da risa oír a estas alturas a algunas personas defender, por ejemplo, el uso médico de las sanguijuelas apelando a esa supuesta «medicina» tradicional tan sabia y con tan sólidos fundamentos (es sabido que la mortalidad era en el siglo XVII, pongamos por caso, infinitamente menor que hoy o la esperanza de vida mucho mayor). Lo mismo cabe decir de la medicina tradicional china; puede que tenga algunas virtudes y proporcione algún conocimiento válido, no lo sé, pero compárese la situación sanitaria y demográfica de China a principios del siglo XX y hoy y sáquense conclusiones.

Eso sí, como signo de la modernidad, van surgiendo versiones sofisticadas de viejas creencias (que no teorías), como el «diseño inteligente», que pretende superar las evidentes limitaciones del mucho más tosco creacionismo envolviéndolo en una jerga supuestamente científica. O recurrir a no sé qué restos de fuerzas gravitatorias de moléculas inexistentes en los compuestos homeopáticos para justificar una eficacia que ni la ciencia ni la razón avalan. La argumentación exótica basada en ignotas propiedades de diseños y materiales en artilugios de toda laya y efectos casi milagrosos entra en esta categoría. Las mismas personas ávidas de milagros que no se cansaban en otro tiempo de ver apariciones del santoral católico, singularmente marianas, hoy son ufólogas que hacen de la existencia de vida en otras partes del Universo cuestión de creencia y de dogma. Y si la Virgen sólo se manifiesta a creyentes, son estos acólitos de la nueva fe los únicos llamados a presenciar las apariciones de las (salvíficas o no, en esto hay división de opiniones) naves espaciales.

Otra característica de muchas de estas patrañas, con la pretensión, seguramente, de dotarlas de verosimilitud y actualidad, es la apelación a informes de organismos científicos. Por ejemplo, hace años se habló mucho de un informe de la NASA sobre la Sábana Santa de Turín que demostraba, decían, la resurrección de Jesús. Tal informe concluía, en realidad, que no hay manera de asegurar que fuese el sudario de Jesús (así se lo atribuye la revista Goddard News —vol. 27, nº 16, 26 de mayo de 1980— de la NASA a uno de los miembros del equipo de investigación: «According to Lynn, there is no way to prove the Shroud of Turin is actually Christ’s burial cloth. The most anyone can do is chase information to improve the possibility that is»). A partir de ahí se han extraído unas consecuencias que no se derivan directamente del estudio, pero que pretenden legitimarse en él y obtener un marchamo científico. Que las marcas de la Síndone fueron causadas por radiaciones debe demostrarse. Que tales radiaciones tuvieron por causa una resurrección debe demostrarse. Que el resucitado es Jesús de Nazaret debe demostrarse. Sin embargo, se eliden todos esos pasos necesarios y se ligan directamente las marcas de la Síndone a la resurrección de Cristo, en lo que es un auténtico salto en el vacío con dosis considerables de manipulación (hay que decir que el propio Juan Pablo II se negó a dar ese salto y relativizó considerablemente en la misma catedral de Turín la validez de la Sábana; y, al parecer, tampoco le hizo gracia que fuera sometida a la prueba del Carbono 14, con los resultados ya conocidos).

En la literatura dedicada a la ufología hay abundantes referencias a informes de servicios secretos o militares sobre naves extraterrestres. Cuando tales informes existen, resultan que hablan de «objetos», «luces» y términos de similar tenor que pueden tener su origen en fenómenos meteorológicos, atmosféricos o artefactos humanos. Pero, una vez más, se da completa credibilidad a la fuente (lo cual es ya de por sí cuestionable) y se hacen cabriolas en el vacío para concluir que son ovnis (y puede que lo sean, pero en su acepción de objetos no identificados, no de naves extraterrestres). Un maestro de la manipulación en este campo (y en algún otro) es Iker Jiménez, cuyos programas resultan fascinantes, no por su contenido, sino por las tretas utilizadas para sacar conclusiones aventuradas que no se desprenden del razonamiento, construir silogismos falaces y, al mismo tiempo, dar imagen de equidistancia y neutralidad.

Hay dos ejemplos de razonamiento falaz sobre el que se construye una historia con pretensiones de verosimilitud que, por cercanía, me llaman la atención. En el Cusco (Perú) se venera un Cristo (de color negro y por la misma causa que es negro san Fermín) llamado Señor de los Temblores. La historia viene a decir que cuando la ciudad fue sacudida en 1650 por un violento terremoto, bastó sacar la imagen para que aquél cesara. También se le atribuye que las réplicas del terremoto no fueran devastadoras. Tanto milagro casa mal con la evidencia de que el de 1650 fue seguramente el peor terremoto que ha sufrido la ciudad del Cusco. Ítem más, un terremoto no dura eternamente. Es de suponer que para cuando alguien piensa en sacar al Cristo, se ponen manos a la obra y finalmente se ejecuta la acción hay tiempo para que se produzcan varios seísmos. Al final lo que se atribuye a la imagen milagrosa ¡es que no hubiera más destrucción de la que hubo! Sorprendente el bajo nivel de exigencia a la divinidad. Dicen las crónicas que el terremoto «duró lo que duran tres credos» y, al parecer, hubo más de 400 réplicas. Cuenta un texto periodístico de 1950 que, cuando en ese año se produjo otro terremoto igualmente devastador, una persona que se hallaba en la plaza de la Catedral espetó al Cristo: «Negrito, ¿por qué nos haces esto?».

En Pamplona, cada Jueves Santo el Ayuntamiento acude en Cuerpo de Ciudad (ay, la aconfesionalidad; ay, por dónde se pasa la Constitución tanto –y tanta— constitucionalista de boquilla pero franquista de corazón) para pasear en procesión un simulacro con la representación de cinco llagas rodeadas por una corona de espinas (ay, la casquería católica). El motivo es cumplir con un voto realizado en 1599 a cuenta de una peste que asolaba la ciudad. El causante fue un fraile que quizá no tenía peste pero andaría febril vaya usted a saber a causa de qué sustancia, bebedizo o ungüento. El caso es que después de una serie de rituales relacionados con las cinco llagas y la corona de espinas, la peste cesó repentinamente. Es comprensible que las gentes de la época, desbordadas por algo que escapaba a su comprensión y capacidad de acción, se refugiara en la religión, la magia o cualquier otro artilugio que le prometiera solución a sus males. Con ocasión de esa misma peste ya el Ayuntamiento había hecho voto, en nombre de la Ciudad, de no comer carne la víspera de san Fermín y san Sebastián (que no se entere Barcina o nos quita el chuletón del 6 de julio), así como levantar una ermita a san Roque y acudir en procesión a ella todos los años. El caso es que la peste, por entonces endémica en Europa, tenía episodios que desaparecían solos (y solían alcanzar su pico hacia la primavera). Al final, la agenda del Ayuntamiento de Pamplona la marcan, en parte, las visiones de un fraile alucinado; alucinante.

El problema no está en lo que se decía o pensaba en el siglo XVII, que era consecuencia de un estado de los conocimientos y de una visión del mundo acorde con aquéllos. Más aún, si hubiera aparecido alguien con antibióticos para la peste, seguramente habría acabado en la hoguera. El problema es que esas anécdotas se fosilizan y se transmiten tal cual, inmunes al paso del tiempo y a la evolución del conocimiento del mundo, hasta convertirse en verdad absoluta.

Por seguir un razonamiento del mismo tenor, me atrevo a proponer un remedio para el resfriado común que, aunque se antoje truculento, es de una gran eficacia. Consiste en amputarse un dedo. En un plazo no superior a siete días el resfriado se pasará. La única pega del remedio es que el margen disponible alcanza a veinte resfriados (evitaré en este punto chistes obvios y hasta zafios).

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Muchos planes y pocas nueces

Una vez más, el Gobierno de Zapatero vuelve por sus fueros y, perseverante en su vicio, anuncia una y otra vez las mismas medidas, como si fueran diferentes, seguramente para generar apariencia de actividad gubernamental cuando, en realidad, no es que no se haga nada, es que ni siquiera hay ideas. O quizá no hay margen, pero entonces habría que sincerarse y reconocerlo.

Hasta la fecha se han puesto en marcha, siempre con ruidosa profusión de anuncios y alharacas tres «planes» para hacer frente a la crisis económica. La medida estrella del primero de ellos, con soniquete de soborno electoral, fue la deducción de los 400 euros. El resto de aquel decreto poco tenía que ver con la situación de la economía. En el segundo destacaba la concesión de avales a PYMES y la previsión de ahorros en gasto corriente del Estado por valor de 250 millones de euros en dos años. El tercero, allá por agosto de 2008, se centró en la habilitación de 10.000 millones en dos años para la concesión de avales para VPO, ampliación de la partida de avales a PYMES, supresión del Impuesto sobre el Patrimonio y una serie de medidas peregrinas, al menos en lo que a su relación con la crisis respecta, pero publicitadas como si contuvieran el secreto de la piedra filosofal: pago de multas de tráfico por Internet, Ley de Creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales o la obligada transposición de la Directiva Bolkestein.

Cabe recordar que la deducción de los 400 euros tuvo un efímero recorrido y que la vicepresidenta Salgado ya ha reconocido que la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio fue un error (¿cómo iban a saber ellos que la crisis iba a adquirir ese cariz? Lo dice y se queda tan a gusto).

La última jugada es la propuesta de un pacto de Estado contra la crisis, para cuya gestación se buscó el palacio de Zurbano. Después de muchas idas, venidas, fotos, acuerdos y desacuerdos, finalmente sólo UPN apoya el pacto como tal. Un somero repaso al último texto disponible (a expensas de lo que finalmente apruebe el Consejo de Ministros) sugiere algunas consideraciones.

Los dos primeros grupos de medidas pretenden facilitar el funcionamiento empresarial, sobre todo de las PYMES, mejorando su acceso al crédito, flexibilizando algunas operaciones o incentivando la salida a mercados exteriores. Destaca la concesión de préstamos directos del ICO: puede ser un buen comienzo para plantearse seriamente la recuperación de la banca pública.

Otro grupo de medidas pretende impulsar la creación de empleo incentivando la rehabilitación de viviendas. Son medidas que cabe considerar sensatas, pero no por razones de estímulo económico, sino de diseño urbano, política de movilidad, reducción del derroche de recursos o sostenibilidad. Su eficacia estimuladora viene condicionada, a mi modo de ver, por dos consideraciones. La primera, que las familias están muy endeudadas y el acceso al crédito sigue restringido. La segunda, que al estallar la crisis una parte del sector se «sumergió», lo que previsiblemente mermará los efectos de una reducción del IVA. En cuanto a la propuesta de incrementar la financiación de VPO para venta, es perseverar en el error y empezar a crear las condiciones para un nuevo desastre.

El apartado de medidas «con el fin de impulsar el desarrollo de las infraestructuras de transporte, el transporte público y la movilidad sostenible» no contiene iniciativas de enjundia (lo que no quiere decir que sean rechazables) salvo una referencia vaga a un «Plan Extraordinario de Infraestructuras Sostenibles» que parece insistir en un enfoque más productivista que de sostenibilidad. Tampoco parece que las medidas de política turística ataquen los problemas estructurales del sector ni que vayan más allá de fomentar la desestacionalización del uso de la infraestructura existente. Y una política más agresiva en la materia (y ambientalmente cuidadosa) no carecería de interés, por ser un sector intensivo en trabajo.

En cuanto al sector público, el objetivo de austeridad y rigor en el gasto es de sentido común. Lo que sorprende es que, de repente, se vean tantas posibilidades de hacer economías a base de controlar mejor. La conclusión obvia es que hasta ahora se estaba derrochando conscientemente. Lo que no se explica, y es preocupante, es el encaje, en ese contexto, de las prestaciones sociales y la dependencia. Como también es de sentido común mejorar la eficiencia energética de los edificios públicos: ¿hay que esperar a que haya crisis para percatarse de ello?

Pero hay una medida que resulta particularmente llamativa, por lo absurdo de los términos en que se plantea, cual es la de «elevar el peso de la industria en el PIB acercándolo a la media europea». Para empezar, el peso de la industria era en 2007 del 17,5% del PIB, frente al 20,4% del área euro, con países como Francia (14,1%) o el Reino Unido (16,7) con porcentajes menores (en Alemania es del 26,4%). Además, hay notables diferencias entre las regiones europeas, dependiendo, entre otras cosas, de su nivel de renta. La pérdida de peso del sector industrial tiene que ver, no tanto con la pura desindustrialización, esto es, reducción del tejido industrial (ya sea por simple desaparición, ya por deslocalización), como con el mayor dinamismo relativo de otras actividades, singularmente las de servicios, y es inherente al carácter dinámico de los procesos económicos. Por tanto, buscar como objetivo de la política económica el aumento del peso del sector industrial, además de complicado de instrumentar, es absurdo en su misma concepción y puede llevar a resultados contraproducentes, como ocurre a menudo con las políticas poco selectivas. Otra cosa es que se busque el fomento de determinadas actividades industriales (alguna referencia hay en el documento) pero en ese caso estamos en otra situación y el resultado final puede implicar, o no, un aumento del peso del sector industrial.

En definitiva, nos encontramos con un conjunto de medidas en general bienintencionadas y, salvo algunas excepciones ya comentadas, sensatas y dignas de consideración e incluso de puesta en práctica. Pero no constituyen un plan para hacer frente a la crisis económica. En este aspecto estamos donde estábamos: un gobierno inoperante tratando de vender humo, como si la crisis se resolviera a golpe de ruedas de prensa. Pero los problemas estructurales que explican la amplitud y profundidad de la crisis siguen incólumes porque nadie los ha atacado.

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El tránsito de EHN a Iberdrola: de la economía productiva a la especulativa

En octubre de 2004 se cerró un acuerdo en virtud del cual Acciona adquiría el 50% del capital de Energía Hidroeléctrica de Navarra (EHN) a Sodena (39,58%) y Caja Navarra (10,42%). De esta manera Acciona se convertía en propietario único de EHN, puesto que en 2003 ya había adquirido el otro 50% a Cementos Portland (21%), Sodena y Caja Navarra (17%), así como la autocartera generada tras la retirada de Iberdrola (12%). Acciona es un conglomerado diversificado que, en el momento de su entrada en EHN contaba con una potencia instalada en energía eólica de 138 megavatios, frente a los 573 megavatios de EHN.

La operación suscitó considerable polémica, por la justificación aducida y por el uso dado a los 307 millones de euros en plusvalías obtenidos por el Gobierno de Navarra, invertidos en Iberdrola en unas condiciones más que discutibles. De acuerdo con el informe de la Cámara de Comptos, la entrada en Iberdrola supuso en total 264 millones de euros, ya que a los 173 millones que costaron las acciones hay que sumar los casi 91 de la operación de aseguramiento que se suscribió con Caja Navarra. Curiosamente, en marzo de 2007 Sodena decidió no suscribir un nuevo seguro, «dada la situación del mercado así como de los valores correspondientes a Iberdrola»: profético. A 26 de marzo de 2010, esas acciones valían 227 millones de euros. Curiosamente también, Caja Navarra está omnipresente en todas estas operaciones, pero nunca arriesgando nada: en la relación entre el Gobierno y la Banca Cívica muchas veces es difícil saber quién está al servicio de quién.

Entre las razones para justificar la venta, se adujo que el mapa eólico de Navarra estaba completo o que el plan estratégico de EHN preveía unas inversiones de 2.000 millones de euros que el sector público navarro no podía asumir. Y, sobre ellas, la fundamental, la más esclarecedora: era, en palabras de Sanz, «positiva para los intereses generales de los navarros». Dejando aparte esta última, por vacía e inconsistente, las otras dos tampoco tienen demasiada enjundia y parecen más bien dictadas por la necesidad de decir algo: la primera porque EHN estaba ya experimentando una expansión que, en la medida en que podía permitir la adquisición de una dimensión adecuada para enfrentarse a las necesidades financieras que impone mantenerse tecnológicamente en puestos de cabeza, ha de ser considerada saludable; la segunda, porque el mencionado plan fue elaborado estando ya Acciona en EHN y, seguramente, atendiendo a sus intereses corporativos. Últimamente, para añadir el insulto a la injuria, se vuelve a oír hablar de ampliar o reabrir el mapa eólico.

No es raro que una empresa llegue a un punto en su existencia en el que se enfrente a la disyuntiva de dar el salto más allá de su mercado de origen (muchas veces regional o local) o desaparecer en el torbellino de la competencia internacional. Es, pues, una cuestión de pura supervivencia, que puede asegurarse, de tener éxito, por dos vías: el crecimiento a partir de los propios recursos o la integración en una empresa o grupo más grande, a menudo multinacional. El grupo cooperativo de Mondragón (con 4.000 empleos en Navarra) es un ejemplo de lo primero; la fuerte presencia de multinacionales en Navarra refleja, en parte, lo segundo. Que se opte por una u otra vía depende tanto de la idiosincrasia empresarial como del contexto, es decir, del sesgo de la política industrial y tecnológica (cuando existe).

Tradicionalmente las políticas de fomento han consistido en Navarra en la atracción de inversiones foráneas. Ello ha dado buenos resultados y ha permitido un crecimiento sostenido, con sus efectos ya conocidos sobre la renta y el empleo. A cambio, los centros de decisión están fuera, lo que se ve agravado por el hecho de que la mayoría de las plantas instaladas en Navarra forma parte de grupos multinacionales de diversa, pero siempre elevada, complejidad organizativa. Las decisiones, por tanto, se toman teniendo en cuenta el interés global del grupo, que no va a coincidir necesariamente con el de plantas individuales y, si hay algún sesgo, suele favorecer al lugar donde se ubica la sede social, normalmente su lugar de origen, donde también tienden a localizarse los centros y actividades de I+D. Habida cuenta de que una de las grandes debilidades de Navarra es la carencia de iniciativas empresariales, puede terminar, como consecuencia de este proceso, reducida a un área puramente manufacturera, con el riesgo consiguiente —esta vez sí— de deslocalización, porque los factores que han explicado el atractivo de Navarra para la inversión ni son permanentes ni son exclusivos.

La manera de sortear estos inconvenientes es suscitar actividad a partir del propio potencial y en actividades tecnológicamente avanzadas, ya procedan las iniciativas del sector privado, del público o de la cooperación de ambos. EHN reunía las condiciones para ello. Por un lado, podía haber sido el núcleo de un grupo industrial potente con centro en Navarra (toma de decisiones, I+D); por otro, constituir el motor del desarrollo tecnológico en un campo tan sensible y con tantas posibilidades de futuro como el de las energías alternativas. A pesar del compromiso de Acciona de mantener la sede social de EHN en Navarra, las decisiones de mayor trascendencia ya no se toman aquí y, en cualquier caso, se está al albur de la conveniencia de una empresa cuyo grado de compromiso puede variar por circunstancias que quedan fuera del control del Gobierno de Navarra. Cuando tantos gobiernos desearían tener una herramienta como EHN para incidir en el desarrollo económico y tecnológico, en Navarra se desperdició con razones, las oficiales, de escaso fuste, y mostrando, una vez más, la considerable —y sospechosa— miopía que parece afectar irremisiblemente a la derecha gobernante navarra cuando se trata de tomar decisiones en las que hay beneficios que asignar. La misma diligencia —y opacidad— con que el sector público foral se desembarazó de EHN se puso luego, por ejemplo, en la «nacionalización» del circuito de Los Arcos. No creo exagerado afirmar que la venta de EHN es el mayor error de política industrial que se ha cometido en Navarra en muchos años. Que además se hayan amparado pelotazos y se decidiera invertir, por razones oscuras (las oficiales no son creíbles) y quizá inconfesables, en Iberdrola, muestra claramente el tránsito desde el uso productivo de los recursos públicos al meramente especulativo y la visión caciquil y cortijera que de Navarra tiene UPN.

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El dilema de Neoptólemo con Filoctetes y Nafarroa Bai

Ocurre a menudo que el razonamiento lógico y abstracto a que nos ha habituado la modernidad resulta incompleto o defectuoso a la hora de analizar cuestiones de calado social. Frente a ello, el lenguaje del arte, y singularmente el de la tragedia clásica, permite a veces tratar dichas cuestiones con mucha mayor lucidez. Y entre las tragedias, hay una particularmente oportuna para diseccionar el momento político actual de Navarra y el de Nafarroa Bai. Se trata de Filoctetes de Sófocles. Filoctetes es un guerrero abandonado por sus conmilitones, por mano de Ulises, en la isla de Lemnos, tras haber sido mordido por una serpiente, debido al hedor de la herida y a los alaridos del herido.

Pero Filoctetes es propietario del arco de Hércules (Heracles), que resulta esencial para ganar la interminable guerra de Troya. Así que Ulises vuelve a Lemnos, acompañado del joven Neoptólemo, hijo de Aquiles, con el fin de arrebatarle el arco, algo que no puede lograrse por la fuerza, sino mediante la persuasión. Aquí es donde se plantea el dilema ético que recorre toda la obra. Ulises acude a Lemnos dispuesto a utilizar cualquier ardid para engañar a Filoctetes. De lo que se trata, explica Ulises a Neoptólemo, es de ganar: «ya que dulce cosa es alcanzar la victoria, atrévete a ello; que en adelante ya procuraremos ser sinceros». Puesto que no sería conveniente que Filoctetes viera a Ulises, éste utiliza a Neoptólemo, le manipula, para conseguir sus fines. Neoptólemo se pliega inicialmente a los designios de Ulises, pero, cuando ya ha conseguido con engaños el arco de Hércules, se arrepiente, cuenta la verdad a Filoctetes y trata de persuadirlo honestamente de la necesidad, no ya de que ceda el arma, sino de que acuda él mismo a Troya.

Ulises representa aquí al político consumado, maquinador y manipulador, que no se para en barras ante la razón de Estado. El primer Neoptólemo cede, aun bajo el ropaje del altruismo y los grandes principios —enunciados como la lección que un niño aprende de carretilla pero no entiende: «prefiero, rey, fracasar obrando rectamente que vencer con malas artes»— a las pretensiones de Ulises. El segundo Neoptólemo (a lo largo de la obra evoluciona y madura), se rebela y antepone los principios, ya bien entendidos y asumidos, al puro pragmatismo (sólo así se tomará finalmente Troya).

Ulises manipula y utiliza a los demás como medios para obtener un fin, la ética sucumbe al pragmatismo: su interrogante es ¿qué funcionará?, no ¿qué es correcto? Esa forma de razonar caracteriza precisamente el regionalismo en el poder (el feroz pragmatismo de la derecha se ve agudizado por el hecho no banal de ser, a su vez, el instrumento del poder económico). La praxis del sedicente socialismo navarro estaría a medio camino entre ese pragmatismo y la ingenuidad del primer Neoptólemo, que depone inmediatamente un idealismo de boquilla (aunque sea a título de mera pantalla) ante la exhibición de la razón de Estado (en el mejor de los casos) o de la descarnada conveniencia crematística.

Llegamos así, de la mano de Sófocles, a Nafarroa Bai. El incesante goteo de noticias, comentarios y declaraciones invitan a reflexionar sobre lo que se pretende y cómo se pretende alcanzarlo, pero también sobre lo hecho hasta el presente y, concretamente, el balance de la presente legislatura foral. La situación actual es resultado, seguramente, de una forma de funcionar que, a tenor de la información que se transmite, estaba viciada de origen y ha impedido la elaboración de un discurso ideológico solvente y consistente, lo que dificulta la articulación de una comunidad estable, por ser aquél condición necesaria (aunque no suficiente) de ésta. Dice J.B. White, en su excelente ensayo sobre Filoctetes, que «así como nuestros deseos, nuestro sentido de nosotros mismos, son percibidos como algo que funciona como conjunto, así también confluimos, momentánea o duraderamente, construyendo un mundo común definido por un acervo común de roles y actividades inteligibles; o, en la medida en que nos sentimos contrarios, nos dividimos en unidades o grupos separados, quizá hostiles. Una comunidad puede ser momentánea, asentada en una suerte de trasfondo común (o incluso de engaño) que rápidamente se pierde o es refutado; o puede ser estable y duradera».

Nafarroa Bai se encuentra en este momento en la encrucijada, entre el interrogante práctico y el ético, entre el continente y el contenido. Se impone una reflexión en profundidad, sin apriorismos, a calzón quitado, sobre el modelo que se quiere adoptar. Una posibilidad es replicar lo ya existente en el panorama político navarro (el régimen de UPSN), optando por el mensaje sin contenido y el puro pragmatismo de la explotación de la ley electoral y de la (inane) supervivencia política. A Ulises sólo le preocupa cómo puede conseguir el arco y por eso desemboca de forma natural en un razonamiento en términos de lo probable o lo improbable, lo posible o lo imposible. Neoptólemo, tras el tropiezo inicial, pasa a considerar a Filoctetes (alegoría, en nuestra interpretación, de la sociedad navarra) no como un medio sino como un fin en sí mismo, lo que posibilita un diálogo constructivo y mutuamente enriquecedor. Los integrantes de Nafarroa Bai, por las peculiares condiciones del nacimiento de la coalición y las circunstancias de su corta existencia, están obligados a ser innovadores también en este campo, romper con los esquemas caducos del oportunismo político y de la mera recolección de votos y conectar con esa base social que tan fiel le está siendo (pero que, no se olvide, no otorga cheques en blanco), también mediante la configuración de un proyecto político con contenido. Lo que llevó a la coalición a su actual posición privilegiada es la voluntad de cambio de buena parte de la sociedad navarra y su conexión con los sectores más jóvenes del electorado y con sensibilidades más plurales, complejas y enraizadas en el tejido social que la tradicional lucha de clases. Se trata de un conglomerado poco estructurado al modo convencional, pero que se sitúa fundamentalmente en el ámbito de la izquierda.

¿Es posible, con la experiencia acumulada y los mimbres actuales, dar adecuada respuesta al desafío? Esa parece ser la madre del cordero en la actual coyuntura. ¿Hay tejido y elementos suficientes para generar un proyecto (entiéndase, no una colección de ambigüedades difícilmente trasladables al día a día y que explican en parte la dificultad de tomar decisiones en los últimos tiempos)? Si lo hay, adelante. Si no lo hay ¿es éticamente admisible continuar con el proyecto a cualquier precio aunque no haya nada que ofrecer? ¿no significaría eso traicionar los mismos fundamentos de la coalición? «Todo produce repugnancia cuando uno abandona su propia naturaleza y hace lo que no es propio de él», dice Neoptólemo ¿No sería preferible, así las cosas, buscar otra manera de articular un proyecto alternativo, con contenido y que constituya realmente la opción para el cambio político en Navarra? Cualquier proyecto viable, tenga finalmente la forma que tenga, debe pasar, eso sí, por la que yo diría que es la gran asignatura pendiente de Nafarroa Bai, la construcción de una comunidad con significados compartidos y elaborados de forma cooperativa.

Todos los caminos están abiertos. Nafarroa Bai suscribió un contrato con la ciudadanía y, sólo podrá ser fiel a él actuando con rigor ético. Parafraseando a White, Nafarroa Bai ha tenido un éxito persuasivo. Se trata de no dilapidarlo y arrojarlo por los albañales del fracaso ético. Tampoco hay que perder de vista que Nafarroa Bai es una tarea colectiva y que, por tanto, para alcanzar los propios fines, los de cada integrante, es necesaria la cooperación de otros, por lo que no queda más remedio, si se quiere tener éxito, que reconocer su libertad y su autonomía, lo que implica, como dice White, «dejar espacio para que el ejercicio de esa libertad y esa autonomía se desenvuelva en términos que uno no desea». Así las cosas, lo de menos es si se mantendrá o no una denominación o la foto fija de su constitución.

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Crisis, reformas previstas y reformas escamoteadas

La crisis económica suele asociarse con calificativos que, por manidos, terminan por perder su significado original para convertirse en una coartada, mera excusa de cuanto ocurre. Así, se dice, con razón, que la crisis es global. Pero a estas alturas parece una coletilla dirigida a eludir responsabilidades o disimular la propia inacción o incapacidad. Las causas concretas de la crisis son bien conocidas: las de la internacional y la propia, que aunque se solapen y aquélla alimente ésta, no son plenamente coincidentes. Es igualmente cierto que en el origen de la crisis no sólo hay variables incontrolables y elementos fortuitos, sino políticas discrecionales y decisiones deliberadas. El corto plazo y la ganancia fácil han constituido durante demasiado tiempo guía de la toma de decisiones, por encima de lo que dictaba la razón y una noción elemental del buen gobierno.

También se repite que la crisis es estructural y, nuevamente, con razón. El modelo de crecimiento (habrá quien lo llame desarrollo) es socialmente injusto, financieramente salvaje, ambientalmente insostenible y depredador, por lo que se enfrenta a límites físicos, recurrentes catástrofes financieras y dilapidación de capital humano. A todo ello se añade, en el caso español, una burbuja inmobiliaria y una elefantiasis del sector de la construcción que hacía que el entramado que ha sostenido la apariencia de prosperidad de la última fase expansiva fuera particularmente débil y enfermizo, a pesar de las bravatas sobre la economía de champions league y otras aún más ridículas.

Y así llegamos a la situación actual, con una economía postrada y gravemente enferma; el desempleo desbocado y sin expectativas de reducción a medio plazo; un sistema fiscal debilitado por el fraude y sucesivas reformas (¿recuerdan aquello de que bajar impuestos es de izquierdas?) y no sólo por la crisis; un déficit público, en fin, que habrá que financiar y que, en parte, se debe a las ayudas concedidas a un sistema financiero al que le ha faltado tiempo para aplicar su lógica implacable y agravar, por un puñado de euros en comisiones, los males de la economía (que es lo mismo que decir los males de todos, en beneficio de unos pocos).

Frente a todo ello, ¿qué se está haciendo? Bien poco, apenas unas medidas de parcheo y nada de esas reformas estructurales que se debían haber emprendido cuando las cosas iban bien pero que ahora son aún más urgentes. La prioridad del momento parece ser recuperar indicadores positivos, que no equivale estrictamente a volver a la situación de partida, porque algunos pelos habrán quedado en la gatera. Hoy por hoy, las únicas propuestas de calado que hay sobre la mesa son la reforma laboral y la del sistema de pensiones. El asunto tiene mucha más enjundia de la que parece. Primero porque, en un hábil retruécano, se reduce el problema económico del país a un problema eminentemente social, cuya solución pasaría por empeorar la situación de colectivos estructuralmente débiles. Y segundo, porque revela con aterradora claridad el gran fracaso de la socialdemocracia. El estallido de la crisis encuentra a la izquierda sin un discurso ideológico propio, en gran medida porque (por diversas razones que sería largo examinar) el discurso progresista ha estado monopolizado por una socialdemocracia cuyo objeto no ha sido cambiar el sistema, sino meramente gestionarlo. Se acepta, seguramente con buena intención, la lógica del sistema, liberal en sus fundamentos, intentando minimizar o corregir los efectos socialmente más duros. Pero esa es una estrategia siempre perdedora, como muestra la historia reciente. Es cierto que en el caso español lo más parecido a un Estado de bienestar, famélico y endeble por lo demás, fue obra de los primeros tiempos del socialismo en el poder. Pero desde entonces todo ha sido recortar. Y lo que es más importante, las crisis se saldan, no tanto con recortes del gasto, que también, sino de derechos sociales.

Los gobiernos socialdemócratas son así rehenes de la lógica perversa del mercado: o mercado o catástrofe, ignorando deliberadamente que cuando se deja al mercado solo el resultado más probable es la catástrofe. Se entiende que a la derecha económica le guste tanto ese discurso. Es el suyo, el de la propiedad, el de los rendimientos del capital, el de la voracidad del beneficio irrestricto; pero también porque, en presencia de dificultades, no suele haber coincidencia entre quienes ocasionan los desaguisados y quienes pagan los platos rotos (y entonces no se hacen ascos a la intervención pública). No hay que ir muy lejos para comprobarlo. El simple hecho de que para el Banco de España, el Gobierno y los agentes financieros, la solución a los problemas económicos de España dependan del mercado de trabajo y las pensiones es buena muestra de ello. Que el razonamiento sea pueril no significa que sea inocuo. Aceptar la lógica liberal del mercado significa aceptar que la salida a la crisis debe pasar por eliminar trabas al libre funcionamiento de los mercados, es decir, menos impuestos al capital y a los beneficios y flexibilización de todos los mercados, incluido el de trabajo (que es considerado, en ese esquema de razonamiento, una mercancía más). No deja de ser un juego en el que unos pocos son seguros ganadores y al resto se les vende la esperanza (humo al fin) de que no se sabe bien por qué singular mecanismo (la celebrada mano invisible) también les llegará algo. Venía a decir Stiglitz no hace mucho que a lo mejor el problema de la mano invisible es que no existe: a ver si la economía va a estar edificada sobre una metáfora tan simplona como el cuento de los Reyes Magos y nadie termina de enterarse que son los padres. Ciertamente, se intenta salvar los muebles con algunas medidas sociales paliativas que mantienen la apariencia de Estado de bienestar. Pero incluso cabe albergar serias dudas de que esas medidas sean sostenibles a largo plazo, dado el debilitamiento fiscal del sector público: el marasmo de la recaudación del Estado en 2009 es buena prueba de ello.

Otro aspecto no menor del problema es que se pretende que las medidas propuestas son las únicas posibles, lo que exigiría su aceptación resignada por los agentes sociales y justificaría un gran pacto de Estado para respaldarlas. El propio Jefe del Estado interviene en ese mismo sentido: curioso concepto el suyo de verbos como arbitrar o moderar. Se escamotea así cualquier debate en profundidad sobre modelos económicos y de sociedad, porque se niega la mayor, esto es, la posibilidad de otro modelo: cualquier cambio ha de hacerse, necesariamente, dentro del marco del sistema actual. Al mismo tiempo, el esbozo, todavía de trazo grueso, que se va adivinando, no invita al optimismo: un Estado débil e incapacitado para responder a los cambios de coyuntura; un mercado de trabajo convertido en una jungla; una inserción en la división internacional del trabajo muy desfavorable, por estar basada en actividades de escaso valor añadido o de mera fabricación y en la competencia en costes; el empecinamiento en un crecimiento imposible y absurdo porque no puede asegurar simultáneamente recursos y demanda. El esquema que se pretende reproducir incesantemente sólo funciona si son unos pocos los que crecen, pero la situación es ya otra y entre 1980 y 2005 la mano de obra se ha cuadruplicado en el mundo.

De las decisiones que se tomen ahora puede depender que las generaciones futuras lleguen a tener una vida digna o se enfrenten a una expectativa laboral de veinte o veinticinco años de explotación intensiva y se vean condenados después a sobrevivir precariamente en espera de una jubilación sin contenido. ¿Catastrofismo, pesimismo? Ojalá. Pero algo así se vislumbra ya y no sólo entre personas sin cualificación. La propia clase media, que hasta ahora se creía al margen de estos riesgos, debería pararse a reflexionar antes de aplaudir con el entusiasmo habitual y sancionar con los votos cualquier reducción de impuestos. Pensando en sus hijos seguramente no le iría mal un paseo por la izquierda.

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Navarra y su Universidad: ¿para quién gobierna UPN?

Que a UPN no le gusta la Universidad Pública de Navarra (UPNA) es un hecho ampliamente demostrado por la tozudez empírica de una actuación gubernamental que pasó primero por intentar hacer de ella un aborto alicorto, luego por ignorarla, como si fuera un absceso en el trasero de la culta y civilizada derecha navarra; y, finalmente, por pretender estrangularla financieramente, mermando poco a poco sus posibilidades de supervivencia. Este proceso se ha vuelto más descarnado con la llegada de Alberto Catalán a la consejería del ramo. Seguramente en ningún momento de la historia reciente de la Navarra cispirenaica hemos contemplado una gestión tan sectaria de la educación: a lo ocurrido con la UPNA hay que añadir la degradación de toda la enseñanza pública o el tratamiento al euskera, con la excusa de una crisis que, sin embargo, no ha estorbado el incremento de partidas presupuestarias muy sesgadas económica o ideológicamente.

Asistimos en los últimos meses a un acoso contumaz y sistemático, quizá buscando el derribo de una institución de calidad acreditada y demostrable (más allá de rankings mercenarios y tópicos al uso) en su doble vertiente docente e investigadora. A la asfixia económica (a duras penas ha conseguido la Universidad mantener su presupuesto del año pasado que, recordemos, ya sufrió una merma del 15% respecto a 2008), hay que añadir las mil triquiñuelas de todo tipo, incluyendo maliciosas insinuaciones ante la opinión pública. Así ocurrió con la aprobación del capítulo de gastos de personal, con la excusa de carencias de información y deslizando de forma apenas velada la idea de que se derrocha dinero con las nóminas. Las explicaciones dadas, tanto por el lehendakari Sanz como por el consejero, fueron confusas y contradictorias, para concluir que todo estaba bien (¿hay alguna institución en Navarra más controlada?) y dejando la sensación de que se trataba únicamente de incordiar y hacer daño a la institución.

En los intentos posteriores de justificar el proceder gubernamental se deslizan, entre obviedades y palabras huecas, algunos comentarios significativos. Así, el 14 de enero, el secretario general de UPN, García Adanero, manifestó que el «objetivo prioritario de UPN es que la aplicación de los fondos que se destinan a financiar a la Universidad Pública de Navarra sea la más adecuada posible». Nada que objetar, con la reserva de lo que entiendan por «adecuado». En un ejercicio de cinismo habitual en UPN en cuanto se refiere a la UPNA y que incluye manipulación de datos, cuando no mentiras descaradas, añadía que «una vez más vuelve a constatarse el respaldo y el apoyo del Gobierno de Navarra y de UPN a la financiación y desarrollo de la UPNA». La perla viene ahora: señaló García Adanero que «poner de manifiesto la necesidad de mejorar la gestión de la universidad no es en ningún caso una posición partidista, ni significa ir en contra de la UPNA, sino que lo que se pretende es que el empleo de los fondos públicos sea el mejor posible, adecuando los recursos a los objetivos pretendidos». Obras son amores. Puesto que conocemos sus preferencias en cuanto a los recursos, quizá podamos elucubrar sobre los objetivos que sean congruentes con aquéllas. Porque, ¿qué objetivos pueden ser compatibles con la reducción de tales recursos? Desde luego, tener una enseñanza superior pública de calidad o alcanzar esa supuesta modernización y cambio de modelo económico de los que tanto se habla, no.

Pero la derecha política navarra tiene un sesgo aldeano y casposo que aflora inevitablemente e impregna todo lo que emprende, sea cual sea el grado de sutileza (que ya es suponer) con que hubiera sido diseñado. Y así ha sido una vez más. Todo empezó como una insidiosa campaña para sembrar dudas y extender sospechas en torno a la UPNA. Se empieza apelando a la búsqueda de financiación externa; se repite hasta la saciedad que es la universidad mejor financiada; se deja entrever que se hace trampa con los presupuestos y que se remunera indebidamente a los profesores (las remuneraciones del personal son transparentes: ¿hay alguna manera de saber lo que perciben a cuenta de sus cargos Barcina o Sanz, por ejemplo? Tras mirar con lupa los gastos de personal, ¿no se les cayó la cara de vergüenza ante tanto mileurismo investigador frente al flagrante y endémico tresmileurismo digital de sus chiringuitos?). Pero, diríase una maldición, todo fue derivando hacia un sainete de la peor estofa, con la participación estelar del zarzuelero Sergio Sayas, inasequible al desaliento y al ridículo (parece empeñado en hacernos olvidar por elevación su actuación de la noche electoral).

Así llegamos a los supuestos informes policiales sobre vandalismo en la UPNA. Parecería, por lo que dicen, que el campus lo es, pero de entrenamiento de terroristas. Después de muchos dimes y diretes, idas y venidas, ratificaciones y aseveraciones, pero también de desmentidos sonrojantes de la Delegación del Gobierno y cuerpos y sindicatos policiales, resulta que los supuestos informes no son más que partes de incidencias rellenados por vigilantes de seguridad, en los que se da buena cuenta de fumaderos ilícitos en los lavabos, pintadas con tiza, colocación de carteles y hasta pequeños fuegos provocados por paseantes descuidados, junto a algunos actos, excepcionales, que, ciertamente, caben en la acepción de vandálicos y que, por lo mismo, son inadmisibles. Gallardamente fieles a la estrategia de sostenella e no enmendalla (qué esperar de quienes convierten la tozudez y la garrulería en rasgos idiosincrásicos a fomentar y de los que alardear y enorgullecerse), la calidad de la argumentación se va degradando y se pasa del argumento de autoridad que proporcionaría un informe policial al «con informe o sin él, todos sabemos lo que pasa en la UPNA». Pues bien, no lo sabe buena parte del personal que asiste con estupor a la polémica. No lo saben, al parecer, muchos estudiantes, cuando el propio Grupo Universitario reconoce que el ambiente es muy bueno y que la excepción está, precisamente, en unos incidentes que se quieren presentar como habituales. No lo sabe la misma Policía (ni siquiera la de Santamaría). Pero lo saben Sayas, Sanz o Barcina. Esperemos que no se empeñen en que la Policía Foral envíe un informe a la Audiencia Nacional o terminará procesada la Comunidad Universitaria en pleno (salvo, al decir de Barcina, las gentes de bien, esto es, las personas dispuestas a avalar sus astracanadas: el resto, como ya se sabe, son maleantes).

A UPN, decía, nunca le ha gustado la UPNA. En general, todo lo público le produce sarpullidos y parece concebir el presupuesto únicamente como un instrumento para alimentar la red clientelar que, con la complicidad y anuencia del PSN, le permite mantenerse en el poder. Pero la actual campaña va demasiado lejos para lo que la inteligencia política puede admitir. Mucho más lejos, desde luego, que un mero favor al maltrecho PSN (por otra parte de fácil conformar) para que pueda mejorar su imagen manipulando groseramente cuanto afecta a la UPNA. Por un lado, se da un toque de atención a la propia universidad para refrenar sus veleidades de servicio a la sociedad (¿aumentar el número de titulaciones? ¿y por qué no reducirlas?). Por otro, se envía un mensaje nada sutil a la sociedad: la UPNA es un nido de vándalos donde los vástagos de la «gente de bien» corren serio riesgo.

Tras la polémica vergonzosamente zanjada sobre los estudios de Medicina, con fundadas sospechas sobre quién va a gestionar el (público) centro de investigación biomédica (lo que implica dejar un campo tan sensible para el futuro de Navarra al albur de las obsesiones dogmáticas de algunos), en un contexto de cambio del mapa y la estructura de las titulaciones universitarias, a la vista del momento del año elegido (prematriculas, matrículas y otras zarandajas), quizá habría que preguntarse, como en las más simplonas novelas policíacas, a quién beneficia todo esto. O, si se quiere, ¿para quién gobierna UPN? Quizá el autor del desaguisado sea el mayordomo, pero no deja de ser un fiel servidor. Dios, que buen vassalo si ouiesse buen sennor!

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